La ciencia no sabe si la pena de muerte sirve para algo

El mayor estudio realizado hasta la fecha sobre el efecto disuasorio de la pena de muerte en el número de homicidios en Estados Unidos muestra que la ciencia aún no sabe si la pena capital sirve para algo. En ese país se han realizado infinidad de investigaciones (casi más que películas sobre el tema) para descubrir si existe esa relación entre asesinatos y ejecuciones. En una país donde el utilitarismo se ha convertido en religión de Estado, no han podido averiguar si la inyección letal, la silla eléctrica o la soga frenan los asesinatos. Quizá el problema es que se trata más de una cuestión moral que de utilidad.

El National Research Council (NRC), la institución científica más respetada de Estados Unidos, a la que el Gobierno acude para que le ilumine el camino de las grandes decisiones, acaba de publicar un informe sobre la disuasión y la pena de muerte. Huyendo de argumentos morales a favor o en contra de la pena capital, este consejo de sabios ha repasado toda la literatura científica que tiene por tema la relación entre las condenas a muerte y la ratio de homicidios desde 1978 hasta hoy.

Dos años antes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la moratoria impuesta cuatro años atrás a la aplicación de la pena de muerte en todo el país, liberando a los estados que ya la estaban aplicando o que pensaban reinstaurarla. La mayoría, 29 de los 50 que forman el país, reactivaron su legislación sobre la pena capital. Desde entonces, 8.115 personas han sido condenadas a muerte en Estados Unidos, de las que 1.188 fueron finalmente ejecutadas.

Ese cambio jurídico despertó el interés de los científicos sociales por la utilidad de las ejecuciones por parte del Estado. ¿Tienen un efecto ejemplarizante y disuasorio? o ¿son una versión moderna de la venganza sancionada en el Antiguo Testamento? El NRC ha repasado decenas de estudios que han puesto el foco en esta cuestión y el primer problema con que se ha encontrado es que los hay para todos los gustos.

Uno realizado por los investigadores Dezbakhsh, Rubin y Shepherd en 2003 concluyó que sí existía ese efecto disuasorio y hasta dieron una cifra: cada ejecución evita 18 asesinatos. Los hay incluso que calculan que mientras cada ejecución reduce en cinco los homicidios, la conmutación final de la pena de muerte provoca un aumento en la misma proporción. Además, por cada condenado que acaba saliendo del corredor de la muerte (por revisión de condena, perdón del gobernador...) se produce otro asesinato. En esto de la pena de muerte, a los estadounidenses también les pierden las estadísticas.

El problema es que, como recoge el informe, hay otros tantos estudios que señalan que las ejecuciones, en vez de reducir el crimen, lo aumentan. Un estudio de 1999 mostraba que la muerte institucionalizada provoca un efecto de embrutecimiento social que hace que los individuos cometan más asesinatos. Pero es que también hay informes que rechazan la relación causal ya sea positiva o negativa y descartan que la pena de muerte influya en los niveles de criminalidad. Algo se ha debido de hacer mal para obtener resultados tan contradictorios.

"Defectos de base en las investigaciones que hemos revisado las hacen inservibles para responder a la pregunta de si la pena de muerte influye en la ratio de homicidios", decía en una nota el presidente del comité autor de la revisión, Daniel Nagin. A priori parece muy sencillo: se hace una tabla con el número de ejecuciones en un tiempo determinado y se superpone sobre ella otra con la evolución de la tasa de homicidios. Pero eso es lo más alejado a al ciencia que se pueda imaginar.

El principal defecto que han detectado es que ninguno de los estudios tiene en cuenta el papel de las otras posibles condenas alternativas a la de muerte, como es la de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. ¿Cómo medir el plus de disuasión de la amenaza de la inyección letal sobre la cadena perpetua si ésta no se ha tenido en cuenta?

Pero hay más problemas. La relación entre pena de muerte y ratio de asesinatos descansa, dicen muchos investigadores, en el cálculo racional y la teoría de toma de decisiones. Un posible asesino hace un cálculo de riesgos y beneficios antes de matar a alguien. Pero este racionamiento está lejos de ser lógico y ni siquiera los mejor informados cuentan con todos los elementos.

Hay datos que no estarán en la cabeza del asesino justo antes de matar. El hecho de que de todos los condenados desde 1973, sólo el 15% ha sido ajusticiado, mientras otro 46% acabó librándose (por conmutación de la pena, revisión del juicio o simplemente porque murieron esperando la ejecución) no parece creíble que entre en el cálculo de costes beneficios. Pero es que la media de espera en el corredor es de 12 años, detalle que también desvirtuaría la relación directa entre la amenaza de perder la vida y la decisión de cometer el asesinato.

Como ejemplo de la poca utilidad de los estudios realizados, el informe del NCR destaca y compara la situación de tres de los principales estados del país, Texas, California y Nueva York. El primero es la tierra prometida para los matarifes. Desde 1976, han ejecutado allí a 447 personas, casi el 40% del total y cerca de la mitad de sus 1.040 condenados.  Mientras, en California, con un número cercano de condenados (927), solo se ha ajusticiado a 13. Por su parte, Nueva York, como la mayor parte de los estados del este, es poco amiga de la pena de muerte. En todo este tiempo ha condenado a 10 personas, matando solo a una.

Pero si se comparan las ratios de homicidios de los tres estados se puede ver que siguen un patrón similar tanto en número como en la evolución de ascenso o disminución del crimen. Debe de haber otros elementos, como los datos socioeconómicos, la educación o la acción política, que funcionan como variables.

La primera gran conclusión a la que llega el NCR es que hacen falta nuevos estudios que recojan sus recomendaciones para evitar repetir los errores. La segunda es que nadie, ningún político o autoridad puede apoyarse en la ciencia para argumentar a favor de la pena capital o en su contra. Lo que decíamos al principio: puede que sea más una cuestión moral que científica.