Ante el debate de totalidad

Para el próximo martes y miércoles está convocado en el Congreso el debate de totalidad de los Presupuestos del Estado 2011,  tras lo cual se iniciará el proceso de enmiendas y discusiones.  No se esperan sorpresas que alteren el alcance y entorno al que nos referimos en el post anterior, aunque si nuevas palabras gruesas por parte de todos, sin que siquiera se vislumbre en alguno de los lados la posibilidad de cambiar el modelo de crecimiento para pasarlo como antes se decía desde el cemento al conocimiento, objetivo ahora más ilusorio en la medida en que bajan los gastos en capital humano y social, desde los de I+D y educación e incluso sanidad hasta los de infraestructuras capaces de aumentar la productividad y con ella la competitividad necesaria para exportar más y dejar de necesitar mayores entradas de capital.

Las fuerzas políticas de uno y otro lado han preferido las palabras y cifras gruesas en propaganda y ligeras de transcendencia, en lugar de un debate sosegado y de sus contenidos y orientaciones, empezando por el presidente Zapatero, que definió estos Presupuestos como los "más decisivos para la economía española desde hace 15 o 20 años", al resaltar que "en un momento de crisis seria, que obliga a la austeridad", las cuentas públicas dedican un 58% del gasto a capítulos sociales, "el mayor volumen de todos los presupuestos de la historia de este país".

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También en el PP los valoran con tonos mitineros, diciendo que sube la deuda, sube el paro, suben los impuestos y bajan las políticas sociales y la inversión, mientras recortan en más de un 40% las inversiones en infraestructuras, lo que significa según Rajoy "un portazo a la recuperación económica y a la competitividad de la economía española".

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Renuncias y esperanzas blancas

Por tanto, todo parece indicar que ni vamos a tener ese debate profundo acerca de la utilización de las administraciones públicas como instrumento para salir de la crisis, ni se va a avanzar por ninguna de las partes hacia el nuevo modelo de crecimiento y desarrollo que necesita la economía española. Ni siquiera se registra conciencia de que su crisis es mayor que la de otros países, ni de que con ella se ha agotado el  modelo seguido por España como a  finales de los años setenta y los años veinte,  ni mucho menos de que para salir de la misma debe replantearse la triple descentralización iniciada por el Estado en la última transición (hacia las comunidades autónomas, la Unión Europea y los agentes internacionales de la globalización).  Al hilo de algunas de sus carencias y de la lamentable actualidad de la llamada generación ‘ni ni’, CiU ha dicho que son unos Presupuestos “ni ni”, porque "ni son sociales, ni son productivos, ni cumplen con el ‘Estatut’ de Catalunya".

Realmente, carecen de envergadura como Presupuestos capaces de diseñar un futuro, pues vienen predefinidos por la pinza entre el descontrol del ingreso y el gasto público (más creciente o menguante que la coyuntura internacional de turno) y el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2011-2013 y su correspondiente  límite al gasto no financiero del Estado para 2011, así como al inexcusable compromiso europeo de terminar el año próximo con un déficit del 6,0% para el conjunto de las administraciones públicas, un 4,4% el 2012 y otro 3% el año 2013.

Con estas restricciones, sería al menos aleccionador discutir seriamente las causas de que España siga abocada a amplificar los ciclos internacionales y a sufrir más que el resto del mundo en los adversos, pues un diagnóstico compartido facilitaría las respuestas. Todo parece indicar también que ese examen tampoco quieren las mayorías que toque ahora. PP, CIU, UPD y los tres grupos de oposición desde la izquierda han anunciado que defenderán enmiendas a la totalidad,  frente a los cuales  PNV,  Coalición Canaria y UPN se han reservado  pactos con el Gobierno y grupo socialista que garantizan su aprobación.  Pero PP, CiU, UPD y el resto de los enmendantes se limitan a coincidir por lo que han dicho en que el Ejecutivo renuncia a  salir de las crisis e incurre en injustos recortes sociales, hechos como dicen ERC, IU-ICV y el BNG «al dictado» de los mercados. Ninguno escarba más allá de reiterar sus conocidas posiciones o intentar que se congelen las pensiones contributivas, sin cuestionar por ejemplo que los beneficios fiscales (ingresos que deja de percibir el Estado por decisiones presupuestadas) asciendan a 40.362 millones de euros.

