La saga/fuga de la UE hacia la plena unión política
Un buen indicador del descrédito y fracaso al que han llegado las instituciones de la Unión Europea (UE) es que, cinco días después de anunciar su proyecto más importante, necesario y coherente de los últimos años, apenas ha tenido impacto alguno en los medios de comunicación, ni europeos ni mundiales. Se trata del Plan Director que dice trazar el camino hacia una Unión Económica y Monetaria (UEM) profunda y auténtica, presentado el pasado día 28 de noviembre en Bruselas y que se debatirá en el Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre.
Sin embargo, esta comunicación es la contribución más ambiciosa que ha realizado a la unión el Ejecutivo de los hoy 27 países desde que hace dos décadas formuló el proyecto de la UEM, culminada el año 1999 con el lanzamiento del euro, tras casi una década de debate. También es la más coherente con la teoría económica sobre las áreas monetarias óptimas, así como con las propias teorías de la integración económica, pues la Comisión dice aspirar por fin a lo que los gobiernos de los países miembros han negado siempre: la suficiente unión política para poner en marcha, a través de un presupuesto específico de los países del euro, una efectiva redistribución de rentas desde los países más beneficiados por la integración económica y monetaria hacia los países perjudicados por ellas o por los golpes asimétricos del ciclo económico internacional.
En efecto, la mayoría de los teóricos de la integración económica daban por descontado que al final debería producirse la unión política. Por su parte, los de las áreas monetarias óptimas consideraron necesario desde los orígenes de las comunidades europeas el compensar los fallos de la movilidad del trabajo o de los capitales con políticas de redistribución de rentas. Pero desde el principio todas las políticas se centraron en asegurar más formal que efectivamente las libertades de circulación de mercancías y servicios capitales y personas, con olvido de las transferencias compensatorias de las asimetrías de la unión. La agenda del 2007 incluso limitó al 1% de la renta de los países europeos dichas transferencias en los presupuestos anuales vigentes hasta finales del 2013.
Así, cuando la crisis económica internacional iniciada el 2008 dejó al descubierto todos esos fallos de diseño y de implantación del euro, cuando por ello empezaron a fragmentarse los mercados financieros y económicos y la crisis bancaria devino en una crisis de deuda ante la gran ineficacia e incompetencia de las instituciones europeas, los gobiernos de los países más poderosos aplicaron políticas contrarias a los consejos de tales teorías. Mientras el euroescepticismo anglosajón y los líderes de la triple A (Alemania, Holanda y Finlandia) manipulaban a sus respectivas opiniones públicas con políticas neo-nacionalistas basadas en el supuesto riesgo de una unión de transferencias, se dedicaron a frenar soluciones efectivas a la crisis y a apoderarse de las ganancias extraordinarias derivadas de su nuevo señoreaje sobre los precios de la deuda, expresados en la carestía de las primas para los países periféricos hasta casi expulsarles del mercado en tanto ellos emitían o renegociaban sus deudas a precios negativos, incluida Francia.
Cambios de rumbo
Menos mal que el BCE de los 17 del euro empezó a desmarcarse parcialmente del dictado alemán y abandonó su largo letargo de ineficacia y descrédito de los últimos años a principios de septiembre pasado. Ahora que las tasas de paro baten records históricos en países que como España se han situado en el epicentro de esas maniobras, la Comisión de los 27 sigue los pasos de cierta autonomía y presenta el plan que deberán consensuar antes de llevarlo al Consejo del 13 y 14 de diciembre los «cuatro presidentes»: del propio Consejo, Herman Van Rompuy, de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.
