Montoro lleva los presupuestos al Congreso fuera del plazo constitucional y sin los apoyos atados

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. / Congreso

Este martes, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, acudirá al Congreso con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 bajo el brazo. Las cuentas llegan a la cámara legislativa tarde y sin apoyos garantizados para su aprobación final. Si no consigue el respaldo suficiente en las próximas semanas, pondrá en evidencia un gobierno tan débil como para no ser capaz de sacar a flote las cuentas anuales.

El artículo 134.3 de la Constitución ordena al Gobierno que presente los PGE  “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Por lo tanto, Mariano Rajoy lleva las cuentas al Congreso con seis meses de retraso. Sin embargo, en el siguiente epígrafe, la Carta Magna arroja un ‘flotador’ a los presidentes en apuros, ya que prevé que si esta Ley “no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior”. Por tanto, si el presidente del Gobierno no logra en las próximas semanas sacar adelante las cuentas, será un fracaso político y dificultará la acción de Gobierno, pero no existe un límite a la prórroga de las cuentas anteriores, según los expertos constitucionalistas consultados por este diario.

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De momento, el PP tiene el 'sí' de UPN, Foro, Ciudadanos y Coalición Canaria, pero no es suficiente para superar el primer trámite: el debate a la totalidad, que se celebrará, previsiblemente, durante la última semana de abril. Aún necesita el apoyo del PNV, que sigue negándoselo mientras el artículo 155 de la Constitución siga activo en Cataluña. Incluso, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, le ha pedido este lunes “cinco votos al azar” al PSOE para poder pasar este primer trámite. Después, en las enmiendas parciales, necesitaría el apoyo de Nueva Canarias, que ya sacó un jugoso acuerdo en los PGE 2017. 

En el caso de que el Gobierno no lograra que el Congreso diese luz verde a sus cuentas, el Estado tendría que seguir operando con las del año anterior, según las fuentes consultadas. Las partidas menos afectadas serían aquellas que son de “ejecución plurianual", mientras que las nuevas promesas electorales de Montoro tendrían que esperar. El ministro también podría optar por aprobar por decreto ley algunas de sus medidas estrella, como la subida salarial a los funcionarios. Entonces, serían el resto de fuerzas las que deberían decidir si votan o no para que estas medidas salgan adelante.

Un batacazo político

“La aprobación del presupuesto es una especie de cuestión de confianza anual. Si no se aprueban, es síntoma de que no cuentan con el respaldo de la cámara y eso es la antesada de crisis de un sistema parlamentario de Gobierno”, explican los expertos consultados sobre la trascendencia política de este rechazo que, sin embargo, no tiene consecuencias jurídicas.

Mientras Pedro Sánchez cree que se “incumple el artículo 134 de la Constitución por parte del Gobierno de España”, en las filas ‘populares’ restan drama a esta situación: “El punto 4 de este artículo dice que en el caso de que no haya presupuestos se prorrogarán. Es, por tanto, una circunstancia constitucionalmente prevista y recogida, por lo que no hay incumplimiento alguno. De hecho, España los tiene prorrogados desde el 1 de enero. Más bien da la impresión de que algunos, a falta de poder tener una crítica seria y razonada de los PGE, tienen que andar estrujando argumentos un tanto kafkianos. España ha tenido presupuestos prorrogados con otros gobiernos, como sucedió con Rodríguez Zapatero o Felipe González”.

En gobiernos en minoría, los presidentes han recurrido históricamente a la fuerzas nacionalistas para apuntalar sus proyectos de ley. Cuando les prestan su apoyo, sacan jugosos beneficios, pero cuando se lo retiran, ponen al Gobierno en un serio aprieto, como en el caso de González, que en 1996 tuvo que adelantar las elecciones generales cuando CiU le retiró el apoyo a sus cuentas.

El PNV: de aliado a “chantajista”

La aplicación del artículo 155 en Cataluña ha pasado factura a ciudadanos y políticos, incluido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ve bloqueados su proyecto de presupuestos por la negativa del PNV a negociar mientras las competencias autonómicas no vuelvan a la Generalitat. La investidura de un nuevo president sin cargas judiciales permitiría poner fin a este artículo y, por tanto, abriría de nuevo la posibilidad de negociación con los vascos.

Mientras el Ejecutivo intenta seducirles, Maroto anima al PSOE  a prestarle esos cinco apoyos para evitar "chantaje" de los 'jetzales’. Rivera, que ya ha dado su apoyo a los presupuestos, continúa con su discurso contra el nacionalismo, que tan bien le ha funcionado en las encuestas con respecto a Cataluña. En sus críticas, dispara precisamente a los dos partidos que son potenciales caladeros de votos. Apunta a un PSOE “podemizado” y a un Rajoy que se lleva “las manos a la cabeza”: “Ciudadanos ya advirtió que los nacionalistas no eran de fiar porque solo miran por sus privilegios o su interés territorial”.