La pobreza energética sale a la calle para clamar por el derecho a la energía

Actualización con la información de la manifestación a las 23.00

Más de una veintena de asociaciones han regresado este sábado a la calles de Madrid para clamar contra la pobreza energética y reivindicar la energía como "derecho" en lugar de "privilegio". Alrededor de doscientas personas han hecho el recorrido de la Plaza de Jacinto Benavente a Lavapiés para exigir que se actúe contra un problema que llena de angustia la intimidad de las casas. La marcha estaba convocada Plataforma por un Nuevo Modelo Enérgetico, a la que se han adherido organizaciones como ATTAC, Ecologistas en Acción, sindicatos como CCOO y UGT y partidos políticos como Podemos, IU y Equo.

Las cifras sobre la pobreza energética son abrumadoras: casi cinco millones de hogares españoles no pueden mantenerse  en una temperatura adecuada durante el invierno. El pronóstico de las organizaciones es aún más desolador: alertan de que este problema se cronifica. El último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2016 sobre pobreza, que alerta de que el 11% de las familias tiene que ajustar su termostato a sus bajos ingresos. Mientras la crisis ha empobrecido a los españoles arrojándoles al paro o forzándoles a aceptar empleos precarios, la subida de la luz ha seguido su curso. FACUA y Consumidores en Acción alertaban en un estudio conjunto de un aumento de la factura de un 76% en los últimos 10 años. Este conjunto de factores ha hecho que cocinar en la vitrocerámica o encender las luces haya pasado de ser una actividad básica a constituir un lujo para muchos hogares.

Las consecuencias más graves de la pobreza energética son para la salud física y mental, el frío puede agravar, por ejemplo, la situación de los enfermos cardiorespiratorios. El mencionado informe descubre una tasa de mortalidad invernal de 7.000 personas al año. Sin embargo, las consecuencias de este fenómeno reales son difíciles de calcular porque no hay estadísticas que relacionen directamente el fallecimiento con estas circunstancias.

La crisis ha provocado una hecatombe en muchos hogares, pero muchas veces no son problemas individuales sino sistémicos. También hay un poso de años de malas políticas. Estas son las cinco claves de por qué las organizaciones consideran el sistema injusto y han salido a protestar contra él.

1. Contra los más vulnerables. El incremento de la factura afecta más a las familias o individuos con pocos recursos. No solo hay que sumar el desempleo que ha dejado la crisis, que sigue siendo alto, sino también a los nuevos trabajadores pobres, con contratos a media jornada o por horas, cuyos salarios no son suficientes para vivir sin preocupaciones. “La pobreza no es solo no poder pagar las facturas, sino también que pagar la luz signifique un porcentaje alto de los ingresos”, explica Javier Espinosa, responsable de Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. El impago y el corte de suministros son la consecuencia de meses de hacer equilibrios en la cuerda floja. No poder poner la calefacción es una realidad dura para cualquier persona, pero son “los mayores, los niños pequeños y los enfermos los que más sufren”, tal y como explica Cristina Rois, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. La experta también apunta a las personas mayores como el objetivo de comerciales que llaman a la puerta de casa y ponen sobre la mesa ofertas que en nada favorecen al consumidor.
2. La desinformación. Frente a los problemas o abusos, los ciudadanos están desarmados. Muchas veces la información no llega y son las asociaciones las que asesoran a las personas que acuden a sus sedes buscando ayuda. La contratación de energía es poco transparente, pero no es el único problema. “Nos encontramos con personas que intentan ahorrar, pero lo hacen de forma errónea. Por ejemplo, intentan apagar las luces para recortar gastos, pero sería más efectivo apagar algunos aparatos eléctricos o prescindir de lavar con agua caliente”, apunta Carlos Pesqué, de la organización Economía y Desarrollo (ECODES). Esta organización tiene programas de asesoramiento para familias desde 2013, aunque su vocación es ambiental, se dieron cuenta de que sus consejos sobre ahorro energético podían servir para descargar de gastos a las familias en riesgo de exclusión. En su día a día, se encuentra con personas que no saben cómo reducir su factura eléctrica. Contratos de mantenimiento innecesarios, tener una potencia mayor de la necesaria (aconsejada seguramente por algún comercial) o los problemas para solicitar el bono social son algunos de los problemas que los hogares no saben resolver. “A muchas personas le están rechazando la solicitud del nuevo bono por fallos en la documentación”, explica Pesqué respecto a la confusión que a veces tienen los ciudadanos, que no conocen los recursos.
3. Situaciones peligrosas. En algunas ocasiones, no poder pagar la factura energética tiene consecuencias graves. Pesqué recuerda algún caso donde la desesperación y la desinformación forman un cóctel peligroso: “Encontramos muchos casos en los que lo primero de los que se prescinde es de lo que desprende luz. Por ejemplo, una persona mayor nos contó que no enciende las bombillas por la noche cuando va al baño, con el riesgo que eso conlleva para ella”, explica Pesqué. Espinosa también habla de conductas que suponen más peligro que encender un radiador: “También se está volviendo a la utilización de braseros, que pueden provocar accidentes como la asfixia".
4. Casas que dejan escapar el calor. Aunque la crisis se ha llevado el modo de vida de muchas personas, también hay otros factores que hacen que haya un uso poco eficiente de la energía y que se extendieron con el boom inmobiliario. “Las casa están mal construidas, el calor se escapa”, asegura Rois sobre la ineficiencia energética de muchos edificios españoles y que hace que sean necesarias muchas más horas de calefacción para alcanzar una temperatura satisfactoria. Aunque adaptar los edificios ya existentes a las necesidades energéticas podría haber generado un buen número de trabajos para un sector en crisis como la construcción, aún sigue sin pensarse a largo plazo.
5. Muchos años de políticas erráticas de los Gobiernos españoles. “Queremos una ley integral de pobreza energética que tenga en cuenta todas estas circunstancias. El bono es un parche”, explica Rois. Estas organizaciones no entienden el modelo energético español, que impone el famoso ‘impuesto al sol’ en un país muy rico en luz natural y que obliga al país a importar. La única explicación posible es mantener el pastel que las grandes empresas energéticas no quieren perder. “Es el intento de mantener el status quo. Las trabas del Gobierno a las renovables ha desincentivado y asustado a la gente”, reflexiona la experta. También se quejan de que las pocas iniciativas que salen adelante se encuentren con piedras en el camino, como la ley valenciana contra la pobreza energética que el PP recurrió al Tribunal Constitucional.