España invierte el ciclo electoral y no el económico

El debate que no hubo antes del 22-M sobre la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos va a iniciarse necesaria y paradójicamente ahora. Cuando de lo que teóricamente toca ahora es hablar del futuro del Estado, aparecen sobrados motivos para que la discusión sobre gastos, ingresos y déficit de las administraciones territoriales dure toda la larga e informal campaña que acaba de empezar para las elecciones generales. Motivos de los que se desprende que España ha invertido el ciclo electoral y no el económico. Justo lo contrario de lo que debería hacer una política económica que cumpla su función de atenuar tanto los auges como las recesiones.

Al margen de que hoy martes está previsto conocer los datos de ejecución presupuestaria del primer trimestre, el mas dilatado y perentorio es que los nuevos gobiernos autonómicos y corporaciones locales tendrán que constituirse y discutir las prioridades y agenda de su nuevo periodo. Pero el más importante será que resultará un mes crucial en el calendario, por otras razones ajenas. No solo por la incidencia de Grecia, Irlanda y Portugal en las condiciones de los mercados, sino por los compromisos de reformas del gobierno español ante el próximo Consejo Europeo.

Además de concretarse las de la negociación colectiva y la de las cajas u otras, lo fundamental es que deberá repartirse el necesario ajuste del gasto publico eludido por todos durante el pasado debate electoral.  Y ello porque las comunidades autónomas y ayuntamientos reciben el 80% de todos los recursos de la administración central, lo que las convierte en las mas descentralizadas de Europa y entre las primeras del mundo, al realizar solo las comunidades autónomas más del 60% del consumo público (por tener transferidas principalmente las competencias en sanidad y educación) y el 36% de la inversión pública total.

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Por si fuera poco, el 11 de junio vence el plazo para que todos los organismos estatales envíen al Gobierno sus previsiones de ingresos y gastos para el periodo 2012-2014, que han de ser coherentes con el plan de revisión del gasto aprobado por el Gobierno 20 de mayo de 2010 (cuando empezó el giro reformista de Zapatero castigado en las urnas) y, sobre todo, con la reciente actualización del Programa de estabilidad 2010-2014.

Este programa, aprobado a finales de abril según los mandatos de Bruselas, exige reducir el déficit al 3% en el año 2013. Como las administraciones y organismos centrales prevén el tope del 3,2% para 2012 y del 2,1% para el 2013, el mayor esfuerzo deberá recaer en los próximos dos años en las autonomías y ayuntamientos, no solo porque como se ha dicho consumen el 80% de todo el gasto publico determinante de esos déficit de la Administración Central (5% del PIB el año pasado), sino principalmente porque además de recibir esos recursos las administraciones periféricas incurren en un déficit adicional del 4% del PIB el año pasado (3,4% las comunidades autónomas y 0,6% los ayuntamientos). En consecuencia, las administraciones territoriales fueron responsables de casi el 4% del déficit central (80% del citado 5%) y de otro 4% por el propio. En euros eso alcanzó a 85.079 millones (cerca del 80% de los 52.798 avanzados por la Administración central, otros 35.997 de las comunidades autónomas y 6.844 de los ayuntamientos.

En suma, de causar esos 85.000 millones de déficit el año pasado deben pasar a menos de 30.000 millones en el 2013 (ajuste muy superior al anunciado hace un año), cuando por el contrario desde medios allegados al PP filtraron a la prensa internacional unos días antes de las elecciones que existe además un déficit oculto en las administraciones territoriales que algunos con menos conocimientos técnicos que vergüenza estiman cercano a los 50.000 millones, entre otras razones porque ignoran las diferencias entre términos de caja (ingresos y pagos efectivos) y de contabilidad nacional (obligaciones y derechos reconocidos).

Precisamente en 2011 la conversión del saldo de caja a contabilidad nacional en las relaciones entre administración central y periféricas supondrá un notable ajuste de la primera, con reflejo opuesto en las otras. La causa es que la liquidación de los anticipos a cuenta, que entrega el Estado con dos años de antelación a las administraciones territoriales, por su participación en la recaudación estatal de los impuestos, resultó ser negativa en 2010 y resultará también negativa en 2011, y las administraciones territoriales devolverán la diferencia en cinco años.

