Una década de batalla por las remunicipalizaciones

  • En el último ciclo político ha habido decenas de servicios que han vuelto a la gestión pública
  • El resultado de esta apuesta a veces acaba en los tribunales con el poder político y económico enfrentados

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Tener “férrea voluntad” política para “batallar en un contexto hostil en el que el mercado manda e impone las reglas al poder político”. Así definen desde la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid las características del aquellos gestores públicos que se han atrevido a devolver servicios de la gestión privada a la pública durante el ciclo electoral que acaba de terminar. Esta plataforma ciudadana ha hecho un balance estatal de las decenas de servicios municipalizados desde 2010 a 2019 en un informe presentado hace unas semanas. Pero el camino hacia la recuperación de la gestión de los servicios está lleno de trabas. El pasado 23 de mayo, se dio a conocer otra decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que desestima un recurso contra la remunicipalización del ciclo del agua en Valladolid.

“Los servicios públicos se han ido privatizando cada vez con más frecuencia, no solo los municipales, es la tendencia de la sociedad capitalista que busca el beneficio de las empresas”, explica Loreto Nebreda, miembro de la  Plataforma por la Remunicipalización de Madrid sobre el origen del interés por volver a la gestión pública. El citado informe comienza su análisis en 2010, aunque reconoce que podrían faltar servicios en su lista. Su recopilatorio abarca desde el servicio de gestión del servicio de recaudación de impuestos de Oviedo, la gestión del Laboratorio de Albacete o gestión de los Módulos de Playas, Limpieza de Arena y Socorrismo de Cádiz. Los servicios de limpieza o la recuperación de la gestión directa del agua también ocupan buena parte del trabajo. “Se ha visto que la gestión privada no es un sistema eficaz y que en muchos sitios se ha tenido que revertir”, explica la portavoz.

La voluntad remunicipalizadora entró de lleno en el debate público en 2015, con la llegada de los llamados “ayuntamientos del cambio”, aunque ha tenido una aplicación desigual. Madrid, por ejemplo, ha remunicipalizado la gestión pública de BiciMAD, las funerarias, el parking de la Plaza de España o la gestión del Teleférico. Barcelona, por su parte, ha recuperado la gestión de la Atención a Mujeres, las Oficinas de Atención a la Vivienda, la televisión local Betevé, el servicio de Mantenimiento y Poda del Arbolado Viario, y el servicio de Control de Plagas de Palomas, tal y como indica el mencionado informe. También dio un paso importante cuando creó Barcelona Energía, aunque aún es pronto para medir sus resultados.

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Cuatro años después, Nebreda advierte de que no es un instrumento usado solo por formaciones de un color. Valladolid, gobernado por el PSOE y Valladolid toma la palabra, remunicipalizó la gestión del ciclo del agua, como también hizo el PP en Arteixo (A Coruña) en 2013, por citar un par de ejemplos de la última década.

El difícil camino de la remunicipalización

Los procesos de remunicipalización son controvertidos. Con solo teclear en Google, el ciudadano encuentra todo tipo de informes en distintos sentidos. La clave está en mirar quién lo firma. En este proceso confluyen muchos intereses en conflicto, que van desde el bienestar común al beneficio empresarial. De hecho, hasta la misma denominación genera debate. Muchos consideran que no se puede “remunicipalizar” algo de titularidad pública como lo son los servicios municipales, aunque la gestión se privatice.

En cualquier caso, las remunicipalizaciones son complejas y en algunas ocasiones han acabado en los tribunales. Hay varias vías para recuperar un servicio: esperar a que se acabe una concesión y preparar con antelación la transición, vigilar los incumplimientos de los pliegos de los contratos para revertir un contrato o negociar con la concesionaria la ruptura del contrato, una opción mucho más conflictiva y que supone una indemnización. Ante las complicaciones administrativas, la Asociación Española de Operadores de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha publicado un manual para remunicipalizar el servicio del agua.

En medio de los procesos privatizadores y de remunicipalización también queda la situación de los trabajadores. En algunas ocasiones han sido ellos los que han pagado el abaratamiento de costes durante la crisis en las licitaciones que han salido a concurso. Por eso, salvar las condiciones de las plantillas es otro de los puntos más delicados de estos procesos.

En los últimos meses, muchos ciudadanos han mirado a Valladolid. El consistorio recuperó la gestión directa del agua en 2017, con la creación de la empresa Aquavall, tras 20 años en manos de la compañía Aguas de Valladolid. Desde entonces su alcalde, Óscar Puente, ha tenido que dar muchas explicaciones. “La difamación es el precio a pagar por la decisión de quitarle a una empresa los beneficios que obtenía a costa de un bien esencial, como el agua, y devolvérselos a la ciudadanía, que los recibe íntegramente a través de las obras de renovación de la red que estaba abandonada”, decía uno de los tuits de un hilo que colgó hace poco en su cuenta de Twitter a propósito de un libro que tiene como protagonista el proceso de remunicipalización en la ciudad.

