Google podría enfrentarse en la UE a una multa histórica de 6.450 millones de euros

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Sede de Google en Mountain View, California, con la imagen corporativa de la última versión del sistema operativo Android, Lollipop. / Shutterstock

La Comisión Europea parece decidida a continuar la ‘cruzada’ que iniciara el año pasado contra el gigante Google, a quien acusó de comportamiento anticompetitivo por el uso del buscador cuando los usuarios realizaban comparaciones de compras online

Al parecer, aquella medida –impulsada por Joaquín Almunia, comisario de Competencia por aquel entonces- no fue nada más que un primer paso para luchar contra lo que desde Bruselas se considera un abuso de posición dominante de mayores dimensiones, fundamentado no sólo en la utilización del buscador, sino también en la obligación de uso de otros servicios propiedad de la compañía con sede en Mountain View (Estados Unidos).

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La sucesora de Almunia en el cargo, Margrethe Vestager, anunciará con toda seguridad hoy la segunda parte de la batalla legal que enfrenta a la Unión Europea con Google y que podría llevar a la firma estadounidense a tener que enfrentarse a una multa multimillonaria, la mayor que haya impuesto jamás el organismo europeo.

De cumplirse los pronósticos -todo parece indicar que así será tras las declaraciones de Vestager durante los últimos días- la Comisión va a presentar un pliego de cargos contra Google por obligar a los fabricantes de teléfonos móviles que utilizan el sistema operativo Android de forma gratuita a que incluyan, preinstaladas en sus dispositivos, determinadas aplicaciones móviles también desarrolladas por la compañía.

La Unión Europea lleva un año –desde que se presentara la primera acusación contra Google el 15 de abril de 2015- investigando formalmente “en profundidad” si la forma en la que la firma del buscador obliga a las marcas a utilizar Android infringe la legislación antimonopolio comunitaria. La Comisión sospecha que Google impide de manera ilícita que los fabricantes de teléfonos puedan instalar, tanto en los móviles como en las tabletas Android, otras aplicaciones y servicios que no sean las suyas propias, lo que supondría obstaculizar el desarrollo y el acceso al mercado de apps rivales.

De la misma manera, Google habría negado a las marcas fabricantes que pudieran incorporar en los terminales versiones alteradas de sus aplicaciones y servicios y también habría hecho depender de otras apps de la compañía algunas aplicaciones de Google, que se incluyen en Android, para convertirlas en imprescindibles.

“Al exigir a los fabricantes de los teléfonos y a los operadores que incorporen una serie de aplicaciones de Google, en lugar de dejarles decidir por sí mismos, Google puede haber interrumpido una de las mayores vías por las que los consumidores pueden acceder a nuevas aplicaciones”, señaló el lunes Vestager.

De confirmarse los cargos, pudiera ser que el organismo europeo tan sólo obligara a la compañía a revisar las condiciones de los contratos que tiene firmados con los fabricantes de teléfonos móviles en todo el mundo para ajustarse a las normas anticompetencia. Pero la Comisión podría ir más allá y Google podría llegar a enfrentarse a una multa histórica que le hiciera pagar el 10% de su facturación en 2015, es decir, unos 6.450 millones de euros.

De todas formas, antes de llegar a esa situación la compañía creada por Larry Page y Sergey Brin dispondría de un plazo de tiempo para realizar alegaciones cuya duración no está determinada por la legislación comunitaria. Esto quiere decir que la batalla legal podría demorarse durante años. De hecho, no sería la primera vez que esto sucede, puesto que la UE ya dirimió contra Microsoft una confrontación similar por motivos antimonopolísticos que se prolongó ampliamente, aunque en cabe citar que se cerró con una multa de 2.200 millones de euros, una cifra muy elevada pero sensiblemente menor que la que se baraja para el Caso Google.

Mientras tanto, en la compañía de Mountain View se intenta mantener la calma, aunque en sus declaraciones oficiales se percibe cierto nerviosismo. Google basa su defensa en que “cualquiera puede utilizar su sistema operativo móvil sin tener que hacer uso de sus aplicaciones móviles”. La compañía echa la culpa a los fabricantes de teléfonos, que son los que, según ella, deciden en última instancia qué aplicaciones instalan en sus dispositivos.

Además, aunque es cierto que son los propios usuarios quienes deciden, una vez tienen el teléfono en su poder, qué aplicaciones utilizan y cuáles desinstalan de sus dispositivos (argumento también esgrimido por Google), la Comisión Europea ha analizado durante los últimos 12 meses si realmente se les está obligando a utilizar aplicaciones que ellos no han elegido.

La realidad es que el porcentaje de consumidores que desinstalan proactivamente las apps preinstaladas en el teléfono no supera el 50%. Y menos aún el de quienes descargan una app de la competencia en su dispositivo si ya cuenta con una de similares prestaciones que le viene “de fábrica”. Google podría haber estado aprovechándose de ello y de su posición dominante en el mercado durante años y por eso ahora pesa sobre su cabeza la amenaza de tener que pagar la mayor multa que haya impuesto jamás la Comisión Europea. Aunque sea dentro de unos años.

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