La Coalición logra su objetivo en la lucha contra las descargas

Joan Navarro llegó a La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos sin hacer ruido. En aquel entonces, la inmensa mayoría de los que hoy opinan con tanto criterio sobre su trabajo no tenían ni la más remota idea de lo que comenzaba a cocerse en un pequeño despacho de la céntrica calle José Abascal de Madrid.

Navarro fue contratado para realizar un trabajo, y ya lo ha hecho. Este Gobierno tenía que aprobar una dura ley contra el negocio de las descargas de contenido protegido, y la coyuntura era más favorable a los gestores de los derechos de propiedad intelectual que a los defensores de la libertad en la Red. Desde Estados Unidos se presionaba a José Luis Rodríguez Zapatero para que protegiese el contenido generado por su industria cinematográfica y musical - una de las mayores damnificadas, por cierto - y sólo faltaba orquestar una acción coordinada desde dentro, producto nacional, para que la pinza fuese perfecta. Su fruto: la Ley de Economía Sostenible - no toda, por supuesto-, y dentro de ella la obligación a la Audiencia Nacional para que decida en un máximo de cuatro días la suspensión de una página web si se interpreta que está vulnerando la propiedad intelectual. El primer texto dejaba en manos de una comisión que crearía el Ministerio de Cultura la facultad para cerrar sin hablar con el juez. Sólo una rebelión de internautas con unas proporciones nunca conocidas en España pudo liquidar esa intención y dejar la pelota en el tejado de los jueces, nada contentos, por cierto, con este regalo en forma de más carga de trabajo. El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley. Nadie ha preguntado al Presidente del Gobierno por el asunto en la rueda de prensa posterior. A otra cosa, si los internautas no vuelven a impedirlo.

Gracias a Joan Navarro muchos han conocido en España para lo que sirve un lobby. Hemos podido comprobar, con todas las de la ley, que estas cosas no sólo funcionan en Estados Unidos. La moda se extiende, y ya son muchos los sectores que están realizando sondeos entre la clase política para montar algo parecido. Tampoco es que se haya descubierto la pólvora en el modelo, aunque más de uno tenía dudas sobre su utilidad. Pues  pueden los conversos abrazar la fe, ya que han quedado demostrados sus milagros. Este país, siempre más dado a las influencias personales, cambiará la manera de llegar a los círculos más íntimos del poder. Ahora tocará forjar iniciativas colectivas para apretar las clavijas al político.

El manifiesto demostró algo. Contra el legítimo derecho a influir para lograr sus objetivos de entidades como La Coalición, la movilización y el activismo a través de Internet es una herramienta de contrapoder nada despreciable. También hemos necesitado de la actividad de Navarro para darnos cuenta de ello. Sí, puede que muchos ya lo supiesen, pero se ha constatado que, de momento, la movilización sólo se produce a la contra. De la capacidad de los líderes de opinión de la Red para movilizar en positivo, para conseguir aportar con miles de ciudadanos detrás antes de que otros ocupen los espacios, dependerá en buena medida la defensa de los españolitos de a pie ante la estrategia de los que poseen el dinero y la capacidad para influir. Desde la publicación del primer manifiesto hasta la fecha de hoy, muchos son los que de una u otra forma se han descolgado de la iniciativa, por lo que no estaría mal hacer alguna reflexión al respecto. Por ejemplo, reconocer el legítimo derecho de un creador a vivir de su obra y pelear por sus derechos representado por una entidad como la SGAE. Crear demonios es una afición demasido habitual y peligrosa en la Red, y se torna insostenible cuando lo que se ha dibujado con cuernos y rabo es un  interlocutor válido en medio de una batalla como ésta.

Joan Navarro puede estar contento. Él ha hecho su trabajo y en mi pueblo a uno le pagan para eso. No se puede poner reparos a su labor. Ahora queda la tramitación parlamentaria de la ley, donde todavía hay margen de maniobra para que una gran masa de ciudadanos influyentes intenten que sus representantes legítimos les escuchen e introduzcan los cambios que solicitan. Cada persona que no esté de acuerdo con esta ley podría dirigirse a los diputados y senadores que representan a su provincia y comentarles su parecer. Al fin y al cabo, en manos de los miembros de ambas cámaras legislativas está aprobar o rechazar el texto que el Gobierno les ha remitido. Para ello habrá que  llevar en el zurrón unas reivindicaciones claras. También posibles. La política va de eso, y el tablero de juego ya está colocado. Aceptar las normas y no tratar de cambiarlas a mitad de partida garantizará una parte del éxito. Navarro lo supo desde el primer minuto, y ha llevado a sus representados hasta la primera gran victoria en esta lucha. La guerra no ha terminado, pero lo parece.