La posibilidad de remunicipalizar la gestión del agua venía marcada por una fecha: el fin del contrato de concesión. Por tanto, el gobierno de coalición de PSOE y Valladolid Toma La Palabra tenía que acometer una decisión. En principio, ambas formaciones partían de dos visiones diferentes, así que encargaron un estudio económico y de viabilidad para explorar los distintos modelos de gestión. “El informe externo dictaminó que esta era la forma más eficiente de gestión. Hacerlo de manera directa conlleva más responsabilidad, pero desde el punto de vista económico era más eficiente”, explica Pedro Herrero, portavoz del Ayuntamiento de Valladolid.

Herrero destaca que lo más importante era garantizar la “seguridad jurídica”. Durante los últimos meses, se han enfrentado a varias querellas  y se ha creado la Plataforma de Afectados por Aquavall, después de que una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) anulara en 2018 la ordenanza fiscal por la que Aquavall cobraba por el agua consumida. Según los datos del consistorio, se han archivado ya nueve querellas, la última este mismo martes.

Herrero se muestra muy tranquilo con la apuesta y esgrime como mejor argumento la normalidad: “Lo que el ciudadanos quiere es que abrir el grifo y que salga agua”. El portavoz cuenta que tras recuperar la gestión, los lobbies del sector se pusieron en marcha con la labor propagandística, pero no solo: “Nos dimos cuenta de que los argumentos del sector privado y la oposición eran los mismos”. De hecho, Herrero cree estos ataques obedecen a que al sector privado le “pone bastante nervioso” que otros ayuntamientos puedan copiar el modelo, pero también advierte de la complejidad de un proceso que no es para todos: “No hubiéramos podido hacerlo si no se diera la circunstancia de que acababa el contrato”.

El ejemplo de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza también conoce las dificultades de intentar remunicipalizar los servicios. Este consistorio, dirigido hasta las elecciones de mayo por Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, ha devuelto a la gestión pública el servicio de Atención al ciudadano 010, pero sus intenciones a principio de legislatura eran mucho más ambiciosas

Tal y como explican fuentes del Ayuntamiento saliente, al llegar al consistorio se plantearon municipalizar aquellos servicios cuyos contratos iban a caducar a lo largo de la legislatura. “Nunca nos planteamos rescatar un servicio con contrato en vigor”, apuntan. En un principio, querían abordar el servicio de atención telefónica 010, los puntos limpios, parques y jardines y la gestión de una depuradora. Finalmente, solo pudieron hacerlo con el primero de los servicios mencionados y el de atención a víctimas de violencia de género. “Nuestra apuesta era la remunicipilización a través de una empresa municipal que permitiera subrogar la plantilla y mantener el empleo, no directamente a través de la plantilla municipal porque entonces estaríamos obligados a sacar las plazas a oposición. Para hacerlo así, necesitábamos la mayoría en el pleno y el PSOE en este tema ha sido un firme aliado de PP y Cs, por lo que no hemos podido hacerlo en ningún caso”, explican desde Zaragoza en Común.

Además de la necesidad de acumular una mayoría en el pleno, Zaragoza en Común también habla de las resistencias que se encontraron en las estructuras antes de llegar al poder: “Hay que hacer un expediente que cuente con una serie de informes (jurídico, económico, técnico) que tienen que ser elaborados por altos funcionarios, muchos de los cuales no son muy partidarios de la remunicipalización. También tenemos el papel del interventor que prácticamente lo puede vetar, y no están por la labor de colaborar en estos temas, al menos el de Zaragoza”.

Cuando un gobierno aborda la remunicipalziación de un servicio, hay que armarlo muy bien jurídicamente: “La remunicipalización se puede recurrir a la justicia, como nos sucedió con el 010, y la visión de la justicia muchas veces es muy neoliberal y contraria a estos procesos, además de que a nivel de primera instancia, al menos, son muy sensibles a las presiones de los poderes económicos”, explican. También cuenta que las empresas de comunicación reman a favor de los intereses empresariales.

En cualquier caso, la representante de la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid advierte de que esta oleada remunicipalizadora se enmarca en un contexto internacional, con el agua como servicio más frecuente y la energía como reto más complejo. Francia, Alemania o Noruega también debaten sobre si realmente la gestión privada es la más eficiente. 

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