La presidencia de IU aprueba la expulsión de Gordo y Pérez sin votos en contra

Actualización de las 21:35 con ampliación de la información y declaraciones de Libertad Martínez

La Presidencia Federal de IU ha decidido expulsar del partido a Ángel Pérez y Gregorio Gordo, actuales portavoces en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, respectivamente. La decisión se ha tomado por 31 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones tras escuchar la resolución del expediente sancionador abierto contra ellos por falta muy grave. En cualquier caso, esta decisión no supone la inmediata destitución de sus puestos. Habrá que esperar a las reacciones de los propios afectados, ya que en los últimos días ambos, han considerado ilegal la medida y han anunciado que tendrá que resolverse en los tribunales. Habrá que esperar también a conocer si hay postura oficial de la dirección de IUCM, que hasta el momento se ha mostrado partidaria de mantenerlos en sus puestos. La actual coordinación colegiada madrileña no se reúne hasta el Lunes.

Henar Moreno, una de las instructoras de este expediente, junto a Amanda Meyer, explica a cuartopoder.es que la expulsión se notificará directamente a los afectados y también a IUCM para que la efectúen. “No cabe la posibilidad de que la medida no se cumpla”, destaca. “Tenemos una base de datos federal, ahí se ejecutará la baja una vez que se notifique”. En cualquier caso, la resolución puede ser recurrida ante la Comisión de Garantías o incluso en juicio, como ya dejó entrever el miércoles Pérez. “Creemos que el órgano competente, la Presidencia Federal, ya lo ha aprobado y se ejecutará”, sentencia Moreno.

El conflicto de IU con Pérez y Gordo comenzó el pasado mes de octubre. Al conocerse el escándalo de las tarjetas black de CajaMadrid, el partido decidió ir más allá de la figura de Moral Santín, el consejero que IU puso en la entidad en su momento y que llevaba fuera del partido desde 2012. Se trataba de establecer responsabilidades políticas por estas actuaciones en la ex-caja de ahorros y los señalados fueron las personas que estuvieron como coordinadores en Madrid en los años del escándalo. A pesar de la suspensión de militancia del diputado Antero Ruiz, señalado por su relación directa con el pacto de estabilidad de CajaMadrid en 2009, desde el primer momento ya se vio que resolver este asunto no iba a ser fácil y la primera resolución de la Presidencia Federal fue rechazada y contestada duramente por IUCM. Tras eso, la dirección federal y la de Madrid se han ido pasando la pelota durante dos meses.

Una comisión de investigación formada por los dirigentes Ramón Luque, Antonio Cortés, Manuel Fuentes y Lola Sánchez dictó una nueva resolución tras entrevistar a casi una treintena de personas cercanas al tema. A mediados de diciembre, la Presidencia aprobó estas conclusiones y volvió pedir a IUCM que las hiciera efectivas. Ese día salieron específicamente los nombres de Pérez y Gordo, algo que hasta entonces no había pasado. Volvía a tener la palabra IUCM, mientras Cayo Lara, como aseguró en entrevista con este medio, no contemplaba ninguna otra hipótesis que no fuera que Pérez y Gordo dejaran de ser portavoces. Lara se equivocó. Los implicados y su sector afín no reconocían legitimidad en esta sentencia e incluso la interpretaban de otra manera. Ya en enero, los grupos parlamentarios decidían por mayoría mantener a ambos portavoces, algo que tensó aún más la situación ya que fue calificado por algunos dirigentes como una afrenta a la dirección federal.

Así las cosas, y esperando que ambos dimitieran, los coordinadores generales pidieron su expulsión, algo que se materializó el pasado 30 de enero, cuando se les abrió el expediente que ha sido resuelto hoy y se les desautorizó políticamente.

La medida no parece que vaya a solucionar el conflicto interno que sigue viviendo IUCM. Las dos corrientes principales siguen trabajando por su cuenta. Esta misma tarde, el sector de Mauricio Valiente celebra una asamblea abierta y un acto político agrupados bajo el nombre Cambiar Madrid y con el telón de fondo del debate sobre la convergencia política en la ciudad. Valiente ha señalado que la expulsión es un acto "legal" y de "justicia". El salón de actos ha recibido esta noticia con aplausos y gritos de "sí se puede". La política de convergencia se resolverá presumiblemente, al menos la opinión del Consejo Político Federal, mañana en este mismo órgano. Justo hoy, el excoordinador de IUCM, Eddy Sánchez, que dimitió tras las primarias, recordó que el problema en su federación es político y no disciplinario.

Críticas al proceso

A pesar de no haber ningún voto en contra, ha habido personas que no han participado en la votación, ya que son 70 los integrantes de la Presidencia Federal. Aparte de algunos dirigentes que no han asistido, no han querido votar ni los representantes de la dirección de IUCM ni ninguno de los miembros de Izquierda Abierta, en total 12 entre ambos. Las razones de Izquierda Abierta, sus críticas al proceso, según han explicado a cuartopoder.es fuentes oficiales de este partido. “No hemos votado por defectos graves en el procedimiento, siendo el expediente lamentable desde el punto de vista jurídico: no han comparecido los "condenados"; no han tenido representantes; deja impune a la Ejecutiva que en 2009 nombró a Moral Santín; abre la puerta a que los condenados denuncien a IU; y se parece más a un juicio de honor militar y no un juicio de Ley. Queremos hablar de estrategia electoral; propuestas políticas para ganar Madrid y España; crear candidaturas de frente amplio. Es el momento de hablar de política y no de luchas internas. Todos los miembros de IzAb no hemos votado o hemos abandonado la Presidencia al ver la inconsistencia del expediente”.

Libertad Martínez, integrante de la dirección colegiada y de la Presidencia Regional madrileña, cercana a Pérez y Gordo, explica a cuartopoder.es su visión del asunto. Eso sí, dice hacerlo como militante y no como fuente oficial de la dirección. "Lo que ha sucedido esta tarde, si sucedería en cualquier espacio del Estado español, organizaríamos una manifestación de miles de personas. Se ha vulnerado el Estado de Derecho. Se ha aplicado una norma a unos señores que no han sido ni tan siquiera llamados", destaca. Mantiene la diputada madrileña que las competencias sobre estas medidas pertenecen a IUCM y que así lo explica "el sentido común" y las "normas que hemos aprobado todos". Martínez señala que deberían haber tenido derecho a defenderse.

Hace referencia también a que ya hicieron lo que tenían que hacer siguiendo al pie de la letra la resolución que decía que Pérez y Gordo tenían que poner sus cargos a disposición. Además recuerda que nadie se presentó a las portavocías y por eso se ratificó a ambos en los grupos parlamentarios. Por último, señala que se ha presentado un manifiesto, con el título IUCM, la mejor herramienta política, al que ha tenido acceso este medio. En él han recogido cerca de 500 firmas de militantes y cargos de IU en el que afirman lo siguiente: "Nos parece injusto, inaceptable y fuera de lugar que se pretenda apuntar a los portavoces del grupo municipal de Madrid y del grupo parlamentario de la Asamblea regional como responsables políticos de una conducta personal que desconocían y que ellos mismos han condenado. Por otro lado, la capacidad de adoptar medidas que afecten a los grupos institucionales de una comunidad corresponde única y exclusivamente a la federación afectada". El texto también reivindica el papel de IU y una política de convergencia manteniendo la identidad de la formación.