“Prioridad absoluta” a los mercados

El debate de la limitación constitucional del déficit publico ha seguido la norma atribuida a la capacidad de manipulación de las cifras estadísticas:  lo más importante es lo que ocultan, no lo que revelan. Ahora también esa clave no está en las cifras ni en su ausencia, sino en dos mensajes, no captados por los cientos de interpretaciones publicadas los últimos días. Uno va dirigido a los mercados: tendrán prioridad absoluta para cobrar deuda española, antes que otros inversores, funcionarios, pensionistas o parados, lo que supone erradicar la posibilidad de reestructurar la deuda o suspender pagos. El otro, a las comunidades autónomas, e indirectamente a los mismos destinatarios: los partidos mayoritarios quedan obligados a evitar rescates futuros de las finanzas autonómicas como los reiterados en el pasado reciente.

Si ambos mensajes no funcionan y encandilan mejor a los mercados respecto a España, apaga y vámonos. Puede ocurrir que, sin saber de los trucos de Romanones, esperen a ver cómo se reglamentan y desarrollan esos dos y otros compromisos. Pero al final el riesgo político de España , esa parte con creciente peso en los rating y que encarece las deudas públicas y privadas, tendría que bajar muy considerablemente cuando los agentes mundiales se percaten de la extraordinaria importancia de ambas medidas, ambas dirigidas a taponar el principal riesgo económico de la política: la llamada inconsistencia temporal de los políticos y de quienes les critican. Otra cosa es que no les lleguen bien los mensajes. O, aun peor, que no se los crean.

Por desgracia, nuestros políticos mayoritarios han contribuido desde el principio a elevar ambos motivos de incertidumbre y de volver a las andadas. Todo ello en demérito de la seguridad jurídica de la deuda, vital aspecto en el que ahora ambos mensajes deberían cimentar la confianza exterior. El resultado ha sido que, en beneficio de las expectativas electorales del PP, hasta hoy se ha extendido la imagen de que España es una economía intervenida o al borde de la intervención exterior, como en los últimos meses han repetido algunos voceros, contra toda evidencia empírica en las cifras y costes del déficit y la deuda públicas, realmente incluso inferiores a la carga que tenían en 1987, pese a la incomparable gravedad de esta crisis internacional.

Hace 15 años pagamos sin problemas hasta un 5% del PIB con similares tasas de paro, aunque sin empresas y bancos tan potentes e internacionalizados como ahora. Claro que ahora no vamos a tener un “efecto euro” como el que generó la prosperidad y el derroche de la pasada década, pues la amplitud de las primas de riesgo han terminado con la tendencia de los tipos de interés a converger  entre los países miembros. Por eso es tirar piedras contra el propio tejado español el contribuir a extender una imagen exterior peor que la merecida. La que merece la economía española es  bastante mejor de lo que tiene, y en parte así ha sido reconocido por los mercados durante ese duro mes de agosto al llevar a nuestras bolsas a caer casi una cuarta parte menos que las internacionales pese a los errores de la duocracia Merkel-Sarkozy al intentar gobernar la autocracia monetaria que describí hace dos décadas.

La única sombra de futuro es la dinámica del gasto de las comunidades autónomas, mal acostumbradas a los rescates de las cuentas por el Estado, sin que en esto existan diferencias entre PP, PSOE y nacionalistas. España ya cuenta con leyes de estabilidad presupuestaria que fijan límites al déficit para todas las administraciones y entidades públicas empresariales, a las que imponen el equilibrio o superávit estructural (a lo largo del ciclo económico). Pero solo la Administración General del Estado tiene un límite de gasto anual aprobado por el Parlamento antes de cada Presupuesto. Han sido precisamente las autonomías las principales responsables de desviaciones del gasto en relación con las previsiones. Según el Banco de España, esas desviaciones “han tenido un carácter sistemático y superaron el 3 % anual entre 1984 y 2007”. Por eso ahora es positivo que PSOE y PP prometan moderarse.

Sin embargo, nuestros políticos mayoritarios han presentado y negociado tan mal este proceso de reforma constitucional que los medios y los mercados no parecen enterarse de que su gran perla será la prioridad absoluta al pago de intereses y principal de la deuda respecto a cualquier otro gasto público, dada por el nuevo articulo 135 de la Carta Magna. Se trata de un sistema novedoso en Europa, aunque no en los EE.UU,  donde gracias al mismo  algunos estados con mucho mayores dificultades financieras que el español previenen la quiebra y mantienen su acceso a los mercados de capitales. Esto es así, según los profesores Cooley y Marimón, porque en la mayoría el pago de las obligaciones de deudas tiene prioridad constitucional sobre otros gastos, con pocas excepciones: en California y otros Estados, la prioridad constitucional la tienen los gastos en educación, lo que parece una buena idea si se quiere mantener el crecimiento en su sentido más amplio. Este mecanismo no evita los problemas de deuda, como ahora los de California, que son graves. Pero estos son problemas políticos de soberanía de los Estados, no una amenaza a la estabilidad de la unión.

