Sánchez asegura que habla con la oposición los lunes y altera más la situación política

Nueva comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un sábado. El primer día en el que la ciudadanía puede salir en diferentes franjas horarias, dependiendo de las edades, a pasear, hacer deporte, dar una vuelta con los niños, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que volverá a solicitar una prolongación de 15 días más del estado de alarma, y así prevé hacerlo hasta que finalice el proceso de desescalada del confinamiento, que se prevé que dure, al menos, hasta finales junio, con el pretexto de que es la única forma de restringir la libertad de movimientos de las personas.

La oposición está revuelta y Sánchez no tiene garantizada una mayoría parlamentaria que le permita seguir alargando el estado de alarma. Por ello, el presidente ha lanzado un órdago a la oposición: "No hay plan B, el estado de alarma es una necesidad" para dar margen de maniobra al Gobierno. El presidente ha alardeado de diálogo con la oposición, afirmando que ha mantenido conversaciones con los grupos parlamentarios todos los lunes y recordando que se celebra una conferencia de presidentes autonómicos semanalmente, un foro que ha estado años sin reunirse en condiciones normales. Las reacciones no se han hecho esperar.

Desde la cuenta oficial del PP en redes sociales, han publicado: "Pedro Sánchez, en 43 días, solo nos ha llamado dos veces por teléfono (una de ellas de 3 minutos) y una videoconferencia. Nosotros, que lideramos la oposición, le hemos aprobado las medidas más drásticas de la historia democrática en España. Sánchez miente otra vez".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que hasta el momento siempre se ha mostrado partidaria de apoyar al Gobierno en lo relativo a esta crisis sanitaria, se ha mostrado distante en redes en esta ocasión: "Sánchez pide adhesiones a la oposición pero hace 16 días que no llama a Ciudadanos. Dice que “no hay plan B” pero lo que tendría que hacer es buscar el consenso para acordar un verdadero Plan A. Para exigir “responsabilidad” primero hay que practicarla". La ultraderecha de Vox rompió relaciones con el Gobierno hace semanas, anunciaron que no le cogen el teléfono.

Además, cuartopoder ha hablado con otros grupos parlamentarios de los que facilitaron la investidura de Sánchez el pasado mes de enero con sus votos a favor o abstenciones. Los contactados aseguran que no, que Sánchez no ha contactado con ellos los lunes. Reconocen, algunos, mantener relaciones fluidas con el Grupo Parlamentario Socialista y con algunos ministros, semanales e, incluso, casi diarias, pero no con el presidente. Un ejemplo, EH-Bildu tan solo se ha reunido con Sánchez en dos ocasiones, dos reuniones que fueron públicas: 16 de marzo y 17 de abril. Así ha ocurrido con el resto de grupos, que han acudido a las distintas rondas telemáticas propiciadas desde Moncloa.

El revuelo generado por las declaraciones de hoy del presidente llegan en un momento en el que el clima político está tenso y polarizado. Así, esta semana, en la sesión de control, la mayoría parlamentaria de la investidura quedaba en entredicho en un momento de máxima delicadeza, el país se encuentra inmerso en una enorme crisis sanitaria, social y económica. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advertía: "¿Cuánto le importa la investidura?". El republicano mostró su hartazgo de enterarse de las decisiones gubernamentales por la prensa, cuando el Gobierno necesita, al menos, de las abstenciones de ERC para sacar adelante buena parte de sus propuestas en el Congerso. Las relaciones con el PNV tampoco pasan por el mejor momento. Los diputados nacionalistas vascos son necesarios para la mayoría que sustenta al Gobierno.

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Sánchez ha anunciado, además, en la comparecencia de hoy desde Moncloa, que aprobará un fondo especial no reembonsable de 16.000 millones euros para las Comunidades Autónomas para que "ninguna comunidad autónoma se quede atrás con independencia del impacto de la pandemia en cada territorio" en el proceso de "recontrucción social y económica".

En otro orden de cosas, el presidente ha comunicado que el uso de mascarillas en el transporte público será obligatorio. En los próximos días, según ha explicado el presidente, se repartirán seis millones de unidades de unidades en los núcleos de comunicación más concurridos, otros siete millones se los entregará a la FEMP y ayuntamientos y otros 1,5 millones a distintas organizaciones sociales.