Puigdemont: cuando el círculo se cierra

Más allá de la enorme trascendencia política que la activación del artículo 155 de la Constitución, el que fue concebido para que nunca tuviera que aplicarse, tiene en la configuración del tablero en el que se disputarán las próximas elecciones catalanas, autonómicas para unos y constituyentes para el resto, en el terreno judicial al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se le está acabando el tiempo.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, le ha advertido expresamente de que, si proclama la independencia en los próximos días, se encontrará con una nueva querella por un delito de rebelión, castigado con penas que oscilan entre los 15 y los 25 años de cárcel para todos aquellos que “se alcen violenta y públicamente” con la finalidad, entre otras, de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

A falta de determinar cómo y dónde se encajan los episodios de violencia que exige el tipo penal en el relato de lo hecho por Puigdemont, la Fiscalía tendría que decidir en qué instancia presenta la querella, aunque las posibilidades son tres: en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde es investigado ya por organizar el referéndum del 1 de octubre; en la causa que se sigue por sedición en la Audiencia Nacional si la aplicación del 155 supusiera la pérdida de su fuero parlamentario; o en el Tribunal Supremo si mantiene el aforamiento y se consideran como delictivos actos realizados por el president fuera de Cataluña. Lo que sí tiene claro Maza es que la gravedad del delito exigiría como medida cautelar su inmediato ingreso en prisión.

Todo apunta a que Puigdemont acabará en los tribunales por la vía de la rebelión o la de la sedición, que explora la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y que conllevaría un castigo de entre 10 y 15 años de cárcel. A medida que pasan las horas y se suceden los acontecimientos, el círculo se cierra para el jefe de la Generalitat y sus compañeros de escapada, a los que la hoja de ruta incautada por la Guardia Civil en el marco de esta causa ya apuntaban como los máximos responsables del Comité Estratégico para la independencia, el órgano de dirección del procés que diseñaba las actuaciones que luego se encargaba de llevar a cabo un Comité Ejecutivo. En este segundo escalón, según los investigadores, trabajaban los secretarios generales de Presidencia y Vicepresidencia, los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, profesionales expertos y consejeros o secretarios generales encargados de materias sensibles.

Según la documentación incautada al número 2 de Vicepresidencia, Josep María Jové, el máximo órgano en el diseño de la estrategia independentista lo conformaban, además de Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, los miembros de los grupos parlamentarios independentistas, los responsables de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural --Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, en prisión desde el pasado lunes--, el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los líderes de otras organizaciones como la Asamblea de Municipios por la Independencia.

Maza también tendrá que decidir esta semana si la Fiscalía vuelve a actuar contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pieza clave en la tramitación de las leyes independentistas y una de las más firmes defensoras del procés. El sábado, en la manifestación de apoyo a Sanchez y Cuixart, no dudó en volver a abandonar su perfil institucional para denunciar que la aplicación del artículo 155 es “un golpe de estado de facto” que, según dijo, no tiene otro objetivo que el de “acabar con un Govern elegido democráticamente”.

En el punto de mira de la Justicia también están los exmagistrados Carlos Viver y Santiago Vidal, a los que se sitúa detrás de la elaboración de las leyes del Referéndum y Transitoriedad Jurídica; y el tercer teniente de alcalde de Badalona, José Antonio Téllez Oliva (Guanyem Badalona), que “sustrajo” literalmente de un vehículo de la Guardia Civil una serie de carteles del referéndum que habían sido incautados como pruebas, según consta en uno de los autos de la jueza Lamela.

A ellos es a quienes tocará rendir cuentas ante la Justicia si finalmente Puigdemont decide pasar a la historia como mártir y activa la declaración de independencia de la república catalana que le llevan solicitando varias semanas sus socios de la CUP. Aunque en el camino, emboscado esta vez en forma de elecciones constituyentes, se adivina un nuevo recoveco en el que el president podría intentar refugiarse para prolongar esta situación, al menos, una semana más.