Más discapacitados que nunca

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Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en una imagen de archivo. / Efe

No creo en la ley de la supervivencia de los más aptos. Está bien para los monos o las ratas, no para los seres humanos. Creo que el liberalismo y el socialismo son compatibles e incluso que constituyen una modalidad de fusión necesaria para no precipitarnos en la barbarie. Es decir, en un estado de naturaleza que sólo permitiría ascender a los más fuertes o más astutos del grupo y condenaría a los que no pueden valerse por sí mismos. Ser civilizados es otorgarnos la gracia de un Estado social que además de garantizar nuestra libertad impida los abusos de unos hombres sobre otros. Y que modere la crueldad de la naturaleza y la desigualdad que sus caprichos producen repartiendo taras físicas o mentales en los individuos más desgraciados de la sociedad. Dicen que los espartanos mataban a sus criaturas deformes poco después de nacer. Ser socialista es apostar por Atenas y contener las ínfulas desorbitadas del liberalismo más darwinista. Ésa ha sido la aspiración de la Europa de posguerra hasta la aparición, primero, de los nuevos bárbaros de la economía neoliberal y, después, del crash de las finanzas públicas.

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Aunque tampoco creo en las economías subvencionadas, las ayudas públicas me parecen indispensables para mejorar la situación de muchos discapacitados porque sus necesidades desbordan sus propios recursos y los de sus familias. Aquí el Estado debe imponerse un deber moralmente ineludible. Siempre, incluso en las fases recesivas de la economía. Abandonar el campo en retirada y dejar atrás a los miembros deficientes de la comunidad es, más que un error, una enfermedad social que más tarde pasará su factura a los responsables públicos que han dado la orden de deserción. En los naufragios, los niños y las mujeres primero.

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El 3 de julio pasado conocimos la decisión de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de convocar, en régimen de competencia, la concesión de subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas con discapacidad durante el año 2012. Se trataba de una cantidad global modesta -4.981.000 euros-, pero, en un escenario de tierra quemada para la dependencia, podía financiar algunos apaños que no pueden esperar. Con esa finalidad se dotó el oportuno crédito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, apenas diez días más tarde –el 13 de julio- el Consejo de Ministros declaró la no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado. Y ahora, el 20 de septiembre, la misma Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad nos comunica sus consecuencias y reduce un 5% -hasta 4.731.950 euros- su partida de ayudas al movimiento asociativo de personas con discapacidad.

Cuando tomó posesión de sus funciones, allá por diciembre de 2011, el Ejecutivo se presentó a la opinión pública como el Gobierno de los mejores. Puede ser, pero si en sólo diez días tiene que revisar sus cuentas en un rubro de una minucia económica como la que acabamos de ver, nos podemos imaginar la bondad de sus cálculos para reducir el déficit público, prever la recaudación que obtendrá después de sus subidas de impuestos o medir las necesidades para rescatar a los bancos inviables. Pero, más allá de la gestión contable de la economía, proceden quizás dos preguntas. ¿Quiénes son los dioses fundadores de la moderna Esparta? Y, sobre todo, ¿es la soberbia la manifestación más grave y menos reconocida de discapacidad?

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