¿Llegarán a tiempo de recuperar la idea y la ilusión del proyecto integrador? Indican todo lo contrario la experiencia histórica, la desatención sufrida estos cinco días por el plan de la Comisión y el descrédito de esta tras la gran desilusión extendida a raíz del fracaso de la primera cumbre para diseñar el marco financiero o presupuestario 2014-2020. “Ya no le interesa a nadie lo que tenga que decir, ya sean los Estados, los medios de comunicación o los ciudadanos. No se trata de un asesinato, sino de un suicidio orquestado por su presidente, José Manuel Durao Barroso, que decididamente ha demostrado ser una calamidad para una institución que, sin embargo, fue uno de los motores de la construcción europea en un pasado no tan lejano”, decía un analista tan citado hasta ahora como el plan director.
Este, no obstante, apuesta en diez años nada menos que por la “plena unión bancaria” y la “plena unión fiscal y económica”, período jalonado por tres subperiodos, el ultimo de los cuales incluiría nuevos tratados y perseguiría esa unión política y avanzando en materia de responsabilidad y legitimidad democrática, para terminar de conseguir la UEM formulada a raíz del Tratado de Maastrich el año 1992, tras el cual ha habido otros cinco intentos: los de Amsterdan, Niza, la fracasada Constitución, el vigente Tratado de Lisboa de los 27 y el nuevo tratado intergubernamental suscrito este año por 27 de ellos.
Tres períodos planeados
Hasta entonces, entre los 6 y 18 meses después de aprobarse este plan habría una aplicación inmediata del paquete legislativo sobre gobernanza económica, el llamado “Six pack”, y del paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria, el llamado “Two pack” que está a punto de ser aprobado. Asimismo, los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo antes de fin de año sobre el mecanismo único de supervisión bancaria (MUS). También se crearía otro mecanismo único de resolución que se encargue de los bancos que están en dificultades. Como todas esas actuaciones estaban anunciadas y en la práctica se reconoce su demora con el nuevo calendario ,la principal novedad es que se crearía un “instrumento de convergencia y competitividad” dentro del presupuesto de la UE, que ayude a los Estados a aplicar las reformas estructurales que necesiten, basado en los “acuerdos contractuales” que deberán firmar la Comisión Europea y los Estados miembros. Igualmente se anuncia el fomento de la inversión en la zona euro más allá de los poco mas de 100.000 euros de los que se habló en primavera pasada y no se ha vuelto a saber.
A medio plazo, entre los 18 meses y los cinco años se aplicarán nuevas medidas para fortalecer la política presupuestaria colectiva y la política económica. La zona euro debería ser la más beneficiada mediante la mayor coordinación en las cuestiones de política fiscal y los mercados laborales, dada la movilidad de la mano de obra en la región. La eurozona quedaría reforzada fiscal y económicamente, con una reducción de la deuda pública significativamente superior a la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), a través de la creación de un fondo de rescate sujeto a estrictas condiciones. Eso garantizará una mayor vigilancia e intervención en el diseño e implementación de las políticas fiscales nacionales.Un marco de gobernanza económica y fiscal profundamente integrado podrá permitir la emisión común de deuda pública -eurobonos-, eso mejorará el funcionamiento de los mercados y la aplicación de la política monetaria.
De 5 a 10 años, la “plena unión bancaria” y la “plena unión fiscal y económica”, aunque la Comisión precisa que esa integración debe preservar la integridad de las políticas que se aplican a los veintisiete Estados miembros, especialmente el mercado único. Para ello, la Comisión precisa en su avance que, siempre que sea conveniente, las medidas destinadas a la zona del euro deberán estar abiertas a la participación de otros Estados miembros. Recuerda al respecto que, si bien los Tratados prevén que una serie de normas se apliquen únicamente a los Estados que pertenecen a la zona del euro, la configuración actual tiene carácter temporal , porque todos los Estados miembros menos Dinamarca y el Reino Unido están destinados a serlo de pleno derecho, en virtud de los Tratados. Añade por ultimo que el refuerzo de la responsabilidad democrática deberá ir acompañada de una modificación de los Tratados que confiera al nivel de la UE nuevas competencias supranacionales. YT que una manera de consolidar la legitimidad de la UE sería ampliar las competencias del Tribunal de Justicia.
