Cándido Méndez: “No hay nada inamovible si los ciudadanos se lo proponen”

UGT afronta a partir de hoy su 41 Congreso y, de partida, plantea en sus documentos propuestas para reducir drásticamente su estructura organizativa, alcanzar que las cuotas de los afiliados garanticen la suficiencia financiera y abrir el sindicato a la sociedad y a los movimientos sociales. Entre sus propuestas figuran la creación de una renta básica universal (una prestación que garantice la subsistencia digna de las personas), la creación de un banca pública o destinar el 50% de lo recaudado en el fraude fiscal a políticas de empleo. Cándido Méndez concurre a partir de hoy a su sexta reelección como secretario general del sindicato, y esto es lo que nos ha contado a unas horas de la apertura del Congreso.

– ¿Qué cosas deben cambiar en la acción sindical en general y en la de UGT en particular?

– La prioridad en nuestra acción sindical seguirá siendo el empleo, ahora más que nunca, y preservar los derechos laborales y sociales. Reforzar la negociación colectiva; la defensa de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones, dependencia) y el cambio de nuestro modelo productivo, apostando por una industria fuerte, inversiones en I+D+i, formación... Serán algunos de los temas que se debatirán en un Congreso donde debe quedar constancia de que sí hay alternativas a la política económica que está aplicando el Gobierno del Partido Popular, en connivencia con la Comisión Europea. UGT seguirá dando la batalla en Europa, a través de la Confederación Europea de Sindicatos, y en España reforzando alianzas con sindicatos y otros colectivos sociales. En UGT, en este momento, hay una voluntad de hacer un cambio en profundidad en el funcionamiento del sindicato. Se trata de simplificar y reducir estructuras políticas y dar mayor dimensión sectorial. Buscamos un sindicato más abierto y atractivo, más eficaz y  más sectorial, con el único fin de mejorar la defensa de los intereses de los trabajadores.

– ¿Daña la imagen de los sindicatos su participación en los Consejos de Administración (también en las cajas antes de ser nacionalizadas) o la participación de las organizaciones sindicales, de forma directa, en la formación?

– Nosotros en las Cajas de Ahorro tenemos una representación inferior al 3%. Lo ocurrido sirve de enseñanza para mejorar los mecanismos de participación y control. Pero conviene hacer una reflexión: la mutación de muchas cajas en bancos ha anulado un mecanismo de financiación vital. Las cajas tienen una dimensión social incuestionable, están pegadas al terreno, han canalizado el crédito de este país a la pequeña y mediana empresa y ahora no tenemos sustituto. Por el contrario, en Alemania subsisten las cajas a nivel local, canalizan el 71% del crédito a las pequeñas empresas y la señora Merkel las ha excluido de los  mecanismos de supervisión europeos. Digo esto porque la escabechina que se ha hecho aquí con las cajas, el proceso de bancarización que se ha emprendido, puede afectar a nuestras posibilidades de recuperación económica para el futuro. Por otro lado, no veo en qué medida la gestión directa de la formación puede perjudicar nuestra imagen. Creo que hay un reconocimiento del trabajo que hemos realizado en formación. En el periodo 2009-2013 se han realizado un total de 3.473 cursos que han beneficiado a 62.878 alumnos (un 23% de los que han acudido a los planes intersectoriales son desempleados, cifra que se eleva al 94,4% cuando hablamos de los jóvenes).

– ¿Cómo valora la participación de los nuevos movimientos sociales (indignados, afectados por las hipotecas, jóvenes sin futuro y otros) en el incremento de la conciencia y la movilización social? ¿Cómo debe ser la relación de las centrales sindicales con ellos?

– Es normal que la gente que comparte un mismo objetivo, los mismos problemas y preocupaciones, que tienen las mismas demandas, se unan. Por tanto, me parece natural que surjan este tipo de movimientos a los que los sindicatos no son ajenos: formamos parte de la Cumbre Social, que integra a más de 150 organizaciones representativas de la sociedad civil y que se ha manifestado en numerosas ocasiones contra la política de recortes del Gobierno; de la Comisión Promotora de la ILP para la dación en pago, por la paralización de los desahucios y el alquiler social... En los próximos cuatro años tenemos el propósito de seguir reforzando alianzas y buscar consensos puntuales cuando las circunstancias lo requieran y haya coincidencia de ideas e intereses.

– El Gobierno les citó formalmente a la presentación del plan de empleo para los jóvenes y dos días después, no sé esta vez les avisó, presentó los nuevos recortes respecto a las jubilaciones anticipadas y al acceso de los mayores de 45 años a la prestación por desempleo. No parece la mejor forma de recuperar el diálogo social… ¿Le importa realmente algo al Gobierno el diálogo social o Rajoy funciona de otra manera?

– Verá, hay algo muy significativo: ésta es la primera vez que en el programa electoral de un Gobierno no hay ninguna referencia al diálogo social. El Gobierno del PP contaba con dos fortalezas respecto a otros países europeos: contaba con el II Acuerdo para el Empleo y el Crecimiento Económico (IIAENC), consensuado por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, cuyo objetivo es preservar el empleo (para lo que se llegó a un pacto de moderación salarial, acompañado de un compromiso de reinversión de los beneficios empresariales y un control de precios por parte de las Administraciones Públicas), y el Acuerdo Social y Económico para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, suscrito por el anterior Gobierno y los interlocutores sociales. Pues bien, el Gobierno con la imposición de la reforma laboral, que abarata y facilita el despido, tiró por la borda el primer acuerdo y en marzo de este año (transcurridos algo más de dos meses de la entrada en vigor del acuerdo de pensiones) aprobó por la vía unilateral el Real Decreto Ley de reforma de las pensiones para endurecer la jubilación anticipada y parcial, entre otras cuestiones. En lugar de defender la fortaleza de estos dos acuerdos ante la UE ha legislado en contra de los mismos en aras de la política económica neoliberal que impera en Europa y en España.

– ¿Recuperarán algún día los trabajadores todos los derechos que se han dejado en el camino de la crisis?

– Se percibe la profunda preocupación ciudadana de una crisis cuyas consecuencias pueden llegar a ser irreversibles. De ahí, las masivas movilizaciones contra una política cuyo trasfondo es el beneficio de unos pocos a costa del bien de la gran mayoría social. El Estado social de derecho no ha sido un regalo, se ha conseguido gracias a las demandas sociales. No hay nada inamovible si los trabajadores, los ciudadanos, así se lo proponen. Nosotros no bajaremos la guardia, seguiremos trabajando para impedir la demolición de los servicios públicos fundamentales y defender los intereses colectivos. Es el momento de generar una dinámica distinta sin sacrificar los derechos de los trabajadores.