La indemnización a Carlos Dívar, metáfora del poder

El Consejo General del Poder Judicial no le dijo ayer SÍ a su expresidente Carlos Dívar. Sólo le dijo QUIZÁS, QUIZÁS. Al Consejo no le sobra el dinero y, antes de decidir lo que va a hacer con Dívar en un próximo pleno, quiere saber si el Gobierno le concedería una ampliación de crédito presupuestario por importe de 44.623 euros para pagar al bueno de don Carlos. El expresidente del Consejo y también del Tribunal Supremo, que se ha hecho famoso no por la calidad de sus sentencias sino por el corte impecable de sus guayaberas y la elasticidad del jipi-japa que usaba en sus misiones oficiales, reclama su supuesto derecho a seguir cobrando el 80% de sus haberes como alto cargo durante los próximos 24 meses. Alto cargo sin duda para el erario en esta severa época de ajustes para la mayoría, incluidos los miembros de la función pública y con la Justicia hecha unos zorros. Pero no cargo único. Sin el prurito de ser exhaustivo, a los mismos gajes del oficio son acreedores los cesantes del Gobierno, secretarios de Estado, presidentes del Congreso, del Senado o de los altos tribunales de la nación (aunque recientemente se ha puesto límite a muchos desmanes al ser incompatible a partir de ahora la indemnización por cesantía con el cobro de otros emolumentos, públicos o privados). En el caso del magistrado Dívar la cuenta que solicita el beneficiario importa la suma de 208.000 euros.

El señor Dívar pertenece a una casta institucional que considera que la patria no puede ser roñosa con sus hijos más abnegados, con sus retoños mejores, con los solomillos de la nación. A las dignidades superiores del Estado sólo llega la crème de la crème, los más listos de cada casa, la excelencia profesional que abandona las grandes retribuciones y la vida muelle del sector privado (o sus cómodos despachos administrativos) para servirnos a todos los demás y sacrificarse en el altar del interés general. Después de proteger al ciudadano, limpiar las bielas y dejar bien engrasada la máquina de la república para que sobre ella cabalguen sus sucesores, Dívar y sus cofrades extienden sus facturas. Indubitadamente sostienen su derecho irrenunciable a que les paguemos el viático en su camino de retorno a su estado anterior y elemental, generalmente gaseoso, que abandonaron con harto dolor de sus intereses para entregarse con toda su abnegación sublime al prójimo. Sólo El Maligno tentaría al beatífico Carlos Dívar preguntándole qué significa el término spoil system en los manuales de ciencia política que estudiaron todos los muñidores  del sistema de partidos español.  Desde el día en que un librero de Sevilla dejó muy clarito que el que se mueve no sale en la foto.

Carlos Dívar es funcionario de la Administración de Justicia. Y ha querido la casualidad que el óbolo que exige por su cesantía coincida con una Resolución de la Gerencia de la Mutualidad Judicial publicada este último sábado. En perfecta armonía con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, esa Resolución suspende desde el 1 de agosto y hasta nueva orden determinadas ayudas sociales financiadas con fondos públicos de las que disfrutan los afiliados a la Mutualidad General Judicial. La Gerente de la Mutualidad, Celima Gallego Alonso, afirma que las ayudas suprimidas “no son determinantes ni en cuanto a su carácter social, ni en cuanto a su cuantía [sic], pero suponen una importante reducción del gasto”. ¿Cuáles son esas partidas? Las siguientes:

1.- La ayuda por adquisición de vivienda habitual financiada mediante préstamo hipotecario.

2.- Las ayudas para actuaciones de podología básica, y

3.- El crédito presupuestario asignado al termalismo social para mayores.

Después de la aprobación de tan variopintas medidas de ahorro, cuya lógica y eficiencia serían muy difíciles de rebatir, está claro que hemos salido del Estado de Bienestar para regresar a la nada, pero a la nada más absoluta y ni siquiera a la vieja España de la cooperativa social y el economato militar. Nuestros pecados han matado a la vaca lechera del auxilio social y a todos sus ternerillos, paridos por un sector público que parecía una novela pastoril. Se acabó lo que se daba: escuela, despensa y sanidad, con cuentagotas. A partir de ahora los servicios públicos básicos únicamente se recibirán previa exhibición de la cartilla de racionamiento. Y nada de excesos y frivolidades para la gente menuda y del común.

De acuerdo. Que cada palo aguante su vela. Esperemos que el Gobierno y el Consejo del Poder Judicial aprovechen la ocasión que Dívar les brinda (quizás no dispongan de muchas más) para demostrar el instinto de conservación que al sistema político se le supone. Y le respondan al magistrado caribeño que han echado el cierre por liquidación de existencias. Que se acabó también el pasto para alimentar a las vacas sagradas, leñe.