Ajuste también en la competitividad

España aporta menos del 2% a la producción y al comercio mundial, mientras absorbe el 8% de todo el ahorro neto disponible en el mundo. Ambos datos ilustran los problemas de competividad y confianza de los que tanto se habla sin rigor ni cuantificación, tarea global abordada el pasado fin de semana por los ministros de Economía del G-20. Esperemos que en España al menos lo haga la Comisión de 17 grandes empresarios lanzada el lunes a bombo y platillo desde la sede de Telefónica en Madrid, aunque extrañamente.

Un primer motivo de extrañeza radica en la presentación de lo que pretende ser factoría de ideas para promover la competitividad y la imagen de España en el exterior. Ha recibido en muchos medios 20 ó 30 veces mayor atención (espacio) que los datos de la balanza comercial del 2010, indicador por excelencia de su objetivo declarado. Paradójicamente, el dato fue conocido, como estaba previsto en el calendario estadístico, poco antes de iniciarse la sesión y no fue esgrimido en la misma, aunque resultó poco positivo: las exportaciones españolas crecieron menos que las compras del exterior, por lo que el correspondiente empleo se creó fuera y el déficit creció otro 4,2% pese a que la actividad económica siguió oficialmente estancada en los peores niveles de la recesión (-0,1%).

Otras notas de forma

Mayor extrañeza causa todavía que una entidad que declara aspirar a coordinar para sus fines la inteligencia alimentada por los mejores servicios de estudios privados del país incurra y provoque errores conceptuales que merecerían el suspenso en primero de económicas.  Me refiero a lo de decir que representan al 35% del PIB español, como coincidieron en atribuirle la mayoría de los medios, empezando por el titular en primera página del diario económico de mayor difusión, Expansión. Aunque la suma de las ventas de todas las empresas del IBEX se aproxime a dicha magnitud anual, el producir hay que entenderlo en ese contexto como generar valor añadido. Esto implica que a los output hay que restarle los input o compras. La producción real de las 35 empresas  cotizadas españolas no alcanzó siquiera el 10%, pues se aproxima más al concepto de beneficios, que en términos netos apenas representan el 5% del PIB.

Sin embargo, esas sumas son de todas las empresas del IBEX 35, cuyas cotizaciones y capitalizaciones resultan relativamente grandes en el contexto europeo, al igual que otros indicadores del resto de los juegos que no forman parte destacada del capitalismo de casino. Pero en el Consejo que preside por primer turno el de la mayor corporación cotizada, César Alierta, sólo hay 17 empresarios, número equivalente a la mitad menos 1 de los presidentes del IBEX. Y algunos de ellos ni siquiera tienen empresas en el IBEX, casos de Isidoro Álvarez (El Corte Inglés, empresa que por cierto apenas compite en los mercados exteriores), Leopoldo Rodés (Havas-Mediaplaning), Isak Andic (Mango), quienes han llevado a juicio a Habitat, Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló),y otros. Los tres últimos son catalanes, como el Instituto de Empresa Familiar, única institución representativa que forma parte del Consejo, y Fernando Casado, director general de este y presidente por varios meses de Catalunnya Caixa, exponente del resultado del dominio de la política en el sector financiero. En cambio, faltan, además de dos grandes empresas catalanas como Abertis y Gas Natural, más de una veintena de grandes empresas cotizadas en España, entre ellas ENDESA, que sería ridículo excluir en razón de que Borja Prado responda a control italiano, pues casi todas las empresas del IBEX han seguido las últimas dos décadas una política de diversificación geográfica y exterior que ha llevado a recibir de otros países más de la mitad de sus ingresos y más de un tercio de su capital, aunque ello no siempre se haya notado en las cotizaciones, como sucedió en el 2010.

Todo ello abunda en que tras el Consejo hay en sus inicios fundamentalmente una operación de lobby catalán, de empresarios que adquieren mediante el mismo una relevancia que no les da el Mercado ni parece que les satisfagan otras representaciones empresariales como la de CEOE, en cuya presidencia acaba de sentarse el también catalán Juan Rossell, el Instituto de Estudios Económicos o el Círculo de Empresarios. Pero las dos empresas textiles presentes en el Consejo ofrecen una lección del alcance de tales operaciones en torno al Estado. Territorio que llegó a ver manifestaciones de obreros promovidas por empresarios en defensa del arancel proteccionista, Cataluña ha estado dos siglos mirando a las administraciones públicas para intentar sin éxito hacerse un hueco destacado en el sector mundial, hasta el punto de arrastrar al conjunto de España entre 1874 y 1959 en la pendiente de subdesarrollo que va desde el proteccionismo de la Restauración al fin de la autarquía de Franco, para al final dejarse ganar la mano por una empresa nacida al otro lado de España, Galicia. La Inditex de Amancio Ortega, presidida in pectore por Pablo Isla, va a superar este año los 10.000 millones de euros de facturación, ha alcanzado en dos décadas el liderazgo mundial y ha sido la más revalorizada del propio IBEX durante el 2010 sin apelar mas que a los mercados, y sus ventas y beneficios casi multiplican por ocho a las de Mango creada hace también apenas tres décadas por  Nahman e  Isak Andic, emprendedores de origen turco que empezaron llevando prendas a Cataluña.

