La Audiencia Nacional abre diligencias contra los CDR por querer «subvertir el orden constitucional»

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Levantamiento de peajes por los CDR ayer en la AP7. / CDR Oficial (Twitter)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha anunciado que estudiará las acciones de los Comités de Defensa de la República como posible delito de rebelión. Considera las acciones de los CDR como "intolerables" y pretende "llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos vandálicos actos". Según el comunicado, hecho público por Europa Press, la Fiscalía cree que los hechos buscan "la subversión del orden constitucional" y "ponen en peligro no solo la paz pública, sino la misma esencia del sistema democrático que los Fiscales estamos obligados a defender". Los CDR fueron noticia ayer domingo tras quitar las barreras en la AP-7 en plena operación retorno de Semana Santa.

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Este órgano entiende que el corte de carreteras o el levantamiento de peajes que se han producido en los últimos días pueden dar lugar a "investigaciones penales de todo tipo" contra los responsables de estos actos. Esta paso contra los CDR está amparado también por la Fiscalía General del Estado.

El ministerio público aprecia, además, que en las acciones de los comités se ensalza a los políticos catalanes encarcelados, "personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la rebelión", aluden en su comunicado.

Los grupos CDR están distribuidos territorialmente y nacieron para posibilitar el referéndum del pasado 1 de octubre protegiendo, por ejemplo, los colegios donde se instalarían después las urnas. Desde entonces, sus actividades en defensa de la construcción de la república catalana no han cesado y, tras la detención del expresident Carles Puigdemont, han intensificado su labor en la calle y han saltado a los titulares de los medios de comunicación.

"Dichas conductas, que a la vista de los últimos acontecimientos pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, no serán permitidos y la Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a sus autores ante la Justicia", asevera el comunicado hecho público este lunes.