Los sindicatos pisan el freno

0
La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, bromea con el responsable de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (izquierda), y con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el pasado 12 de abril. / Juan M. Espinosa (Efe)

El candoroso y arrollador impulso que arrebata desde hace algún tiempo al Gobierno en cuanto alguien pronuncia la palabra ‘reforma’ –die reform, en alemán,- ha tropezado -es imposible pronosticar durante cuantos días- con la patria realidad. Así que la insaciable necesidad que tienen los mercados de contemplar nuestras genuflexas demostraciones de sometimiento democrático –“agáchate, y vuélvete a agachar”- tendrá que esperar esta vez. Como dirían los analistas: “los puntos básicos con el bono alemán de referencia podrían estallarnos en la jeta en cualquier momento y nosotros aquí prolongando los tiempos y alimentando incertidumbres. ¡Qué barbaridad!”.

El caso es que el Gobierno se ha empeñado en acelerar los acuerdos de las reformas sociales que le quedan pendientes –negociación colectiva y economía sumergida- y parece que, de momento, no va a poder ser. De las otras reformas, de las financieras, ya se encarga el gobernador del Banco de España, así que para qué preocuparse por ellas.  Respecto a la negociación colectiva, los representantes de patronal y sindicatos han seguido manteniendo contactos y han vuelto a constatar que hay voluntad de entendimiento, pero que el acuerdo es cada vez más laborioso porque asuntos como el papel de las mutuas en el control de las bajas o la necesidad de poner en marcha un plan contra el absentismo laboral abren de forma inesperada el campo de juego. Un acuerdo de esta naturaleza tendría mayor calado, pero requiere de tiempo, porque la entrada de nuevos temas en la negociación podría servir, incluso, para desbloquear los hasta ahora encallados (ultractividad de los convenios, mediación, arbitraje). Algunos de los que se sientan todas las semanas en la mesa de negociación sitúan el horizonte de un posible acuerdo bien a finales de abril, bien a principios de mayo, fechas que no son del agrado del Gobierno, pero que son asumibles si, al final, se consigue la foto de la paz social.

Publicidad

El otro asunto, el Plan de afloramiento y control del empleo sumergido, que así se llama el borrador que el Gobierno ha remitido a los agentes sociales, tampoco va a ser cosa de coser y cantar. El Ejecutivo, que ha dejado caer estos días que el documento estaba prácticamente consensuado, convocó el lunes a patronal y sindicatos a una reunión para pulsar el grado de certidumbre de sus deseos y para, si fuera el caso, darle curso en el próximo Consejo de Ministros; pero parece que tampoco va a poder ser. El Gobierno, que ha venido haciendo bandera de esta propuesta en las últimas semanas, mostró abiertamente sus intenciones con el Plan General de Control Tributario de 2011, una de cuyas prioridades es la economía sumergida que afecta tanto a los empresarios que contratan irregularmente como a los trabajadores que perciben algún tipo de subsidio y que realizan trabajos por cuenta ajena incompatibles con una prestación.

No estamos hablando de un asunto menor. Según el último informe de Funcas -la Fundación de las Cajas de Ahorro-, publicado el pasado tres de marzo, la economía sumergida representa el 17% del PIB y afecta a cuatro millones de empleos no registrados. A cualquiera se le ocurre que con una previsión de desempleo que no descarta los cinco millones de parados en el turbio horizonte, demostrar que las cosas no son exactamente así y, de paso, hacer aflorar un buen puñado de empleos con medidas de pseudo amnistía para los que colaboren y sanciones duras para los que no lo hagan, no le vendría nada mal al sucesor/sucesora de Zapatero desde el punto de vista de la estadística de campaña. El problema es que el borrador remitido por el Gobierno no pasa de las lineas generales. “El endurecimiento de las sanciones”, dice el texto, “ha de ser suficientemente disuasorio y debe proyectarse sobre el principal sujeto responsable de la omisión de la declaración “. Y se habla también de un “plazo de regularización” en el que se incluirá la exención de sanciones administrativas a quienes voluntariamente se acojan a dicha regularización”. En el texto se subraya en negrita que se "endurecerán significativamente las sanciones por dichas infracciones”.

Los agentes sociales estiman que este es un asunto lo suficientemente relevante como para tomárselo en serio y consideran que no sería responsable ventilarlo en una reunión de lunes por la tarde a dos días de las vacaciones de Semana Santa. Y así se lo han hecho saber al Gobierno, que no lo incluirá en el índice de temas del próximo Consejo de Ministros y que se ha comprometido a remitirles un texto más detallado y preciso en los próximos días. Parece que, de momento,  el cielo puede esperar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.