La Constitución no se toca (de momento)

Las declaraciones sobre la Constitución han sido muchas. Desde las que abogan por eliminarla y hacer otra nueva, republicana a ser posible, a las que proclaman la necesidad de su reforma o dejarla simplemente como está. Pero el 40 aniversario de la Carta Magna, con sus fastos, no ha podido ocultar la gran verdad: los poderes fácticos –que sigue habiéndolos y algunos actuando como cuando se elaboró esa Ley de Leyes con el franquismo latente, esos que dictan entre bambalinas la auténtica hoja de ruta de los Estados- no quieren que se toque ni para modificar aquello en que todo el mundo coincide.

Por ejemplo, que una mujer, la princesa Leonor, pueda ser reina como primogénita y no quede al albur del nacimiento de un hermano varón. Además, conociendo esa disposición de los poderosos de la economía, la milicia, las instituciones ancestrales y otros ejes centrales de la carreta política, todos los partidos, añadiendo sus propios intereses legítimos de representatividad de sus gentes y territorios, han optado por el “so” frente al “arre”.  

Políticamente hablando, la Constitución del 78 no se toca. Y cuando haya que hacerlo puntualmente, pues eso. Lo mejor, dicen, será esperar a que el problema se ponga sobre la mesa sin remedio. Es decir, hacer lo que se ha hecho hasta ahora cuando, por ejemplo, obligados por la Unión Europea, se modificó el articulado para que pudieran votar los extranjeros residentes en las elecciones municipales. O como cuando, por imposición de unos señores que apellidamos “mercados”, esos de los que decía Felipe González cuando aún tenía sentido del humor que no sabía quiénes eran porque no se los habían presentado nunca, se modificó el artículo 135 sobre el déficit y el popularmente conocido como techo de gasto que exige a los gobiernos de la UE el recorte del Estado de Bienestar en los anuales Presupuestos Generales del Estado.

Lo peor es que la gente ignora que todos los que hicieron la Constitución del 78 la trajeron al mundo con fórceps y sabiendo perfectamente que tenía un carácter provisional. Se hizo la cesta, pero sin decidir todo lo que acabaría metiéndose dentro. Los impulsores dejaron pendientes de resolver los grandes asuntos conflictivos jugando con las palabras a sabiendas. El de las autonomías es un buen ejemplo. No en vano se reconocen en ella las “nacionalidades” distinguiéndolas de las regiones incluso en las competencias que iban a tener. Aunque, hasta en eso, la provisionalidad fue tal que la selva volvió a ocupar la carretera, como sucede con las bienintencionadas autovías del Amazonas, cuando un 28 de febrero los andaluces forzaron un referéndum que les convirtió en nacionalidad, más allá de las históricas, lo que desbordó la presa de tal manera que enseguida llegaron otras como la canaria o la valenciana.

Un día, mientras se elaboraba, Adolfo Suarez, el presidente y líder del partido más votado, la  UCD, llamó a altas horas de la mañana a Miquel Roca. Le dijo que quería verle inmediatamente en La Moncloa, sin más detalles, y el portavoz de la derecha nacionalista catalana, de CiU, abandonó el Hotel Palace y salió pitando hacia allí. Para su sorpresa, se encontró a un Suárez ojeroso, agotado, que tenía sobre la mesa y sembrados por todo su despacho, montones de libros e informes –también jurídicos y actualizados- sobre la historia de la España plural que habitamos.

El presidente le dijo que estaba hecho un lio. “Para vosotros, qué es Cataluña”, le inquirió. Roca le respondió contundentemente que era una nación. Y Suárez, pensando en evitar otro cabreo más de los poderes militares que seguían siendo fieles a Franco y enemigos de la democracia, le espetó: “¿Y si le llamamos nacionalidad, os parecerá bien?”. O sea, que hubo nacionalidades porque había naciones dentro de España. Pero el asunto de su reconocimiento, tal cual, se aparcó. A las nacionalidades se le dieron las mayores competencias, las del artículo 151 de la Constitución, y a las regiones las del 143, unas pocas menos. Y, aunque a trompicones, hubo paz. Pero quedó pendiente la gloria. Y en esas estamos.

Así coló todo. Haciendo pasar por el aro monárquico a Santiago Carrillo y el PCE si querían ser legalizados (pero no porque reconocieran la bandera bicolor “de los borbones” como se ha dicho tanto en estos días, sino la bandera franquista, que era lo peor, dentro de lo malo). Privilegiando la educación privada, sobre todo la religiosa. Formalizando la genuflexión ante la Iglesia Católica al ratificar los Acuerdos con la Santa Sede. Convirtiendo en renuncia la concesión de no aludir a la memoria de los republicanos y combatientes antifranquistas que fueron víctimas del Régimen dictatorial. Etcétera, etcétera y etcétera.