Por ello y por la buena evolución reciente de ingresos , las últimas proyecciones presupuestarias oficiales en los términos requeridos por Bruselas (procedimiento de déficit excesivo) bajan para el presente año el déficit central a meno de la mitad (desde el citado 5% al 2,3%), mientras que elevan el de las administraciones territoriales (del 4% al 4,1%). Pero el esfuerzo de reducción para el año próximo, cuando el déficit total deberá bajar del 6% al 4,4%), deberá centrarse en las administraciones territoriales  (del 4,1% al 1,6%, correspondiendo a las comunidades bajar del 3,3 al 1,3% y a los ayuntamientos del 0,8% al 0,3% también del PIB). Y al año siguiente la administración central tendrá que bajar  del 3,2 al 2,1%, mientras las administraciones territoriales del 1,6% al 1,3%

Ese calendario hará elevar la deuda y las necesidades de financiarla en el exterior con unos mercados en estado de alerta especial por la muy probable renegociación (es decir, impago, aunque no sea efectivo si lo puede ser por aplazamiento, como sucedió con el plan Brady en Iberoamérica). El programa de Estabilidad 2011-2014 reconoce que el año pasado España tuvo una necesidad de financiación del resto del mundo equivalente al 3,9% de su PIB (menos de la mitad que antes de la crisis), pese a que el sector privado la contrarrestó con una capacidad financiera neta de 57.300 millones; es decir,  que el sector público necesitó 98.300 millones, equivalentes al 9,2% del PIB, cifra desde la que como se ha dicho ha de pasar al 3% en el 2013 para cumplir con Bruselas.

Esa necesidad de mayor ajuste fiscal durante el 2012, así como  su elevada concentración en las administraciones territoriales o de proximidad (además de la educación y la sanidad asignan muy mayoritariamente los recursos para servicios sociales, atendiendo así a 3 de los 4 pilares del Estado de Bienestar),  desanimará la deseada recuperación de la demanda interna, aunque las perspectivas macroeconómicas del Gobierno prevén que tanto el consumo final como la inversión de las administraciones publicas se reducirá el año próximo un -1,3%  en volumen frente a los respectivos -0,7% y -7,6% del presente año. Y ello cuando, de confirmarse las estimaciones del Gobierno, España habría alcanzado su mínimo cíclico durante el año 2010, entrando posteriormente en una senda de crecimiento moderado, que le permitirá ir cerrando paulatinamente su brecha de producción y empleo respecto a las potenciales, gap que actualmente baten record entre los países desarrollados).

En cualquier caso, el ciclo político, del que en teoría han de surgir las políticas para atenuar en este momento los efectos de la recesión de los tres últimos años, abre ahora una etapa de mayores incertidumbres. Frente a ellas y frente a la emergencia del PP de Rajoy, algunos de los medios más seguidos por los mercados globalizados (caso del Financial Times o de The Economist) han mostrado sus preferencias por las reformas anunciadas en el ultimo año por Zapatero. Pero las cifras antes indicadas señalan que el devenir del gasto y por consiguiente del déficit público dependerá más de lo que hagan los gobiernos territoriales ahora muy mayoritariamente en manos del PP.

Es sabido, aunque olvidado, que el ciclo económico tiende a premiar al gobierno de turno en los auges y a castigarle en las recesiones, sin distinguir colores políticos. Por si quedara alguna duda del peso de la crisis actual en los resultados electorales de las autonómicas y municipales españolas, ahí está el previo castigo en el Reino Unido a los colores del gobierno liberal-conservador, así como la derrota del pasado domingo a las fuerzas de Berlusconi en dos de las principales regiones italianas. También hemos repetido en anteriores ocasiones que esta crisis será mas larga y profunda que las precedentes, por lo que antes de cuatro años no se habrán recuperado los niveles medios de bienestar previos. A los beneficiarios del nuevo ciclo político también les puede afectar la demora en la recuperación económica, razón mas que suficiente para que en el cálculo electoral valoren mejor los efectos positivos de la confianza en un mundo tan interrelacionado como el que vivimos.