¿Presupuestos del Estado o Presupuestos de los partidos?

No es cierto que la actividad empresarial se haya ralentizado por falta de financiación externa. Sólo los miopes pueden sostener tal cosa con la pretensión de validez de una categoría universal. Pues hay un sector de la industria española al que nunca se le ha negado el privilegio de financiarse por sistema con los préstamos a fondo perdido que le concede una modalidad bastarda de banca pública. ¿Una banca pública en la economía del tercer milenio? Pues sí, aunque no al alcance de todos y, en lo que aquí se refiere, dirigida exclusivamente al servicio de determinados intereses particulares. Gracias a su existencia han conseguido permanecer en movimiento y sortear la crisis sus clientes (tan peculiares), los dueños de ese sector diferenciado de actividad que son los partidos.

El 2 de noviembre de 2013 apareció en el BOE la Ley 5/2013, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Su objeto y contenido? La aprobación, por el Parlamento andaluz, de un crédito extraordinario de 10.597.362,15 euros para sufragar las subvenciones a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por los comicios autonómicos que se celebraron el 25 de marzo de 2012. La Ley, promulgada en uno de sus primeros actos por la nueva Presidenta de la Junta, Susana Díaz Pacheco, sólo tiene dos artículos escritos en lengua contable cuya transcripción y glosa les ahorro; si bien no conviene perder de vista que el crédito extraordinario se financiará con cargo al “Fondo de Contingencia” del Presupuesto de la Comunidad para el año 2013.

Más interesante a mi juicio es su Exposición de Motivos. Aquí se dice que, antes de la aprobación parlamentaria del crédito, ya “se ha abonado el anticipo del 90% del importe de las subvenciones […] por un importe total de 9.658.427,45 euros”. Retengamos la cifra, nada menos que un anticipo del 90%. Si los comerciantes pudieran descontar en la misma medida el capital de sus letras antes de su vencimiento, como hacían los empresarios serios antes de la crisis, no habrían visto estrangulada su liquidez. Pero hoy los bancos sólo otorgan crédito con cuentagotas.

Volvamos al anticipo andaluz. En la Exposición de Motivos de la Ley 5/2013 no se menciona la fecha del pago, pero sí que “dicho anticipo se ha efectuado por vía extrapresupuestaria”. ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué autorización? ¿Con cargo a qué fondos? Silencio total. No sé si hay vida fuera del planeta Tierra. En España, desde luego, hay mucha vidilla fuera del Presupuesto. Y aunque se ofendan esas dos severas matronas (a despecho de su envidiable juventud), lo cierto es que los partidos políticos dominantes tienen vida propia fuera de la Constitución, de su reformado artículo 135, y de la estricta gobernanta que responde al nombre de Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En la España actual, por razones que sería demasiado prolijo debatir aquí, el Estado se confunde con los partidos. Detrás de la ficción de la representación parlamentaria y de la soberanía popular se esconde la realidad, la del Estado de partidos que ha privatizado una cuota importante de la política en beneficio de los intereses –corporativos y particulares- de estos últimos. La pérdida de ideología de los electores convierte el voto popular en la contraprestación (a menudo desairada) de la gestión eficaz de intereses individuales que, al acudir a las urnas, se espera del partido que resulte vencedor. A su vez, esta disposición social no facilita precisamente la militancia y la adhesión masivas a las formaciones políticas, produciendo un espacio vacío que ha sido ocupado, a tenor de la cesión social, por los profesionales de la política. No sólo se ha deteriorado la relación de la sociedad con los partidos sino la de aquélla con el Estado, que ya sólo garantiza de manera muy problemática la protección del interés general y la consecución del bien común.

Un partido que, con una base muy reducida de su militancia, aspire no obstante y como es lógico al poder tiene –como lo tienen todos los partidos españoles- un problema de financiación de sus actividades irresoluble dada la insuficiencia de sus propios recursos. Como tampoco puede producir una renta económica, no está en condiciones de devolver con autonomía plena los créditos que solicite al sistema bancario. Es una condición existencial para los partidos, para su supervivencia y el desarrollo de las funciones que son su razón de ser, la tutela financiera del Estado, en primer lugar y, luego gracias a un salto inverso, la absorción del otrora poderoso Leviatán si el partido logra la expansión de su dominio. La clave está en el control del Tesoro Público. Lo anterior, naturalmente, es sólo un esquema incompleto, pero no parece dudoso que la escasez de militantes y de dinero ha desnaturalizado en España, más que en otros Estados de su entorno y cultura, las funciones y los fines últimos de los partidos.

Los partidos concurren en competencia imperfecta (las formaciones nuevas o pequeñas lo tienen mucho más complicado) en el mercado electoral. Los grandes partidos necesitan gastar mucho en publicidad, correo, organización de las campañas y presentación de sus candidatos. Y, sin embargo, son empresas que no generan recursos propios. Esta contradicción sólo puede ser disuelta echando mano del Presupuesto. Es lo que ha hecho, en mi opinión con escasa sutileza jurídica, el sistema parlamentario andaluz.