Esperando a Manu Brabo

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Concentración celebrada el pasado día 20 en Gijón para exigir la libertad de Manu Brabo. / Alberto Morante (Efe)

Revisando sus imágenes, captadas en lugares como Haití, Kosovo, Cisjordania, Argentina o Libia, queda claro que Manu Brabo (Gijón, 1982) es un fotógrafo vocacional. Es de los que cree que, a mayor proximidad a los acontecimientos, mejor se captura la esencia de los hechos -el principio de todo fotógrafo de guerra-, y considera que las historias marginadas por la realpolitik sí interesan -un reportaje sobre el hospital mental de Belén, otro sobre las protestas contra el almacenamiento de basura radioactiva en Alemania, otro sobre una mina de estaño colectivizada en Bolivia-, aunque el mercantilismo que se ha apoderado del periodismo los condene a no ser publicados en los medios de masas.

Hace casi un mes que Manuel Varela de Seijas Brabo, Manu Brabo, no puede tirar una sola foto. El pasado 5 de abril fue capturado por las tropas de Muamar Gadafi en la carretera que une Brega con Adjabia, cuando circulaba a bordo de un vehículo junto a otros tres fotoperiodistas: el sudrafricano Anton Harmell y los norteamericanos James Foley y Clare Gillis. Su vehículo fue incendiado, según relató un asesor de Seguridad del New York Times que viajaba en un vehículo cercano. Los cuatro fueron introducidos en otro coche y desaparecieron por la polvorienta carretera. No tardó en confirmarse que estaba en manos del régimen libio, ni tampoco tardó el Gobierno español, por boca del Ministerio de Exteriores, en anunciar una “liberación inmediata”. Casi 25 días después, Brabo y sus compañeros siguen en una celda libia.

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La intervención militar contra Gadafi parece estar complicando las gestiones para la liberación de los cuatro reporteros. El régimen les acusa de estar en el país sin visado, algo estrictamente cierto, puesto que la prensa suele entrar desde el Este del país, liberado por quienes exigen el final de la dictadura: solo que los oficiales de fronteras desertaron y ya no hay nadie que pueda sellar los pasaportes en nombre de Tripoli, algo que no es precisamente responsabilidad de los reporteros. Desde hace pocos días, los rebeldes han asumido esa tarea, si bien parece improbable que el Gobierno central esté contento con la idea.

Manuel Varela de Seijas, padre de Manu Brabo, habla con los periodistas, el pasado día 20. / A. M. (Efe)

Sea como sea, parece claro que el régimen está utilizando a los reporteros como moneda de cambio. Tras las infructuosas gestiones de los embajadores de Hungría y Turquía con el régimen de Gadafi, ambos en buenas relaciones con los libios, el Gobierno español envió a Tripoli a un diplomático de la Embajada en Libia -por entonces todo el personal había sido retirado- para mediar en el caso. Diego Ruiz, según ha comunicado el Gobierno, se concentra en pedir que se le permita visitar a Brabo en el centro de detención donde se encuentra para poder entregarle artículos de primera necesidad y constatar su estado, así como presionar a las autoridades para que le expulsen del país en lugar de mantenerle detenido.

Hace sólo cinco días se produjo la llamada más esperada por la familia del asturiano: el fotógrafo fue autorizado a telefonear a sus padres. Así supimos que “se encuentra físicamente bien, que no ha sufrido maltratos y que está en compañía de otros periodistas detenidos en una prisión militar en Trípoli", según comunicó su padre, Manuel Varela. Su familia aseguró que Brabo estaba más preocupado por la angustia de sus familiares que por su propia detención. Cada día que pasa, más urge recordar su caso para impedir que caiga en el olvido, y numerosas iniciativas, desde grupos en las redes sociales hasta manifiestos en busca de firmas y llamamientos de las organizaciones profesionales, se encargan de reunir los apoyos suficientes para ello.

3 Comments
  1. Díez says

    La Convención de Ginebra protege a los periodistas. ¿Ha pedido Jiménez la intervención de Naciones Unidas en este caso? ¿Verdad que no? ¿A qué espera? Les recuerdo que la labor de los periodistas en esencial para evitar y en su caso juzgar a los criminales de guerra. ¿Qué están haciendo los gobiernos llamados democráticos? ¿Alguien les pedirá cuentas?

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