Frente a ello, los mensajes de la política fiscal pasan inadvertidos. Dicen que, tras una política fiscal contracíclica, resulta ineludible un decidido proceso de consolidación que ya se reforzó con las medidas de recorte de mayo de 2010, evaluadas en 11.450 millones. Todo ello para cumplir el objetivo del 6% de déficit en el  2011 desde el 9,3% de este año y el 11,4 del anterior, lo que garantizaría el acceso a la  recuperación económica, hasta el 3% en 2013. Y añaden que, para volver a crecer y reducir el desempleo,  es necesario mejorar la competitividad y equilibrar el modelo de crecimiento mediante reformas estructurales que generarían confianza para cubrir una necesidad de financiación exterior decreciente que recupere la confianza de los agentes económicos nacionales y extranjeros.

Sin embargo, al margen de reducir el gasto total y elevar la tribulación a las rentas altas en el IRPF sin afectar a los 112.215 millones de euros para pensiones, un 3,6% más que en 2010, los Presupuestos del 2011 incrementan el 1% las pensiones mínimas y congelan las retribuciones de los empleados públicos, reduciendo el gasto no financiero el 7,9% . Pero la única reforma estructural anunciada con ellos es la laboral previamente iniciada, tras la que se anuncia a medio plazo la de las pensiones.

De la reforma laboral, la gran esperanza blanca es que no sólo tenga un impacto directo en el mercado de trabajo elevando así la actividad económica, sino que reduzca significativamente la temporalidad y aumente la estabilidad del empleo, de manera que los hogares modifiquen sus pautas de consumo y ahorro, pues los que disfrutan de contratos indefinidos acumulan menos ahorro. La sorpresa llega cuando a todo ello la memoria de los Presupuestos le atribuye un impacto agregado sobre el PIB potencial de entre un 3% y un 4%, tras elevar el empleo entre el 2% y el 3%. Según esas cuentas de la lechera,  la productividad del trabajo aumentaría en buena medida y, con ella, los salarios que perciben los trabajadores. Por su parte, la tasa de paro estructural disminuiría entre 2 y 3 puntos porcentuales, lo cual, junto con la reabsorción del componente cíclico del desempleo a medida que la actividad recupere su nivel potencial, permitiría que la tasa de paro observada converja al nivel de los países de nuestro entorno.

El modelo de simulación aplicado sugiere, además, que la reforma va a tener un importante impacto cualitativo en otras dos facetas. En primer lugar, reforzaría el sistema de incentivos, ya que, gracias a la mejora de la flexibilidad interna y la reducción de la temporalidad, aumentaría la relación existente entre los salarios (recompensa) y la productividad (esfuerzo). En segundo lugar, el mecanismo de ajuste del mercado laboral a lo largo del ciclo económico sería más eficaz y menos costoso socialmente, ya que los salarios responderán en mayor medida cuando el nivel de actividad cambie temporalmente, con lo que el empleo (y, por ende, el desempleo) ganará en estabilidad.

Tales cuentas son algo mas claras pero no menos increíbles que las incluidas en la misma memoria para la reciente subida del IVA, de la que ya sabemos que ha tenido un impacto negativo en la actividad económica del segundo semestre del año y por tanto en el empleo, aunque el Gobierno despacha la valoración de su impacto de esta guisa:

“Un primer aspecto a tener en cuenta es que estos (los nuevos tipos, dos puntos mas caros) afectan, aproximadamente, al 90% de la cesta de la compra de los hogares. Pese a ello, la incidencia en los precios finales dependerá de la capacidad de las empresas de repercutir, mediante una subida de precios, los aumentos impositivos a los consumidores, sin que ello suponga una merma significativa de sus ventas. Esta capacidad de traslación dependerá, a su vez, de la respuesta o sensibilidad de la demanda de cada producto a los cambios en los precios finales. Así, como regla general, cuanto menos se reduzca la demanda del producto cuando aumente el precio mayor será la traslación; este es el caso de la mayoría de los productos energéticos. En cambio, cuanto más se reduzca la demanda del producto en cuestión cuando suben sus precios finales, menor será la traslación; esto ocurre con algunos bienes duraderos”.

