POL CARRIÓN I HUGUET | Publicado: - Actualizado: 16/4/2018 23:49

Oficina de la Agencia Tributaria. / Efe

Pol Carrión i Huguet | La Talaia Roja

¿Se han preguntado alguna vez cuánto dinero perdemos cada año como sociedad debido a la evasión fiscal y a la economía sumergida? Según el artículo “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.709 millones de euros como consecuencia de estos fenómenos. Si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el informe de CCOO Cartografía de los recortes, entre 2009 y 2014 el Estado español recortó en 31.481 millones de euros el gasto público en salud, vivienda, educación y cultura, o que, según el Banco de España, la banca recibió 54.353 millones de euros en ayudas para ser rescatada, nos damos cuenta de la magnitud del impacto que la evasión fiscal y la economía sumergida tienen sobre nuestro Estado del Bienestar y, por extensión, sobre nuestra calidad de vida.

De hecho, ¿qué podríamos hacer en España con 72.709 millones de euros más de ingresos públicos anuales? Veamos algunos ejemplos para el año 2016. En primer lugar, y con datos de Eurostat en la mano, aumentar el gasto público en salud de un 6% a un 8,6% del PIB, tal como pasa en Dinamarca (el país de la UE-15 que más gasta en este capítulo), “sólo” nos costaría unos 29.293 millones de euros anuales. En segundo lugar, aumentar el gasto en educación del 4% hasta el 6,9% del PIB, tal como pasa en Dinamarca (de nuevo, el país de la UE-15 que más gasta en este capítulo), “sólo” nos costaría unos 32.823 millones de euros anuales. En tercer lugar, aumentar el gasto en protección social de un 16,8% a un 23,4% del PIB, tal como pasa también en Dinamarca, “sólo” nos costaría unos 75.343 millones de euros. Por lo tanto, sólo eliminando el impacto de la economía sumergida en los ingresos públicos de las administraciones españolas nos podríamos poner, en un solo año, al nivel de Dinamarca en cuanto a salud y educación, o casi al mismo nivel en protección social. Por otro lado, no podemos acabar la revisión de cifras sin tener en cuenta que en 2016 los ingresos públicos representaron en España un 37,7% del PIB, por un 53,2% en Dinamarca. Si los ingresos del sector público español para aquel año hubieran sido equivalentes al 53,2% del PIB, las arcas públicas hubieran ingresado casi 177.737 millones de euros más.

Así pues, tal como podemos ver con los datos, la evasión fiscal y la economía sumergida representan una amenaza directa para nuestro bienestar social. ¿Y qué podemos hacer para luchar contra esta lacra? La mejor manera de abordarla es tener un sistema impositivo eficaz que garantice que el sector público tenga unos ingresos suficientes para podernos ofrecer, como ciudadanos, el nivel de bienestar y servicios públicos que corresponderían a nuestra riqueza. Demos un vistazo a la receta que nos ofrecen Dinamarca, Noruega y Suecia.

La cuadratura del círculo del sistema impositivo escandinavo

Pero, ¿por qué los países escandinavos? Desde una perspectiva progresista, su modelo es triplemente interesante porque su sistema impositivo eficaz va en paralelo a una presión fiscal elevada, una redistribución extensa de la renta y un crecimiento económico robusto. Se trata de una combinación de elementos que los economistas neoliberales considerarían, a priori, imposible, y esto hace que este modelo sea todavía más atractivo desde un punto de vista político.

En el artículo “How Can Scandinavians Tax So Much?“, el profesor Henrik Jacobsen, de la London School of Economics, analiza tres dimensiones que, según su parecer, podrían explicar el éxito del sistema impositivo escandinavo. En primer lugar, se trata de sistemas en los cuales la información procedente de terceras partes cubre una gran parte de la renta sujeta a impuestos. Nos referimos a información procedente de los empleadores y del sector financiero, la cual permite a la hacienda de un país conocer las transacciones de mercado realizadas entre los contribuyentes y terceros agentes.

En este sentido, varios estudios demuestran que los contribuyentes tendemos a ser buenos cumplidores en cuanto al pago de impuestos en aquella renta sujeta a terceras personas, mientras que somos grandes evasores de impuestos en relación con la renta que tendríamos que declarar nosotros mismos y que no está sujeta al escrutinio de terceras partes. Así pues, el hecho que en un país como Dinamarca cerca del 95% de toda la renta de los contribuyentes esté sujeta a este escrutinio de terceras partes explicaría que se registren tasas de evasión de sólo el 2,2% de toda la renta. Como último apunte en este apartado, Jacobsen destaca la relación negativa que existe entre el peso de la recaudación impositiva sobre el PIB de los países, por un lado, y el peso de los trabajadores autónomos y de los empleados en “trabajos evasivos” que proporcionan servicios al consumidor intensivos en mano de obra (el autor cita el ejemplo de los carpinteros o de los peluqueros).