Pero, salvo los fascistas cerriles que se habían beneficiado de la dictadura, todos los demócratas creyeron que aquella Constitución elaborada bajo la amenazada de los espadones de Damocles era sólo para echar a andar. Pensaban, con razón, que el tiempo ajustaría las cosas poniéndonos a la altura de la Europa moderna. Y que los artículos de la Carta Magna, como los menús, se adecuarían a la “nouvelle cuisine” política por más que algunos, como la AP de Manuel Fraga se abstuvieran en el titulo territorial o el PNV de Xabier Arzalluz se refugiase en las disposiciones adicionales para reclamar con el tiempo la autodeterminación.

Craso error. Ahora resulta que los mayores defensores de que no se modifique ni una coma del texto constitucional son los conservadores del PP que se lo tragaron como si fuera un sapo envenenado. Y que la provisionalidad con que nació la Constitución, como bien señalaban los propios ponentes que la elaboraron,  o el “rinnovarsi o perire” que todos los partidos alentaban hasta hace poco en privado (salvo los independentistas vascos y catalanes), son ideas de armario que, como mucho, llenan el congelador a la espera de tiempos mejores. Y si no, que se lo digan al presidente de la Comisión de Reforma Territorial del Congreso en la que se iban a incluir posibles modificaciones constitucionales para el inmediato futuro, el sabihondo diputado socialista José Enrique Serrano, quien se ha dado con un canto en los dientes sólo por el hecho de que se haya constituido la ponencia, aunque sea con ausencias miles y propuestas cero.

Pedro Sánchez, fiel a su singular nuevo estilo de presidente de rebote, inspirándose nada menos que en Suárez, no puede prometer, pero promete que cambiará la Constitución. Incluso en lo que afecta a la inviolabilidad del Rey, de quien asegura –y dice la verdad, según los allegados al joven monarca- que también sabe que la Carta Magna debe ser reformada.

Pero Sánchez –aunque buena y bien intencionadamente- solo hace propaganda. Como con los Presupuestos, dice yo haría esto, pero no me dejan. Y ahí queda. Y si no saca a Franco del Valle de los Caídos no es porque no quiera, sino porque no le dejan. Y reformaría muchas cosas de la Constitución, incluso en lo territorial, aunque sabe que lo que dice vale para la campaña por las municipales, autonómicas y europeas de mayo. Incluso avalará el sueño de mejoras con decretos leyes reales, que afectarán a los bolsillos humildes, sobre el SMI, las pensiones y el dinero para sanidad y educación aprovechando los resquicios de los Presupuestos que vuelve a heredar de Mariano Rajoy, solo que bien nutridos porque el PP los dotó bastante bien para repartir dinero pensando en esos comicios de mayo.

Además, Sánchez obliga a Pablo Iglesias a radicalizarse. Y ahora sí. Ahora Iglesias se olvida de la transversalidad y Podemos es republicana y sus seguidores pueden mostrar sus banderas tricolor en la Puerta del Sol, lo que les prohibía al principio. Incluso puede defender sin ambages el derecho a decidir de Catalunya aunque sean partidarios de que se quede en España. En contra de lo que teorizó Maquiavelo, la claridad siempre es buena en política. Pero tiene un precio. Hace poco lo decía Iñigo Errejón, cada vez más sabio y prudente: en un Barça-Madrid nadie va con el árbitro. Y, lamentablemente, se está votando más con las vísceras que con la cabeza. No solo en Catalunya. Que ahí hemos tenido a Andalucía.

Y luego están los independentistas catalanes y vascos. ¿Cambiar la Constitución, para qué?, dicen. Quieren la suya propia. Y algunos incluso recuerdan que la han acatado como parlamentarios “por imperativo legal”. ¿Entonces?

Pablo Casado, por su parte, lo tiene claro. A la Constitución no hace falta ni peinarla. Y Albert Rivera, como siempre, espera. ¿Hay que cambiar la Constitución? Pues sí, pero en lo que me convenga, que seguro que es lo que le conviene a los españoles, se dice tan pancho. Y encima sale Vox, la extrema derecha que convivía con la derecha en el PP. Y sin entrar en detalles, en vez de hablar de eliminar o cambiar de copas a bastos la Constitución, no oculta que quiere romperle la espina dorsal eliminando las autonomías y poniendo un muro más alto que el de Trump en México para que no entren los moros, que son los malos de siempre penos cuando sus mercenarios apoyaron a Franco en la cruzada contra los bolcheviques de 1936.

O sea que, como dicen en privado los que mandan en el Congreso dentro de los partidos, la Constitución no se toca. De momento. En esta legislatura. Pero es para pensar que por mucho, mucho tiempo si no hay catástrofes políticas imprevisibles. Que nadie engañe a nadie. Y cuidado con la buena voluntad, se dicen los unos a los otros. Que el camino al infierno, como lleva avisando la sabiduría popular desde que existe, está empedrado con buenas intenciones.