Los menores y los ludópatas podrán entrar en los casinos de Alcorcón

“¡Oh, libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”, dijo Madame Roland al despedirse de su cabeza poco antes de que se la llevara la guillotina. Gracias a la advertencia casi póstuma de la girondina Roland, lo mejor que podemos hacer por la libertad los que nos consideramos sus amantes es dejarla tranquila y manosearla lo justo. Que hay muchos bocazas por el mundo y algunos de ellos, antes y después de Roland, han intentado justificar sus fechorías en nombre de la libertad. Especialmente en España, donde la mentira y el disimulo han sido siempre las herramientas con las que los reaccionarios del más diverso pelaje y condición han aplastado la voluntad digna y los proyectos de convivencia social de las personas más ilustradas. Recordemos, sin ir más lejos, que los militares del 18 de julio se sublevaron contra las libertades republicanas en nombre de la misma República.

Mi libertad colisiona con tu libertad. Nunca existirá el espacio ideal en el que ambas puedan desarrollarse sin límites, y corresponde a los poderes públicos resolver esa tensión permanente poniendo el acento en tu libertad o en la mía según beneficie en cada momento los intereses comunes de la sociedad. El péndulo de la libertad oscila constantemente. Pero como no constituye ningún fenómeno natural, es función del poder político justificar su elección en cada coyuntura y dar explicaciones al pueblo sobre los cambios de acento que pone en el conflicto social de la libertad. Sin embargo, el poder casi nunca explica las reglas de uso de su gramática.

En nombre de la libertad empresarial, cualquiera puede levantar una ciudad del pecado en nuestro país. Un espacio industrial del juego y el ocio para mayores de edad como el que el magnate Sheldon Adelson quiere edificar con el apoyo de la Comunidad de Madrid en la localidad de Alcorcón. Otra cosa –ésta sí muy reprobable- es que las autoridades o retuerzan la Ley o confeccionen un traje legal a medida de Adelson para que éste suelte una pasta gansa. Si fuera así, si estuviéramos delante de un trato de favor (de lo que existen datos muy reales en normas recientes aprobadas por la Comunidad de Madrid), se habría ofendido al principio de generalidad de la Ley y al derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Pero ahora voy a dejar de lado este problema. Lo que aquí me preocupa son los giros políticos sobre la regulación legal del juego que se observan, en muy poco tiempo, en el Partido Popular de Madrid. Se trata de un simple decisionismo político que quita o reconoce las libertades de algunas personas según interese o no al partido del Gobierno, y también al compás que exija la máxima libertad empresarial de sus amigos.

La Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (la popular Ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos para 2013) es en la presente ocasión casi una monografía legal dedicada a… los negocios de Sheldon Adelson. Vaya por delante que a los establecimientos de juegos de azar se los denomina ahora Centros Integrados de Desarrollo. El artículo 30 de la Ley concede una bonificación del 95% sobre la cuota que resulte de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que estén directamente relacionadas con la puesta en funcionamiento de los Centros Integrados de Desarrollo. Es evidente que los asociados al negocio van a dar un pelotazo fiscal muy parecido a las gangas impositivas otorgadas al ultramillonario norteamericano. Pero, como dije antes, no voy a insistir en ello y me fijaré en otras cosas.

Me voy a detener en los usuarios de los casinos pertenecientes a esos Centros (artículo 23). Quiero referirme a los clientes de Adelson. Podrán acceder a sus futuras instalaciones de Alcorcón, aunque no se les permitirá jugar, las "personas incapacitadas", acompañadas de su representante legal. También los menores de edad: la Ley les permitirá circular por las salas de juego, acompañados de un mayor de edad (que no debe ser necesariamente su padre o su madre, bastando cualquier persona de “compañía”). “Dichos mayores de edad serán responsables de que los menores no permanezcan indebidamente [sic] en las zonas de casino o juego”. Con independencia de la posible exposición de estos niños al humo del tabaco (si finalmente Ignacio González, presidente de la Comunidad, se sale con la suya), y aunque no creo que el nuevo lema de los populares madrileños sea el de “familia que juega unida, permanece unida”, es obvio que la presencia de los menores potenciará la oferta turística de Adelson y, para el futuro, asegurará su continuidad generacional. Porque, ya se sabe, los niños acaban imitando a papá y a mamá, y no digamos nada si el modelo infantil es el de los hermanos mayores. Incapacitados y/o menores… Hay más. Dinero siempre quiere más dinero.

Lo que más sorprende es el inciso legal que permite el acceso a estos Centros de “las personas inscritas en los Registros de Interdicción Nacional o de la Comunidad de Madrid”. Madrid, territorio comanche. A finales de 2006, Esperanza Aguirre instó la reforma de la Ley del Juego madrileña (de 2001) para dar más fuerza al Registro de Interdicciones de Acceso al Juego “a fin de proteger el derecho de los ciudadanos a que les sea prohibida la entrada en los establecimientos de juego”. Se trataba, quizás, de una medida paternalista que defendía a los débiles de carácter de sí mismos, impidiéndoles caer en la ruina al reprimir legalmente su pasión desorbitada por el juego. Jurídicamente, esa prohibición autonómica se artículó como el ejercicio de un derecho subjetivo por (en sustitución de) el propio interesado.

Ahora, en el sacrosanto nombre de la libertad de empresa, y asimismo ampliando la ¿libertad? de los niños, los incapacitados y los adultos insaciables, se le pone una alfombra roja a la ludopatía. La existente en la actualidad, de inmediato: cuando abran sus puertas los garitos. Para las adicciones futuras, Madrid también será el mejor centro de enseñanza y la más acabada escuela de pedagogía. “Dejad que los niños se acerquen a…”.

Max Weber distingue entre la ética de la convicción (la del científico o el intelectual) y la ética de la responsabilidad (la del político profesional).  Los populares de Madrid acampan más allá de la clasificación moral establecida por el gran sociólogo alemán. ¿Qué ética necesitan los que, mirando a un niño o a un ludópata, ven directamente el cuerpo de una mercancía? Abolida la moral del humanismo cristiano español, la racionalidad económica de sus partidarios es la fotografía en alta definición de su estética. Conviene agradecerles su sinceridad.