Las instituciones son más fuertes que los partidos

No conviene enterrar antes de tiempo a la democracia representativa con división de poderes. Ni hoy ni hace treinta años, cuando Alfonso Guerra dijo eso tan gracioso de “Montesquieu ha muerto”. Es verdad que los partidos políticos son una oligarquía de hierro que extiende sus garras sobre todas las estructuras del Estado como un botín particular a repartir en proporción al voto obtenido. Pero las instituciones democráticas, le pese a quien le pese y por mucho que grite en la calle y coaccione a los representantes que ha elegido nuestra voluntad libre, van a salir adelante por su propio ímpetu interno. La democracia pertenece mayoritariamente, si fuera necesario contar y exhibir las correspondientes cuotas de participación, a los electores no organizados. Los ciudadanos, sin alaridos innecesarios y con nuestro apoyo activo y ordenado, podemos conseguir, si nos lo proponemos, que la democracia sea, no de hierro podrido, como hoy, sino de acero inoxidable. Debemos aliarnos con los miembros sanos de un cuerpo institucional muy enfermo. Merece la pena –por lo que nos jugamos todos en el envite- darle un empujón a quien todavía puede levantarse y caminar erguido. Es el caso, incluso, del denostado Tribunal Constitucional. Hoy más que nunca conviene difundir algunas noticias que no salen en los periódicos de mayor tirada, no tanto por ignorancia sino porque tienen demasiados intereses y compromisos, cada uno, con “su” miembro favorito de la partitocracia nacional. Como la siguiente información, una noticia, por lo demás, verdaderamente insólita.

En septiembre de 2007 el diputado del PSOE Francisco Garrido Peña solicitó al Presidente de la Cámara Baja que se dirigiera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que informara sobre el impacto ambiental producido por la presa de Alcalá del Río y Cantillana, en la provincia de Sevilla. A dicha solicitud acompañó el señor Garrido Peña copia del fax enviado previamente al Grupo Parlamentario Socialista comunicándole su iniciativa. En el mes de octubre siguiente la Mesa del Congreso de los Diputados acordó no dar trámite a dicha petición por no ir acompañada de la firma del portavoz del propio Grupo del diputado del PSOE. El artículo 7 del Reglamento del Congreso exige para los actos de control sobre el poder ejecutivo (en este caso el Gobierno central y un órgano administrativo de él dependiente, la citada Confederación Hidrográfica) el previo conocimiento del Grupo parlamentario al que pertenece el representante de la soberanía popular que ejerce dicho control, pero no la firma de su portavoz. Es decir, la inadmisión de la Mesa convirtió, mediante la exigencia de un trámite inexistente –la firma del jefe del partido en el Congreso-, lo que no es más que un requisito formal (la comunicación al Grupo de una actuación parlamentaria individual, necesaria para el buen funcionamiento de la Cámara y la coordinación interna de los grupos), en una exigencia encubierta de autorización política sobre el fondo de una iniciativa de control que forma parte, con la actividad legislativa, del núcleo de la función parlamentaria. Con lo que el Presidente y la Mesa del Congreso violaron una vez más (existen varios precedentes que se justifican en los llamados -con demasiado eufemismo- usos parlamentarios) el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (en este caso mediante un representante elegido por sufragio universal) y, asimismo, a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas (como la de control del poder ejecutivo), con los requisitos que señalen las leyes (entre los que no se encuentra la autorización, mediante firma, del documento en que se plasma esa función ciudadana, de los portavoces de los grupos parlamentarios). Los partidos utilizan la Mesa del Congreso como un cortocircuito político de las iniciativas de diputados desobedientes que no les gustan. Es muy grave: los partidos anulan actos de representación de la soberanía popular que ejerce individualmente y están en el dominio exclusivo de la voluntad del diputado. Atan la soberanía popular para cederla al control del partido correspondiente (a través de su grupo parlamentario, que no es más que una correa de transmisión del poder del partido).

El diputado del PSOE recurrió en amparo al Tribunal Constitucional, con la oposición del Letrado de las Cortes Generales. El TC, por medio de esta reciente sentencia, le da la razón al diputado Garrido Peña y ha acabado con esta práctica deleznable de los grupos parlamentarios, respaldados por las estructuras jurídico-técnicas de las propias Cortes Generales. Causa un poco de vergüenza ajena leer el rapapolvos del TC al órgano depositario de la soberanía popular que arteramente desvía esta última a favor de los partidos mayoritarios en el Congreso. Como este párrafo de la sentencia: “…la negativa del portavoz a la firma, por la razón que fuere, impediría la efectividad del derecho reconocido individualmente al Diputado, con el resultado de que vendría a alterarse el régimen previsto en la norma reglamentaria, que no establece como condición para la tramitación de la iniciativa una firma o una autorización por parte del Grupo parlamentario”. O este otro: la Mesa del Congreso “no sólo desatendió el principio de interpretación más favorable a la eficacia del derecho [del diputado], sino que, además, los acuerdos cuestionados optaron por la interpretación más lesiva del mismo”.

La democracia representativa es un sistema político imperfecto. En España ha sido secuestrada por los partidos según un reparto de cuotas. Pero no es un caso definitivamente perdido. La voz de la calle da oxígeno a las instituciones como lo que, a pesar de todo, son: órganos con vida propia distinta de los partidos. Pero se está confundiendo esa voz de la calle con la batuta del director de la orquesta política. Los cambios políticos no exigen el pago de facturas innecesarias. En el París revolucionario de 1789, los opositores a la Monarquía esperaban la llegada del burgués radical y pacífico. Pero quienes entraron en la ciudad a sangre y tambor batiente fueron los sans-culottes.