Esta es una vacuna inmediata contra el riesgo de contagio al sistema financiero de los problemas de deuda, además de una garantía mucho más inmediata y efectiva a los mercados que cualquier límite constitucional de la deuda. La medida había sido asumida, aunque sin pensar en llegar a darle rango constitucional, por la iniciativa socialista Ganar 2012, porque da a los mercados la garantía más sólida posible de que recuperarán su inversión y es una regla asumible sin riesgo mayor por parte de cualquier país cuya economía y estructura fiscal aseguren un flujo de recaudación tributaria suficiente incluso en tiempos difíciles.

En cambio, la imagen que ha quedado del inicio de este proceso de reforma constitucional es que se trata de un triunfo servido en bandeja por Zapatero al PP antes de contar con su propio partido, por presiones del BCE y del duo conservador Merkel-Sarkozy, además de una confirmación de que la intervención de la economía española era más que un peligro. Pocos ciudadanos han entendido el fondo y la forma de una reforma  constitucional supuestamente centrada en limitar el déficit público cuando no incluye cifra alguna, que se presenta como urgente y que no surtirá efectos limitativos hasta el 2018 o el 2020, después de rechazar reiteradamente Gobierno y PSOE tal iniciativa legal por parte del PP.

Es lógica esa perplejidad, incluso para quienes se centran en el contenido y no en la forma de su presentación y aprobación. Realmente, por mucho que Alemania y algún otro país europeo hayan introducido topes constitucionales o legales a su déficit y/o deuda pública, esta medida es ante todo innecesaria y redundante, por la sencilla razón de que todo país miembro de la UE tiene indirectamente incorporada en su constitución los tratados europeos, de los que para los países de la eurozona se deriva desde Maastrich el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) limitando el déficit al 3% y la deuda al 60%. Ese Pacto, que si lo hubieran cumplido los gobiernos del PSOE y del PP actualmente no habría liberado de todo déficit, ya obliga a alcanzar y a mantener un saldo público estructural equilibrado; es decir, corregido por el ciclo económico, que en auges multiplica los ingresos y en recesiones los divide.  Si se hubiera respetado el PEC, el crecimiento del gasto sólo podría superar el potencial de la economía en caso de que aplique una reforma fiscal que aumente los ingresos, y lo contrario para una reducción impositiva. El Banco de España ha estimado que un cumplimiento estricto de la regla ahora impulsada en la Eurozona con la actualización del PEC habría llevado a una situación mucho más saneada en casi todos los países. La Alemania que ahora lidera los topes constitucionales sería el único país sin una mejora de la situación fiscal, dado que presenta en el período analizado un crecimiento del gasto primario (antes de pagar intereses) promedio del 1,5 %, por debajo del exigido por la regla (2,4 %). En España, durante los años 1984-2007 habría ahorrado parte de los ingresos extraordinarios derivados de la expansión inmobiliaria, acumulando un superávit fiscal en el 2007 de inicio de la crisis superior en el 6% del PIB al observado, porque el gasto primario medio anual creció el 7,8 %, frente al 5,9 % requerido por una norma como la que ahora se intenta aplicar constitucionalmente.

Pese a ello, esa fuerza constitucional a los topes de déficit o deuda no ha demostrado eficacia en los países en que se ha aplicado, empezado por California desde los años 70, hoy realmente en suspensión de pagos, aunque gracias a la prioridad que ahora se aplica España la mayor economia estatal de los EEUU conserva el crédito de los mercados e incluso uno de los mayores rating de las agencias calificadoras. Mucho menos han convencido tales todos a gran parte de los economistas, aunque sí hay algunos premios nobel que la apoyan, quizá menos de los que la rechazan. Hasta The Economist dice en uno de sus editoriales de cabecera esta semana que "una lección de Italia y España es que los mercados de bonos se preocupan tanto por la capacidad de crecer de sus economías como por el tamaño de sus déficit". En otra pieza muestra que el Reino Unido, aunque mantiene un déficit publico del 10% del PIB y una de las mayores deudas públicas y privadas del mundo, ha bajado al 2,5% el rendimiento de su bono a 10 años, mientras que el de España sigue casi al 5% pese a la intervención del BCE, cuando hace apenas un año España tenía que pagar menos que Gran Bretaña por su deuda.

Lo principal, sin embargo, es que sería difícil encontrar un país tan inadecuado para aplicar los topes como España, cuya estructura económica lo convierte en muy procíclico y amplificador tanto de los auges como de las recesiones. Incluso la experiencia empírica demuestra que su actividad económica y su empleo han ido mejor cuando ha tenido mayores déficit y niveles de deuda.