Alegría entre las víctimas de los bebés robados ante la unanimidad para tramitar su ley

Sucede pocas veces, pero este martes el pleno del Congreso se ha puesto de acuerdo para dar el visto bueno al trámite de una ley. Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, han decidido abrir una puerta a que se atiendan, se investiguen y se juzguen los miles de casos de bebés robados que se produjeron durante décadas en España.

Aunque es un primer paso y la propuesta de ley aún tiene que pasar por la fase de enmiendas antes de ser aprobada definitivamente, se trata de una conquista parlamentaria sin precedentes. “Estamos muy contentas, que haya sido aprobada por unanimidad nos parece impresionante”, manifiesta a Cuartopoder.es Pilar Navarro, quien fue víctima del robo de su hija en 1973 en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Todavía a día de hoy la clínica no le ha dado ninguna información al respecto.

Publicidad

La Proposición de Ley, que parte de la Asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, fue firmada y registrada el pasado 25 de septiembre por Unidos Podemos, EH Bildu, ERC, PdeCat, Compromís y PSOE. Aunque Ciudadanos y PNV no aportaron su firma, prometieron a las víctimas que apoyarían el trámite. La única incógnita era el voto del PP, que hoy se ha despejado. “El grupo popular se suma a esta iniciativa votándola favorablemente”, ha dicho el diputado popular Ócar Clavell López, no sin antes destacar que los populares ya habían impulsado medidas para atender a las víctimas.

Publicidad

Entre las intervenciones destacadas de la jornada ha estado la de Gabriel Rufían (ERC), quien ha hablado de “300.000 bebés robados”, o el diputado del PSOE, Antonio Hurtado, que ha defendido la proposición porque “no pide nada imposible”y aborda el problema desde “una perspectiva integral y reparadora”. Dirigiéndose a las víctimas ha manifestado: “La democracia española tiene una deuda con todas vosotras”.

Por su parte, el diputado de Podemos David Carracedo ha lamentado que más de 20 años después de que se haya destapado la trama no se haya impulsado ni una ley, ni una fiscalía especializada ni asistencia jurídica para las víctimas. “Los delitos de lesa humanidad no prescriben según los tratados firmados por España y que son de obligado cumplimiento, pero entonces que alguien explique lo que ha pasado con el doctor Vela”, ha denunciado. “Los derechos humanos están para cumplirlos”, ha subrayado.

Según la Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), de la que forma parte la Asociación Todos Los Niños Robados Son Tambíén Mis Niños, esta norma es importante porque define el robo de bebés como crimen de lesa humanidad, es decir, lo hace “imprescriptible e inadmistiable” y abre la puerta a que se desbloqueen miles de casos que están paralizados.

La propuesta obliga a hospitales, instituciones e Iglesia a dar acceso a los documentos necesarios para investigar los casos. También contempla una base de datos de víctimas y de ADN para poder encontrar a los familiares, una Fiscalía especial que investigue los casos de bebés robados y una Comisión Estatal de Derechos de Identidad.

Las víctimas lo celebran a la salida del Congreso

“Es un éxito que merecen todas las víctimas”, indica Sol Luque, portavoz de la Asociación Todos Los Niños Robados Son También Mis Niños. “Todos los grupos políticos se han comprometido a hacer una gestión rápida para que todas las enmiendas lleguen rápidamente para poder tratarlas y para poder aprobarla en el peno antes de que acabe la legislatura”, manifiesta. Desde CEAQUA llevan dos años trabajando para que la propuesta de ley salga adelante.

Ella también busca a un familiar. “Francisco, mi hermano mellizo y yo, nacimos el 25 de enero de 1965 en la Maternidad de O’Donell. En el momento en el que nacimos lo retiraron a la incubadora, supuestamente porque estaba falto de peso”, narra. Cuando el padre de Sol Luque fue a preguntar si podían llevarse el niño a casa, le comunicaron que había fallecido y que no podía verlo porque estaba en el depósito. Al día siguiente pidió el cadáver, pero le dijeron que lo habían incinerado y que las cenizas “habían desaparecido”. El médico les indicó que “se habían encargado de todo”, una frase que escucharon muchas víctimas, y que lo mejor era que se marcharan para evitar males mayores. Eran los últimos años de la dictadura.

El trauma familiar nunca se superó en casa. En 2010, cuando estalló mediáticamente la trama de los bebés robados, los hermanos mayores de Sol Luque entendieron que su hermano había sido “robado” y comenzaron a investigar. Algo parecido le sucedió a Cristina Moracho, aunque su caso tuvo lugar ya bien entrada la democracia. Sucedió en el año 1984, también en Madrid, en el Clínico San Carlos. “Mi caso es algo especial porque tuve un parto domiciliario en Villalba. Mi hijo nació vivo y pataleando. Le corté yo el cordón umbilical y se lo anudé con hilo de coser”, narra.

A Cristina la llevaron a la clínica y no volvió a ver a su hijo. “Me dijeron que había muerto, pero algo en mi cabeza y mi corazón me decía que, con esa vitalidad, mi hijo no podía estar muerto”, recuerda. “Me tuvieron cinco días allí. Ahora pienso que quisieron retenerme para que no fuera a investigar porque no paraba de hacerles preguntas”. Ella siempre sostuvo que su bebé no podía haber fallecido, pero ni siquiera su marido, que murió hace unos años, la creyó. Desde que comenzó a investigar, solo ha encontrado documentos contradictorios sobre el supuesto fallecimiento de su bebé. En 2011 descubrió que un médico, actualmente en ejercicio, certificó que la atendió en el parto y que su hijo nació muerto.

Son solo algunos de los casos de víctimas que llevan años luchando por encontrar a sus familiares. Ahora el Congreso de los Diputados abre una vía administrativa y judicial para que puedan conseguir el objetivo principal de sus vidas: dar con los suyos.