Crecimiento del PIB y sesgo fiscal español

¿Serán Presupuestos de “recuperación, estabilidad y confianza”, como los define el Gobierno tras calificarlos de “austeros y sociales”? Todo dependerá de si servirán algo para favorecer el crecimiento económico.  Pero de momento su previsión de crecimiento del 1,3% para el 2011 ya no es respetada siquiera por las organizaciones intergubernamentales, lo que en el caso del FMI se traduce en no esperar la estabilización de la deuda publica hasta el 2015 y en aconsejar medidas adicionales lo antes posible para reducir la probabilidad de desviaciones.

“Entre las principales economías avanzadas cuyas deudas son elevadas o crecen rápidamente, España y Estados Unidos”, dice textualmente el FMI, “no lograrían estabilizar sus deudas para 2015. Una razón fundamental por la cual las proyecciones indican una cifra superior es que el crecimiento del PIB real previsto por las autoridades es sensiblemente mayor que el que muestran las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial”.

Esto se debe a que el FMI estima una mayor reducción del producto potencial con respecto a la tendencia del producto antes de la crisis, debido a que los fuertes shocks financieros e inmobiliarios continúan repercutiendo durante cierto tiempo. Pero también a que la política fiscal de España y de otros países generará un importante efecto contractivo en la actividad, incluso en mayor medida que los nada menos que 14 Presupuestos de moderada consolidación fiscal registrados en España desde 1983 a 1998, el país desarrollado que más ha recurrido a esas políticas y que además ha tenido otros 4 Presupuestos de ajuste mayor al  1,5% del PIB, como en el caso del presente año y del 2011: los años 1986 y 1987 y 1994 y 1996, casi todos ellos durante mandato socialista, pese a la frecuente propaganda del PP para intentar capitalizar los logros fiscales de cualquier etapa expansiva.

Esos 25 años recientes con tan mayoritario sesgo contractivo de los Presupuestos del Estado habrán tratado de contener la avalancha de gasto público que se registró en los 10 años previos de transición política y crisis económica, durante los cuales  casi se duplicó el hasta entonces exiguo tamaño  de la intervención económica. Pero en cualquier caso han tenido también efectos muy negativos para el empleo, a la luz de las estimaciones típicas en el sentido de que una contracción fiscal equivalente al 1% del PIB  reduce el PIB del país en medio punto después de dos años y su efecto en el paro es de un aumento de 0,3 puntos durante dos años. “Los resultados son estadísticamente significativos a niveles convencionales. En general, la idea de que la austeridad fiscal estimula la actividad económica en el corto plazo encuentra poco apoyo en los datos”.

No obstante, el propio Fondo añade que los planes de un ajuste fiscal a mediano plazo deben ser reforzados considerablemente para lograr ahorros permanentes ante la perspectiva de un incremento del gasto vinculado con el envejecimiento de la población.

Se refriere en concreto a la necesidad de reformar el gasto en prestaciones como medida para “ganar mucho en credibilidad a un costo menor en términos de crecimiento a corto plazo; también harían innecesaria la adopción de reformas más doloras en el futuro. Algunas economías ya han avanzado con medidas en esa dirección (por ejemplo, Francia e Italia), pero se podría avanzar más. Los temas fundamentales serán el aumento de la edad jubilación, para reflejar la mayor expectativa de vida; un gasto más eficiente en atención de la salud, y una reforma financiera de la Seguridad Social que reduzca las distorsiones de la oferta laboral”.