En segundo lugar, Jacobsen destaca que los sistemas impositivos escandinavos no permiten niveles elevados de elusión fiscal, es decir, que recogen pocas vías legales que permitan al contribuyente reducir significativamente el pago de impuestos. Esto lo consiguen estableciendo unas bases imponibles amplias que no pueden ser reducidas a través de deducciones, exenciones u otros mecanismos similares. Recordemos, en el caso de España, que, cuando hacemos la declaración de la renta, podemos reducir la cantidad de esta renta sujeta a impuestos (es decir, la base imponible) mediante, por ejemplo, las aportaciones que hacemos a planes de pensiones privados. En el caso de los países escandinavos el contribuyente no tendría a su alcance un abanico demasiado amplio de este tipo de herramientas.

Finalmente, Jacobsen indica que el éxito de los sistemas impositivos escandinavos descansaría también en un gran gasto público focalizado en los complementos al trabajo. En este sentido, el autor destaca que la eficiencia de un sistema impositivo no puede ser completamente entendida sin considerar cómo se gastan los ingresos públicos. Así, los países escandinavos se caracterizarían por un elevado gasto público en programas de transferencias sujetas a la renta, en la provisión pública y subvención de bienes que son complementarios al trabajo (p. ej. escuelas de infancia, atención a la dependencia y transporte), y en el ámbito educativo. Las dos últimas características, y especialmente la provisión y subvención de bienes complementarios al trabajo, compensarían los efectos negativos que la primera pudiera tener sobre la tasa de ocupación, y de hecho impulsarían el suministro de mano de obra, lo que, a su vez, reforzaría la eficiencia de la redistribución de la renta y haría innecesarios programas de beneficios fiscales para las rentas más bajas, muy típicos en otros regímenes del Estado del Bienestar.

Con todos estos elementos, los países escandinavos consiguen, como indicábamos anteriormente, luchar de forma efectiva contra la evasión fiscal, lo que permite lograr niveles bajos de economía sumergida. Así, según el informe “Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?“, publicado por el FMI, Dinamarca, Noruega y Suecia registraron en 2015 una media de economía sumergida del 13,84% del PIB, cuando en España este porcentaje se elevaba hasta el 22,01%. A su vez, estos mismos países registraban unos niveles de desigualdad por debajo de la media de la UE-15, con un coeficiente de Gini mediano de 26,0, cuando en el Estado español era del 34,6 y en el conjunto de la UE-15 del 29,6.

Lecciones que no permiten copias

A pesar de estas lecciones que nos enseñan los países escandinavos, el mismo Jacobsen afirma que una parte del éxito de estas políticas fiscales estaría relacionado con factores sociales y culturales característicos de estas sociedades. Concretamente, elementos como una mayor confianza en los propios conciudadanos, una mayor cohesión social o la creencia mayoritaria que la pobreza de los individuos no está relacionada con la pereza o su carencia de voluntad contribuirían positivamente a incentivar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales por parte de la ciudadanía, a la vez que el propio diseño de las políticas y las instituciones reforzaría estos factores sociales y culturales mencionados, en lo que podríamos describir como un círculo virtuoso en el cual cada uno de los elementos se retroalimentan entre ellos positivamente.

Esta realidad permite concluir al autor que “replicar las políticas y las instituciones escandinavas en sociedades que son fundamentalmente diferentes es improbable que sea alcanzable o quizás incluso deseable”. Ahora bien, aún así Jacobsen señala que la experiencia escandinava puede ser útil a la hora de inspirar políticas fiscales en otras latitudes.

Retos propios que necesitan ser abordados

Como último apunte hay que destacar que, dentro de España, existen un conjunto de retos endógenos a los que hay que hacer frente si se quiere avanzar hacia un sistema fiscal eficaz que permita garantizar el bienestar que la riqueza disponible permitiría ofrecer a la ciudadanía del conjunto del Estado. En este sentido, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya ha indicado en varias ocasiones algunos elementos sobre los cuales habría que actuar con urgencia:

  • Aumentar la inversión en la Agencia Tributaria. Actualmente el Estado español dedica un 0,1% del PIB a este concepto, cuando la media europea más que duplica esta inversión. Tengamos en cuenta que el propio Estado ha reconocido que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal, se recaudan diez.
  • Aumentar el número de inspectores de hacienda. Actualmente en el conjunto del Estado español hay un trabajador de la Agencia Tributaria por cada 2.000 contribuyentes, cuando la media europea es de un trabajador por cada 800 o 900 contribuyentes.
  • Redistribuir los medios para atacar las grandes bolsas de fraude. La Agencia Tributaria destina más del 80% de los efectivos a controlar personas con nómina, PYMES, autónomos, etc., es decir, contribuyentes que ya están controlados. Ahora bien, la realidad es que más del 70% del fraude fiscal es cometido por grandes empresas y grandes fortunas.
  • La necesidad de implementar estas medidas se hace evidente cuando tenemos en cuenta que, por un lado, cada contribuyente español está pagando entre 800 y 1.000 euros más en impuestos debido al fraude fiscal de terceros, y que, por el otro, equiparar el nivel de economía sumergida que hay en España con la media de los Estados de su entorno reportaría a las arcas públicas una recaudación extra de 40.000 millones de euros.

Sólo con el desarrollo de estas medidas, junto con una reforma fiscal que aumente la progresividad del sistema y eleve la cantidad de impuestos recaudados por el sector público, se podrá avanzar hacia una mayor redistribución de la riqueza y hacia el aumento del bienestar del conjunto de la sociedad. ¿Nos ponemos a ello?

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