«Para la Marea Blanca, la decisión del TSJM supone el triunfo de la razón»

Imagen de una de las manifestaciones convocadas por la Marea Blanca en el centro de Madrid. / Efe
Imagen de una de las manifestaciones convocadas por la Marea Blanca en el centro de Madrid. / Efe

A los gobiernos del Partido Popular -al central, a los autonómicos, a los municipales- les han quebrado muy  pocas veces el pulso en los dos últimos años, muy pocas. De hecho, dos huelgas generales no fueron suficientes para frenar la reforma laboral más salvaje de la historia de la democracia. Sin embargo, algunos episodios siguen animando a entonar el empalagoso "sí se puede" (que ya se escucha hasta en los campos de fútbol) y a continuar en la brega.

La victoria de los barrenderos sobre el Ayuntamiento de Madrid tras una huelga de libro supuso una victoria sin paliativos del poder transformador de los que no tragan. Hay otro asunto que está poniendo en jaque la tiranía de la ley D´Hondt y sus absolutas mayorías. Y no es otro que el intento del Gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar la sanidad de la región y la tozuda resistencia de profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos a comerse ese maldito sapo. La Marea Blanca, incansable en los últimos meses, se ha convertido en la gota malaya, el martillo pilón,  el zumbido de mosca cojonera que se agita al lado mismo de las orejas del presidente madrileño, Ignacio González, y de su consejero de Sanidad,  Javier Fernández- Lasqueti. Y vaya si el zumbido ese les irrita. De hecho, han abandonado el soniquete del "respetamos las decisiones de los tribunales" por una manifiestamente acongojado es "lamentable" y, los jueces, unos "irresponsables". ¿Cómo era eso que terminaba en ajos come?

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El pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvió a abochornar a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid -y a alguno de sus entogados apegaos- devolviendo los recursos contra la privatización de seis hospitales públicos madrileños a los juzgados que estaban entendiendo de ellos antes de que se los apropiara el entonces presidente del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, hoy ocupando canonjía, vaya usted a saber por qué, en la Comisión Permanente del CGPJ. Además, el TSJM dictaminó que la suspensión cautelar de los procesos administrativos de la privatización se mantiene viva.

Las buenas noticias, como las buenas películas, hay que comentarlas después, a la salida, y eso hemos querido hacer con Paulino  Cubero  González, Alejandro Tejedor Varillas y José Luis Quintana Gómez, directores de tres centros de salud en la Comunidad de Madrid y portavoces de la Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud, uno de los colectivos que integran la Marea Blanca.

¿Cuál es su valoración jurídica sobre la decisión del TSJM de mantener la paralización cautelar de la privatización de seis hospitales? ¿Y cuál es su valoración política?

– Desde el punto de vista jurídico parece claro que los propios jueces del TSJM han valorado como inoportuna la decisión del entonces presidente del TSJM, Martínez Tristán, de unificar todos los recursos en el Pleno. Desde el punto de vista político sería conveniente que sirviera de ejemplo para demostrar que el Gobierno regional no puede seguir imponiendo medidas que van contra la legalidad o que aprovechan los vacíos que ellos mismos crean al legislar a la medida de sus intereses, sin debate social y sin buscar el consenso necesario para dar estabilidad a la función pública y a la tarea de las instituciones.

¿Qué supone esta decisión para el movimiento social y ciudadano de la Marea Blanca?

– Confiamos que se confirmen las previsiones y la Sala Tercera del TSJM mantenga la suspensión cautelar de la privatización de los hospitales, algo que supondría de hecho la paralización completa durante esta legislatura. Para la Marea Blanca supone el triunfo de la razón y nos reafirma en la necesidad de defender el modelo en el que creemos los profesionales y los ciudadanos, pues de haber mantenido una actitud pasiva y silenciosa, y no la de alarma, denuncia   y sensibilización de la ciudadanía, es muy probable que los jueces no hubieran prestado la suficiente atención a este conflicto y sus consecuencias.

¿Qué se puede pedir ahora a la Consejería de Sanidad? ¿Se pueden reabrir los cauces de negociación o esa vía está cerrada?

– Nosotros, como Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud que ha aglutinado el sentir de los profesionales de Atención Primaria, no hemos cerrado nunca ningún cauce de negociación.  Hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión, no se han conocido los pliegos ni ha salido ningún centro de salud a concurso, y creemos que es el momento óptimo para que la Consejería de Sanidad ejerza como tal y se siente con las sociedades profesionales y los colegios de médicos y enfermeros para cerrar el Documento de Autonomía de Gestión que se ha estado elaborando durante estos meses. A diferencia de la Autogestión o Gestión por Profesionales que proponía la Consejería y que ha suscitado el rechazo mayoritario, la Autonomía de Gestión se basa en la titularidad y la gestión públicas, es aplicable a los 270 centros de salud de la Comunidad y está pensado para implicar de verdad a todos los trabajadores de los centros de salud ofreciéndoles la posibilidad de participar activamente en la definición de objetivos, en la toma de decisiones, en la evaluación de resultados, en la gestión de personal y en el reconocimiento de la buena práctica.

¿Cuáles son los acciones a emprender a partir de ahora?

– De momento no están previstas nuevas acciones a la espera de las decisiones de la Consejería. La Plataforma nació en un momento de grave crisis y confiamos en que la resolución de la misma nos permita dedicarnos a nuestra actividad como directivos de los centros de salud y como profesionales sanitarios de Atención Primaria para  asegurar una atención de calidad a los ciudadanos que es lo que esperan de nosotros. Tras más de un año de conflicto es necesario centrarse en mantener y mejorar la actividad de los centros de salud para no perjudicar el servicio que prestamos a los ciudadanos, el único motivo que nos ha empujado a esta movilización.

¿Mantienen los profesionales el pulso firme para afrontar el desenlace de un conflicto que se prolonga en el tiempo y que se adivina todavía largo?

– Los profesionales han demostrado un compromiso con la actividad asistencial y con los pacientes fuera de toda duda y muy por encima de lo esperable. Estamos acostumbrados a trabajar en condiciones difíciles, las que nos plantea el día a día en el manejo de los problemas de salud y sociales de nuestros pacientes, tenemos una formación sólida clínicamente, pero también una gran capacidad de gestionar el día a día, tenemos el apoyo de los ciudadanos que nos lo reconocen en cada encuesta, y estamos seguros de que el sistema público necesita una mejora continua.

Cuando los políticos son capaces de entender esto y cuentan con los profesionales para desarrollarlo resulta mucho más fácil alcanzar las metas que cuando se demuestran incapaces o insensibles ante las propuestas que se les hace llegar. No es nuestro trabajo el que está cuestionado sino el de los políticos y son ellos los que están para dar explicaciones en las urnas cuando llegue el momento. Nosotros estamos y estaremos al servicio de los pacientes con criterios siempre independientes, éticos y profesionales y estamos acostumbrados a desenvolvernos en las crisis económicas, sociales o políticas que condicionan la organización de la asistencia sanitaria.