Denuncian 100.000 violaciones de derechos humanos con Tayip Erdogán

La Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD) acaba de publicar un informe según el cual solo durante los últimos cuatro años se han registrado más de 100.000 violaciones de derechos humanos, en concreto 106.479. La estadística incluye todo tipo de denuncias, desde las ejecuciones extrajudiciales hasta simples sanciones informativas pero, sobre todo, desmiente la afirmación de Erdogán, el primer ministro turco, de que, con su gobierno, las violaciones de derechos humanos han desaparecido.

La IHD recuerda, en este sentido, la reciente creación en el Parlamento de Ankara de una comisión dedicada específicamente a las numerosas muertes no aclaradas y que precisamente la primera investigada se refiere a la desaparición de un joven –Tolga Baykal Ceylan- poco después de ser apresado por la policía durante el año 2004. En total, se calcula que entre 2006 y 2010 unas 500 personas habrían muerto en extrañas circunstancias, destacando el año 2007, en el que se contabilizaron 103 muertes de este tipo. Además, en este periodo también se habrían constatado 3.121 denuncias por torturas o malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad.

La mayor parte de estas denuncias tienen que ver con el grave conflicto político en la región del Kurdistán. Muchas de estas denuncias terminan en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, de forma reiterada, condena al Estado Turco a pagar fuertes indemnizaciones a los denunciantes. Solamente durante este mes de febrero, el Tribunal de Estrasburgo ha dictado tres sentencias obligando al Gobierno de Erdogán a pagar 18.000, 15.000 y 9.000 euros, respectivamente, al abogado Gulizar Tunler, al editor Unsal Ozturk y a la periodista Nevin Berktas.

Unos 60 periodistas y escritores permanecen todavía encarcelados en Turquía por delitos de opinión, acusados, generalmente, de tener vínculos con organizaciones terroristas, como ocurre actualmente con Suzan Zengin, a la que se le acaba de negar la libertad provisional. Suzan, comprometida con la lucha de las minorías y de forma especial la de los cristianos en Turquía, lleva dos años en prisión acusada de pertenecer a una organización ilegal.

Esta acusación ha servido también para encarcelar a cientos de cargos municipales, de organizaciones sociales, religiosas o culturales. Sobresale el macrojuicio, todavía en curso, contra 153 dirigentes kurdos procesados por crear una red de asociaciones supuestamente dirigida en la sombra por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo armado al que combate el Ejército desde el año 1984.

Alcaldes de importantes ciudades, como Abdulá Demirbash, primer edil de Diyarbakir Sur, o Neidet Atalay, de Batman, están en el banquillo por este motivo. Algunas de las acusaciones se centran en el uso de la lengua kurda en trámites municipales. Esta práctica se considera ilegal porque, aunque no está penalizado hablar kurdo, sí lo está su uso en documentos oficiales. En los juicios, se ha llegado a mostrar como prueba testifical la utilización de una misma palabra, existente tanto en turco como en kurdo, pero incluyendo las letras W, X y Q, que no forman parte del alfabeto oficial pero sí del kurdo.

Este macrojuicio, al que asisten numerosas delegaciones internacionales, ha sido suspendido en varias ocasiones desde el pasado mes de noviembre porque los procesados se niegan a declarar en otra lengua que no sea la suya, lo cual coloca al tribunal ante la tesitura de aceptar o no el uso de traductores, tal y como se hace con cualquier idioma extranjero.

Este problema ha adquirido en los últimos meses una dimensión nacional al impulsarse en institutos y universidades una huelga denominada de “lápices caídos” en la que los estudiantes kurdos se niegan a realizar ciertas actividades si no se utiliza su propio idioma. Concretamente, el pasado 21 de febrero y con motivo del Día Internacional de las Lenguas Maternas, se anunció la recogida de un millón de firmas de apoyo a esta campaña, que ha tenido como protagonistas de excepción a la W, la X y la Q, las tres letras “prohibidas” bajo mandato de Tayip Erdogán.