Otra extrañeza derivada del carácter lobbysta del nuevo Consejo, naturaleza tan legítima como escasamente compatible con la transparencia requerida por algunos de sus objetivos declarados, es que parece haber surgido más para defender a sus miembros ante el Estado español que ante el resto del mundo, ámbito donde las empresas españolas deben ser competitivas y generar confianza. La impresión es confirmada por las primeras declaraciones del presidente Alierta y de su director general, procedente de residencia de Cataluña Caixa, quienes urgieron “cambios, medidas y reformas” que se deben adoptar “de forma decidida”, si bien respaldaron el camino de reformas económicas emprendido por el Gobierno de Zapatero y anunciaron que defenderán a sus grandes compañías de la penalización que tienen en los mercados internacionales por el hecho de ser españolas, con el reflejo último de la desconfianza que genera la deuda.

Otras empresas miembro –casos por ejemplo de Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola, ACS, Repsol— son ya también líderes internacionales, aunque sus presidentes quieren sumar esfuerzos en el objetivo de ofrecer su experiencia para rescatar la agenda del crecimiento y “rescatar la marca España”, que dijeron “sigue teniendo un elevado potencial” que “no encaja con el grado de desconfianza que genera en el exterior”. Por ello, apuntaron que el Consejo Empresarial para la Competitividad quiere “garantizar la credibilidad internacional de España”. Preocupación comprensible porque forman parte de la nueva institución algunas de las empresas del IBEX más expuestas a los mercados de capitales, a las que pronto se sumarán los nuevos bancos derivados de las cajas de ahorro en extinción, el primero de los cuales (liderado por La Caixa) será también catalán y se convertirá en el mayor de su insignia.

Nace el citado Consejo a la voz de competitividad lanzada en España hace tres meses por la reunión de 39 grandes empresarios con el presidente Rodríguez Zapatero, y en toda la UE por la Alemania de Ángela Merkel, dispuesta a condicionar en el próximo Consejo cualquier operación de rescate de países miembros a los esfuerzos en esa materia. También los indicadores que definieron el pasado fin de semana en París los ministros de Economía de los países miembros del G-20 expresan al fin y al cabo la necesidad de coordinar las políticas con el fin de que cada país contribuya a la estabilidad monetaria y comercial siguiendo unas estadísticas representativas en última instancia de la competitividad y generadoras de confianza para evitar nuevas crisis y retomar la senda del crecimiento fuerte, equilibrado y sostenible.

Todos estos hitos sintonizan las agendas de España, Europa y el G-20 como principal foro de gobierno global. También coinciden temporalmente en el primer día de esta semana con las revoluciones en el mundo árabe para denotar que el estado de los ajustes duros acometidos la pasada primavera en España sigue y seguirá siendo insuficiente, pues la nueva carestía del petróleo que se deriva de esos últimos acontecimientos nos encuentra nuevamente con una de las mayores dependencias y vulnerabilidades del mundo. El viento del cambio se llevó la promesa de que tras el recorte de los salarios de los funcionarios no habría mas, ante lo que expusimos la opinión de que estábamos en una pendiente de ajustes sin fin , enseguida reiterada; después de aquellos han venido en los últimos meses  la reforma laboral, el tajo cercano a un 20% en las futuras pensiones, la reconversión de la mitad del sistema financiero español con la consiguiente nacionalización de pérdidas, la nueva oleada de privatizaciones de empresas o actividades con beneficios, como las loterías o la gestión y control de los aeropuertos. Todas estas reformas estructurales se hacen también en aras de recuperar la confianza y la financiación de España, aunque vuelven a generar la duda de si por su demora resultarán suficientes, duda que el citado Consejo parece haber venido a responder siempre con un "no todavía".  Pero dejemos el fondo y evolución de la competitividad  española para otra ocasión.