El PSOE quiere obligar por ley a las empresas a pagar todas las horas trabajadas

Pagar por las horas exactas que se trabajan. Aunque parece un planteamiento básico de las relaciones laborales, lo cierto es que para muchos empleados es una quimera. Muchos de los trabajadores que han conseguido sortear los despidos en los años de crisis han visto multiplicado su tiempo de trabajo o las horas extras en su horario, y algunas veces sin ningún tipo de remuneración. Por eso, el PSOE presentó la semana pasada una proposición de ley ante la mesa del Congreso de los Diputados para modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir “la obligación de registrar diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador”.  Es decir, imponer por ley lo que hace unos meses se presuponía. 

“No es una propuesta para que el empresario controle al trabajador, sino para que el trabajador pueda demostrar las horas que trabaja y que se las paguen”, asegura Rocío de Frutos, la diputada socialista que encabeza esta iniciativa. Según ella, la intención de esta propuesta es impedir “que se contrate a un trabajador por unas horas concretas y que después se trabajen horas extraordinarias”, “una práctica empresarial habitual” que, según le ha explicado la diputada a este diario, “es mala para la salud del trabajador, la conciliación y para las arcas públicas, porque es tiempo por el que no se paga ni se cotiza”. El registro se haría día a día, con el horario concreto de entrada y salida y con la obligatoriedad de que la empresa conservara los archivos durante cuatro años.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2015 los trabajadores hicieron unas 6,2 millones de horas extraordinarias de media, de ellas, más de la mitad, 3,48 millones no se pagaron. Desde que comenzó la crisis, las horas extras han disminuido, pero esa reducción se ha cebado especialmente con las pagadas, mientras que “la que no se retribuyen apenas han caído entre 2008 y 2015”, asegura el texto de la iniciativa. Mientras que en 2008 no se pagaron el 39% de las extras, en 2015 no se retribuyó el 56% del tiempo adicional de trabajo.

Esta propuesta de ley tiene como punto de partida una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de marzo, que interpretó que el registro de horas trabajadas por parte de las empresas solo era obligatorio en el caso de las horas extraordinarias y no en la jornada habitual, eliminando esta obligación. Hasta ese momento, los inspectores podían reclamar ese registro de la jornada a las empresas, pero el fallo judicial les dejó sin ese poder. Esta interpretación se realizó después de que Bankia recurriese una sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 2014 en la que se condenaba a la entidad a establecer un sistema de registro de su plantilla. El Alto Tribunal consideró entonces que el banco tenía razón. “Esa sentencia es preocupante, porque dejó sin margen a los inspectores de Trabajo. Aún así ya advertía de que esto debía ser regulado y hubo varios votos particulares”, aclara De Frutos.

“También queremos que se recoja el derecho del trabajador a tener una jornada regular. En el Estatuto de los trabajadores hay una parte de la jornada que puede ser flexible, aunque es una parte pequeña, pero en nuestra praxis empresarial se ha impuesto que los trabajadores tienen que ser a la carta: que vayan a trabajar cuando el empresario quiere”, explica De Frutos. En el mismo texto piden modificar también la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para que la falta de registro de estas horas tenga una sanción “grave”, un requisito indispensable para que los empresarios se tomen en serio estas medidas.

Menos horas sin pagar, más puestos de trabajo

Este proyecto de ley aún tiene que ser debatido y votado por el resto de grupos, ya que está en una fase de propuesta. Sin embargo, De Frutos se muestra optimista a la hora de las negociaciones: “Ya no hay mayoría absoluta y hay más grupos que pueden estar a favor”. Para los socialistas no es suficiente la recuperación económica de la que presume el Gobierno y que arrojó un descenso del paro de 111.908 personas el pasado mayo, dejando una cifra de 3.461.128 desempleados, según los datos del ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Para De Frutos, dos de los perjuicios más graves de estas 'extras' que no se pagan son los ingresos que deja de percibir la Hacienda Pública y los potenciales empleos que se dejan de crear: “Todos conocemos empresas que funcionan con un solo trabajador contratado”, explica la diputada gallega. De hecho, en el programa de Sánchez para las primarias socialistas se hablaba de las 35 horas trabajadas a la semana para redistribuir los (escasos) puestos de trabajo y compensar el paro tecnológico, un escenario que aún parece inalcanzable si no se respetan, al menos, las 40 horas trabajadas establecidas actualmente por la ley.

Para De Frutos, hay tres sectores que están abandonados por el mercado laboral: los mayores de 55 años, que se convierten en parados de larga duración y sin posibilidad de reingreso; los jóvenes, que sustentan el sistema a base de precarización, y las mujeres, que sufren la brecha salarial o los techos de cristal. Fue Pedro Sánchez el que apuntó en su discurso ante el Grupo Parlamentario Socialista que trabajarán, en ese "rescate a la juventud", por eliminar la figura del becario no remunerado, una figura que se ha usado en los últimos años para cubrir puestos de profesionales en muchas empresas. "El contrato de formación es el más infrautilizado. Si un estudiante hace el trabajo de un profesional, hay que pagarlo", apunta De Frutos.

Este 'nuevo PSOE' también ha hecho gestos para recomponer las relaciones del partido con los sindicatos, que comenzaron a resquebrajarse con la reforma laboral del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Además de invitar por primera vez a Comisiones Obreras a intervenir en un Congreso Federal, el secretario de área de Política Económica y Empleo, Manuel Escudero, y el secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales, Toni Ferrer, asistieron el miércoles 21 de julio al acto de apoyo a los sindicalistas Rubén Ranz y José Maud Nogales, dos sindicalistas de UGT para los que se pide siete años de cárcel por ser piquetes en la huelga de marzo de 2012.  La fiscalía se ampara en el artículo 315.3 del Código Penal, que el Congreso aprobó derogar hacer unas semanas.