La tecnología occidental apuntala las dictaduras

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Una joven sostiene un cartel con la caricatura de Gadafi y la leyenda 'Game over' (Fin del juego), en una manifestación contra el dictador libio, celebrada en Trípoli el pasado 2 de agosto. / Mohamed Messara (Efe)

Cuando una empresa, tecnológica o no, firma un buen acuerdo con un gran cliente (y que mejor cliente que un gobierno) lo publica en su página web y lo convierte en nota de prensa para que los medios anuncien su buena nueva. Sólo hay una ocasión en la que prefieren el secreto, cuando ese buen cliente es un Estado de escaso pedigrí democrático. En estos casos hay que esperar a que algún arriesgado lo desvele o a que el régimen caiga y, con su desplome, los papeles vuelen. Es el caso de Libia, donde la caída de Gadafi está revelando la implicación de varias compañías tecnológicas occidentales en el apuntalamiento de su régimen. Business is business.

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El que fuera el gran paria, sanciones de la ONU y bloqueo de EEUU incluidos, hizo acopio de mucha tecnología en los últimos años. A pesar de que su país tiene pocos internautas, unos 353.000 sobre una población de 6,5 millones, el coronel Gadafi no quería que por allí le vinieran los problemas. En un gran reportaje, dos periodistas de The Wall Street Journal relatan su paseo por la sala desde la que la seguridad libia monitoreaba las comunicaciones de los ciudadanos. Para hacerlo usaba un sistema llamado Eagle, diseñado por la empresa Amesys, perteneciente a la compañía francesa Bull. La misión de Eagle es la inspección profunda de paquetes (Deep Packet Inspection, DPI). Se trata de una tecnología básica para administrar la red. Las operadoras, por ejemplo, la usan para detectar ataques o tráfico sospechoso de contener virus o spam y, más recientemente, para dar prioridad a un tipo de datos sobre otros. Pero también puede usarse para  rastrear el intercambio de archivos, comunicaciones por correo, chats, el messenger... Y eso es lo que necesitaba Gadafi. El artículo también menciona a compañías estadounidenses y sudafricanas.

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El de Libia no es el único caso. La práctica totalidad de los regímenes árabes ha estado y está usando la tecnología occidental para filtrar lo que sus ciudadanos pueden ver en internet. Pero también comprando herramientas tecnológicas para ir contra ellos. Ahora mismo, el Gobierno sirio estaría, según una investigación llevado a cabo por hacktivistas, usando otra tecnología DPI para rastrear a los opositores. En este caso, el fabricante es la estadounidense BlueCoat. Esta firma ya fue señalada por un informe como clave en la censura en Arabia Saudí. La semana pasada, en uno de los cables de las embajadas publicados por Wikileaks, los diplomáticos de EEUU en Túnez mostraban su preocupación porque Microsoft hubiera ayudado al Gobierno tunecino en sus planes de control para conseguir un ventajoso contrato.

En algunos casos se reparten el contrato. Como denunció Bloomberg hace unas semanas, varios detenidos por la policía de Baréin pudieron ver transcripciones de sus conversaciones por el móvil y el contenido de mensajes de texto antes de que les torturaran. Esa información no habría llegado a las manos de la policía si no fuera por un sistema de interceptación diseñado por la alemana Siemens y mantenido por una filial de Nokia Siemens Network, una joint venture entre el fabricante finlandés y el alemán. La lista podría engordar con sólo coger un mapa de las dictaduras e ir por orden alfabético.

"Estas empresas ya no tienen reservas en colaborar con gobiernos criminales", dijo recientemente el director general de Reporteros sin Fronteras, Jean-François Julliard. Para su organización es hora de establecer mecanismos que permitan sancionar a las compañías que hacen negocio contra los derechos humanos. "Hay vidas humanas en juego. ¿Deben ser sacrificadas en aras de las ganancias? Los líderes de las empresas internacionales que operan en el terreno de las nuevas tecnologías, especialmente en la vigilancia de las telecomunicaciones, en Libia, Siria, Birmania, China, Turkmenistán y otros regímenes autoritarios deben reflexionar sobre su responsabilidad. Sus herramientas, sus equipos y sus conocimientos se están utilizando con fines delictivos", añadió.

Pero pedir a los políticos que impulsen leyes que castiguen este negocio es casi de inocentes. En EEUU,  la Global Online Freedom Act prohíbe a sus compañías tener tratos con gobiernos opresores en sus planes de restringir internet y convertir sus tecnologías en herramientas de control. Presentada ante la Cámara de Representantes en 2006 y vuelta a presentar en 2009 debe de seguir en algún cajón porque nunca se aprobó. Una medida similar, propuesta por un grupo de eurodiputados en 2008, fue rechazada al año siguiente por la entonces comisaria para la Sociedad de la Información, Viviane Reding. "Creo que no debemos poner a las empresas europeas en una posición incómoda en la que su elección parezca estar entre violar la ley o dejar el mercado a los operadores sin escrúpulos", dijo en una ocasión.

Y es que al final siempre está el dinero. El mejor ejemplo es China. El gigante asiático es un mercado tan apetecible que los escrúpulos han de hacerse a un lado. Si los gobiernos, empezando por el de EEUU desde Henry Kissinger, tratan con esmero a los dirigentes chinos, ¿por qué deberían ser más éticas las compañías tecnológicas? En julio, la Fundación Fronteras Electrónicas pidió a Microsoft y a Cisco, el principal fabricante de hardware para redes, que se replantearan sus planes en China. La segunda tiene dos demandas en EEUU donde está acusada de adaptar sus máquinas para construir un Gran Cortafuegos que filtra y bloquea todo contenido que el Gobierno chino no quiere que vean los internautas chinos. La segunda firmó en julio un acuerdo con el principal buscador del país, Baidu. Como toda empresa extranjera que quiera operar en China, tendrá que autocensurarse.

Como venía a decir en un artículo en The New York Times el investigador de la universidad de Stanford, Evgeny Morozov, las herramientas de vigilancia occidentales podrían desacreditar los alegatos occidentales en favor de la libertad en internet de la misma manera que nuestras exportaciones de armas socavan nuestras iniciativas de paz. "¿Cuántos activistas, confrontados ante la información recogida sobre ellos con tecnologías occidentales, volverán a confiar en las proclamas de los gobiernos occidentales?", escribe.

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