¿Respetan la privacidad las apps para combatir el covid-19?

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha estrenado la aplicación móvil “Asistencia Covid19”, que permite a los usuarios realizar test de autodiagnóstico sobre el coronavirus, en cinco comunidades autónomas: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En estas cinco regiones, además de en Madrid, donde ya comenzó a utilizarse el pasado 18 de marzo, los usuarios pueden descargar gratuitamente la app en su móvil Android o iOS y autoevaluar su estado de salud. Aplicaciones similares se han empleado en otros países como China o Corea del Sur y su efectividad ha quedado demostrada para combatir el avance de la pandemia y contribuir a desatascar los teléfonos de información sanitaria.

Sin embargo, este servicio digital tiene en cuenta la información que proporciona el usuario y, además, permite a las autoridades recopilar otros datos sensibles como su ubicación, gracias al sistema de geolocalización que tienen los teléfonos móviles. ¿Esto es posible legalmente? La respuesta es que sí. Ya el Instituto Nacional de Estadística realizó un estudio en noviembre de 2019 sobre la movilidad de los españoles en el que pagó a las operadoras de telefonía móvil para que le proporcionaran los datos de movimientos de la población durante cuatro días.

Ahora, en el BOE publicado el pasado 28 de marzo se abre la puerta a la posibilidad de recopilar datos de movimiento de los ciudadanos españoles mediante el empleo de una aplicación móvil como la que se acaba de lanzar. ¿De qué manera afecta el uso de esta aplicación a la privacidad de los ciudadanos?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el uso de la aplicación móvil no es obligatorio, por lo que si un ciudadano no desea que se tomen en consideración sus datos lo único que tiene que hacer es no instalarla. Además, al registrarse en ella, debe dar consentimiento expreso para que se recojan sus datos. Toda la información que se recopila es agregada y anonimizada. Es decir, no se toman datos específicos de cada individuo, pero con todos los datos recopilados sí que las autoridades pueden tomar decisiones más acertadas. La información se conserva durante un periodo de dos años.

Por ejemplo, si gracias a monitorizar la ubicación de los usuarios se ve que una parada de autobús tiene exceso de personas esperando, las autoridades pueden decidir aumentar la frecuencia de las líneas. En un caso como el de la pandemia del covid-19, la información proporcionada puede ser incluso más relevante: si se detecta un flujo de usuarios masivo por una carretera, viajando a lugares de segunda residencia, las autoridades podrán montar un control kilómetros más adelante. Es decir, los usuarios no podrían ser multados directamente al controlar la aplicación sus movimientos, pero sí se pueden tomar decisiones más adecuadas dependiendo de su comportamiento.

Las propias operadoras de telefonía móvil trabajan para poner a disposición del Gobierno más información sobre la ubicación de los usuarios en cada momento. Con sólo tener el teléfono móvil activado y conectado a la red, las compañías de telefonía pueden saber dónde se encuentra el usuario en cada momento. Quizá no una ubicación exacta, pero la triangulación de los datos al ir conectándose el móvil a las distintas antenas de telefonía sí permite saber, por ejemplo, en qué barrio de una gran ciudad se encuentra. Ahora se abre la puerta además a emplear esos datos junto a aplicaciones de terceros y, por ejemplo, que se pudiera enviar un mensaje a través de WhatsApp al usuario cuando se supiera que está abandonando su comunidad autónoma de residencia. En el hipotético caso de que llegara a lanzarse un servicio así, sería un mensaje disuasorio, advirtiéndole de que no debe abandonar la región a no ser por causa de primera necesidad.

En principio, si los datos recopilados se emplean para los fines señalados, el usuario no debería dejarse llevar por el alarmismo y pensar que su privacidad se está viendo comprometida, dado que toda la información se recoge de manera agregada y de forma anónima. En definitiva, otros servicios online ya emplean la geolocalización de esta manera desde hace años sin que nadie se haya llevado las manos a la cabeza.

Por ejemplo, Google, al emplear el buscador o utilizar Google Maps, indica si un determinado establecimiento, un supermercado, un bar o un museo, presenta una mayor afluencia de usuarios en un determinado momento y aconseja las mejores horas para visitarlo con comodidad. De la misma manera, también señala cuáles son las líneas de metro más concurridas, entre otros servicios. Para proporcionar esa información, Google emplea datos anónimos de los usuarios que están empleando sus servicios, los que sea, en su teléfono móvil. Teniendo en cuenta que los dispositivos con sistema operativo Android -desarrollado por Google- son más del 90% del parque móvil en España, y que muchos usuarios de iOS también tienen instaladas aplicaciones de Google, la compañía maneja información de prácticamente la totalidad de usuarios de telefonía móvil en el país.

Ahora Google, con esa información ha puesto a disposición de las autoridades “mapas de movilidad” de la población elaborados en base a todo ese big data recopilado. Lanzados hace sólo unos días, en la actualidad proporcionan información a nivel nacional de 131 países en todo el mundo, aunque Google ya ha señalado que trabaja para ampliar la creación de mapas a otros territorios y también para elaborarlos a partir de las próximas semanas con información regional.

Facebook es otra compañía tecnológica que elabora desde hace años mapas de movimiento de la población en base a los datos que proporcionan los propios usuarios y que han sido empleados en situaciones como desastres naturales. Ahora, la compañía los está desarrollando para poder luchar contra el avance de la enfermedad.