Zapatero y el mar

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El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ayer, acompañado por los secretarios generales de UGT y CCOO en la presentación del nuevo director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, a su derecha. / Julio Palomar (mtim.es)

Zapatero, esta vez, tendrá que sumergirse solo en el mar -y hasta el agua profunda- si quiere escuchar la canción que canta, en el fondo oscuro, la caracola. Y tendrá que sumergirse solo porque las cinco sirenitas que le han acompañado otras veces le dijeron ayer que ya no van, que no bajan, que no están, que se han ido. Y el presidente, que atesora la fe del converso, se tapará la nariz y se tirará al agua el viernes, -según adelantó ayer su ministro de Trabajo, Valeriano Gómez,- cuando el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido (Borrador), el acta de defunción del diálogo social para lo que resta de legislatura.

El último párrafo  de las Observaciones que CCOO y UGT hicieron públicas ayer respecto a la propuesta del Gobierno es la síntesis demoledora de un documento de dieciséis folios en el que se recogen expresiones como “no se trata de un proceso de negociación”, “no parece muy coherente”, “resulta inaceptable”, “resulta absolutamente errónea”… “En resumen”, concluyen los sindicatos sobre el plan contra la economía sumergida, “no resulta adecuado ni en tiempo, ni en forma, ni en contenido la puesta en marcha de este plan, que ni va a aflorar el grueso de este empleo, ni va a mejorar la protección de los trabajadores, ni va a aumentar los ingresos públicos, ni va a eliminar la competencia desleal entre empresas. Se trata de una medida más de carácter voluntarista que realista para luchar contra el trabajo no declarado y responde únicamente, de nuevo, a cubrir el expediente de las exigencias europeas derivadas de la Cumbre de Primavera, incluidas en las conclusiones del Pacto del Euro Plus, de marzo de 2011, que entre las medidas de impulso al empleo incluía las reformas para la reducción del trabajo no declarado”.

Los sindicatos rechazan el plan por precipitado, por desequilibrado, por injusto con colectivos como el de los inmigrantes o las trabajadoras del servicio doméstico y, además, por fatuo. El gobierno lo mantiene porque forma parte de su agenda de compromisos (¿Merkel? ¿Mercados?) y porque, como ha dicho el presidente del Gobierno –que en un ejercicio de humildad se ha ido a 'solicitar' inversiones a los dirigentes del Partido Comunista Chino-, "cuando se pide dinero hay que hacer reformas". Al final, lo de inmolarse por el partido no va a ser una frase hecha, sino un recado para la Historia.

El Plan supone un proceso de amnistía para aquellos empresarios que hayan utilizado a empleados en condiciones ilegales. El Capítulo I establece un plazo durante el cual los infractores podrán, voluntariamente, regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados de manera irregular. “Estas situaciones no serán objeto de sanciones administrativas por el incumplimiento de las obligaciones en relación con la declaración y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores afectados”. Además, estos contratadores podrán saldar su ‘deuda’ con los trabajadores y la Administración formalizando cualquier tipo de contrato, incluido uno temporal de seis meses. Y para que no falte de nada, los empleadores tendrán facilidades de pago para saldar sus desencuentros con la ley.

En el otro lado de la balanza se encuentran los trabajadores irregulares que, en el caso de que su contratador decida formalizar su situación,  verán reconocidos sus derechos (cotizaciones, prestaciones, permiso de trabajo en caso de inmigrantes irregulares) en un máximo de seis meses, independientemente de que la ilegalidad se haya podido prolongar en el tiempo durante años.

La propuesta del Gobierno no satisface a nadie, tampoco a los autónomos. Según un comunicado de ATA, el proyecto olvida que el principal problema no afecta a empresas legales que contratan irregularmente, sino a las empresas ilegales. “Las medidas propuestas obvian que el grueso del empleo sumergido está asociado a las actividades de empresas irregulares, especialmente en los sectores de construcción y afines, y en el transporte, que no sólo no cotizan –ni como empresarios ni por sus trabajadores a la Seguridad Social-, sino que tampoco tributan a Hacienda”.

La ruptura del diálogo social se escenifica a solo unos días del 1 de mayo, que este año coincide con el Día de la Madre. Y da la impresión de que, esta vez, Alfonsina no vuelve.

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