El Gobierno intensifica su actividad en África para reforzar el control migratorio

El viaje que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha realizado esta semana a Níger y Costa de Marfil pone el broche final a un ajetreado mes para la agenda africana del Gobierno. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo ha renovado acuerdos de control migratorio tras mandar a dos de sus ministros de viaje oficial al Sahel y ha anunciado la renovación del Plan África, un instrumento esencial para frenar la inmigración irregular contando con la complicidad de Gobiernos africanos.

La veda se abrió a principios de julio cuando el propio Dastis anunció la renovación de este plan, dormido desde 2012, en una reunión con varios embajadores. A ellos les pidió colaboración para la redacción del nuevo acuerdo, cuya primera edición allá por 2006 fue vital para acabar con la crisis de los cayucos que llegaban a Canarias con cientos de inmigrantes a bordo. Bajo el paraguas de estos acuerdos, que son instrumentos de cooperación donde se entrelaza la ayuda al desarrollo con actividades policiales y de refuerzo institucional, la presión que sufrían las fronteras españolas fue eliminada de golpe.

Desde entonces estos Planes África no han entendido de color político. El primero fue redactado durante el Gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, resumió su contenido como “más control y vigilancia, más cooperación diplomática, más ayuda humanitaria y más Europa”. El siguiente plan que lo sucedió estuvo vigente al inicio de la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular, que ahora pretende reeditarlo aunque aún quedan meses para conocer su contenido.

“Estos planes han sido la cobertura para que las fuerzas de seguridad de países con un Estado de Derecho, en el mejor de los casos incipiente, apliquen medidas represivas de control de flujos migratorios que no estaría bien visto que se aplicaran en territorio europeo”, explica Carlos Arce, experto en migraciones de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía. “Es un tipo de cooperación condicionada que para nosotros es uno de los elementos políticos más deleznables que se han puesto en marcha desde hace mucho tiempo”. Entre el anuncio de esta iniciativa y el viaje de Dastis se ha producido en el mismo mes la visita del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a Senegal. Allí el ministro español ha renovado los acuerdos migratorios y de cooperación policial que Madrid y Dakar mantienen, calificándolos de “modélicos” y resaltando “la excelente colaboración y entendimiento” de ambos países, que ha conducido a que desde 2009 no haya llegado a las costas españolas ninguna embarcación procedente de Senegal. Sin embargo, ha sido precisamente esta eficacia y el fuerte blindaje los que han recibido numerosas críticas a lo largo de estos años.

“Lo que ha conseguido esta cooperación policial es que las personas se vean obligadas a escoger rutas alternativas, generalmente más peligrosas. Lo que no acaba con el tráfico de personas como anuncia el ministro (en su visita a Senegal)”, ha dicho la Red Acoge después del viaje de Zoido.

“Como ya hemos indicado en numerosas ocasiones se necesitan vías legales y seguras para que las personas puedan disfrutar de su derecho a migrar sin necesidad de arriesgar su vida o sin tener que ponerse en manos de traficantes de personas”, ha añadido esta red de ONG españolas dedicadas a la atención de inmigrantes y refugiados.

España ha sido uno de los países pioneros en Europa en poner en práctica la externalización de fronteras, cerrando acuerdos con países de origen o tránsito para frenar desde ahí la entrada de inmigrantes. De este modo, ha conseguido desde hace años reducir las llegadas de raíz, cortando el paso a miles de kilómetros de distancia a aquellos que han huido de sus países y sueñan con cruzar la frontera española.

El ejemplo más claro y reciente de cómo la Unión Europea se ha subido al carro de esta externalización es el controvertido acuerdo que firmó el año pasado con Turquía en plena crisis de refugiados. Mientras el pacto recibía enormes críticas de las ONG y la sociedad civil, se redujeron drásticamente los flujos de entrada de inmigrantes al continente.

“Tanto España como la UE lleva trabajando décadas en la externalización de fronteras a través de la firma de acuerdos con terceros países”, dice Núria Díaz, coordinadora de incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “El enfoque de las políticas de migración y asilo sigue estando centrado en evitar llegadas y sellar fronteras dejando en el olvido el respeto de las vidas humanas y de los derechos humanos”.

Hasta el mes de julio parecía que España ya había exportado el modelo y ahora dejaba a la UE tomar el liderazgo. De hecho, ha sido uno de los primeros estados miembros en sumarse al europeo Fondo Fiduciario para África, un instrumento que de nuevo mezcla actividades de cooperación al desarrollo con financiación para control de fronteras y la gestión de los flujos migratorios. Sin embargo, la actividad bilateral en África del Gobierno ha mostrado este mes un cambio radical en esta tendencia. Dos ministros en tres países del vecino continente y la apertura de negociaciones para crear un nuevo y propio Plan África son un fuerte y claro mensaje sobre el rumbo de la política española en esta materia.

“Hay un doble mensaje en España, uno externo y uno interno, se saca pecho fuera pero no se saca dentro”, interpreta Arce sobre el reciente giro del Gobierno. “No se vende internamente el que estamos controlando la frontera y ya no entra nadie. El mensaje exterior políticamente rentable sí que es el de modelo de éxito, pero el mensaje que se aplica dentro es el de mantener la tensión y el miedo a la invasión”.