Talón de Aquiles financiero

Si admite lo pernicioso de las contracciones fiscales y a continuación pide acentuarlas es por el temor a que generen distorsiones en la financiación de la deuda pública y también en sus presiones sobre la financiación privada, sobre todo a la vista de que el gran problema de las economías más avanzadas se centra en las incertidumbres derivadas de un sistema financiero que no acaba de estabilizarse tras desestabilizar las finanzas públicas.

José Viñals, uno de los primeros directivos del FMI, ha reconocido estos días que el sistema financiero "sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación", si bien resaltó la mejora registrada el ultimo año. Asimismo, reclamó una "urgente continuación de los compromisos, en países como Alemania y España, para reducir su exceso de capacidad y reforzarlo". Estas palabras coincidieron con el mensaje del FMI de que los mercados de deuda siguen aún en una posición de debilidad en las economías avanzadas, por la combinación del riesgo de un bajo crecimiento, con altos déficit y posibles reacciones del sistema financiero.  De ahí que la Unión Europea se proponga extender otro año más, hasta 2012, las ayudas públicas a los bancos, ya que a pesar de los resultados de las pruebas de esfuerzo, algunas entidades, "como las cajas de ahorro en España", podrían pedir nuevas recapitalizaciones.

A este respecto, el FMI indica en sus informes de la pasada semana que algunas economías (por ejemplo, España e Irlanda) han logrado mayores avances que otras (por ejemplo, Alemania) al abordar el problema de los bancos de escasa solidez. Pero el informe sobre Estabilidad Global publicado ante la reunión anual del FMI y del Banco Mundial señala que un escenario adverso en materia de financiamiento podría tener impacto significativo en el sistema bancario europeo, por lo que para hacer frente al aluvión de vencimientos de la deuda bancaria que se avecina quizá sea necesario prorrogar algunas medidas globales de respaldo financiero, aunque no a costa de posponer una imprescindible reestructuración.

Menos mal que, al menos en ese ámbito institucional, España no está deficientemente dotada, ni en términos de sanidad de sus entidades bancarias (como confirmaron las pruebas de estrés), ni en términos de deuda de las empresas sobre activos bancarios (en torno al 100%, casi la mitad que Portugal, Irlanda o Grecia), ni siquiera en términos de intensidad financiera respecto al PIB.

En efecto, sumando bonos, acciones y activos bancarios, su total respecto al PIB es de 5,6 veces, frente a 5,5 de promedio europeo, 4,3 EEUU y 4,7 Japón. Queda a mucha distancia de las 14 veces de Irlanda o Luxemburgo y las 8,3 veces Reino Unido. Claro que, en el otro extremo, apenas se registra una intensidad financiera de 2,4 veces en Asia y poco mas de 1 en las economías emergentes de África y Europa. Pero los desafíos lanzados desde el FMI para influir en las políticas fiscales y avanzar en la reforma del sistema financiero son similares para todos: seguir su lucha contra el déficit publico para bajar la deuda pese a los citados efectos contractivos, sanear el sistema bancario y quitar cicatrices en el mismo mediante la reforma del sistema mundial, además de reducir sus desequilibrios sin incurrir en la guerra de divisas ni el proteccionismo.

En conclusión, España tendrá otro año para tomar más de la misma medicina: el ajuste. Y ello pese a que en términos de impacto de la deuda publica, sus ratios tampoco son preocupantes. Un escenario de bajo crecimiento significaría que en lugar del 63.5% actual sobre el PIB,  o del 82.8% si hay recuperación, en el año 2015 cumularía una deuda publica del 96.3%. Incluso en ese caso, todavía tendría por delante casi un tercio de la treintena de países desarrollados. Pero los mercados son los mercados...Y en su derrotero llegan hasta extremos como juzgar positivo que el intento de huelga general del 29-O haya mostrado al mundo que España está comprometida con la austeridad presupuestaria.