Entregada la acusación del 'caso Hariri'

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Rafic Hariri, asesinado en 2005, fue primer ministro de Líbano en dos ocasiones. / Wikimedia Commons

Era un momento muy difícil para el nuevo primer ministro, el multimillonario suní Najib Mikati, aliado con la mayoría antisiria del Líbano. De hecho, se consideraba la prueba de fuego de su nombramiento: hasta ese punto se esperaba la posición de su Ejecutivo hacia el acta de acusación del Tribunal Especial para el Líbano que acusa a cuatro miembros de Hizbulá del magnicidio de Rafic Hariri.

Porque se sospechaba la acusación desde hace dos años -cuando una filtración periodística ya apuntó al Partido de Dios libanés- y porque apuntar a Hizbulá significa acusar a la comunidad chií en un país tan dividido y enfrentado como el Líbano, que aún arrastra los fantasmas de la guerra civil y amenaza con repetir matanzas pasadas gracias al odio intercomunitario. Y porque el Líbano suscribió unos acuerdos con el Tribunal que le impide ignorar el contenido del acta de acusación. Que, más concretamente, obligaban a Beirut a "colaborar plenamente" con el TEL. Toda una acrobacia para un Ejecutivo impulsado por Hizbulá.

Era un momento muy difícil pero también inevitable, y la ventaja es que durante dos años se han estado estudiando las diferentes opciones. Ayer, una comisión del TEL entregó en Beirut el acta de acusación al fiscal general Saeed Mirza. El contenido es, en teoría, secreto, pero las filtraciones no tardaron en arrojar nombres. Hassan Issa, Assad Sabra, Salim Ayyash y Mustafa Badreddine, cuñado de Imad Mughniyeh, el fallecido jefe militar del Partido de Dios. Todos ellos vinculados de una u otra forma a Hizbulá. ¿Cómo reaccionar a semejante desafío?

Mikati optó por la tangente, y por el chantaje emocional: "Hariri solía decir que nadie es más importante que su país, y hoy es nuestra obligación mantener el Líbano tal como lo quería Hariri", dijo en un discurso a la nación pronunciado ayer tras la entrega del acta de acusación. "Debemos ser pacientes y racionales. Debemos evitar todos los trucos, cualquier intento de arrojarnos al enfrentamiento [...] Es de una importancia vital permanecer juntos". Eso sí, advirtió que su Gabinete "actuará responsablemente y pensará seriamente [sobre el acta] para que nadie pueda usar esta oportunidad para crear inestabilidad en el país".

Es decir, paz social versus justicia. Según Mikati, proteger la primera era lo que hubiera querido el difunto Hariri pero el hijo y heredero de éste, el jefe de la oposición Saad Hariri, no es partidario de sacrificar la verdad. "Es un momento histórico", ha dicho desde París, donde reside buena parte del tiempo desde que su Gobierno cayó el pasado enero. "Tras muchos años de paciencia y combate, hoy nos enfrentamos a un momento histórico para el Líbano en el plano económico, de Justicia y de Seguridad", declaró mediante un comunicado.

La prensa regional y parte de la internacional enloqueció repentinamente con la noticia de la entrega del acta de acusación, un paso tangible y definitivo en un proceso judicial que se intuye largo. Pero que sobre el terreno no parece tener consecuencias, al menos inmediatas. "En realidad el acta de acusación no presenta hechos nuevos, todo se conocía ya y se lleva hablando de ello dos años. Lo que va a pasar ahora es que vamos a asistir a una repetición de las posiciones que ya conocemos. Lo único que se ignora es el nivel del compromiso del Gobierno hacia el Tribunal Especial para el Líbano", explicaba en declaraciones a Al Jazeera el diputado Ghassan Mukhaiber.

Un misterio que no dilucidó ayer Mikati, hábil en vaguedades políticas. La cuestión es que Hizbulá, que forma parte de su Gobierno, no reconoce la legitimidad del Tribunal Especial para el Líbano. Siempre ha rechazado cualquier vinculación con el magnicidio pero no refrendó la colaboración con el TEL, al que tacha de instrumento israelí para acabar con su formación, y denuncia las numerosas irregularidades en que ha incurrido el Tribunal desde que fuera creado, mediante la resolución 1757 del Consejo de Seguridad, en 2007, y años antes, cuando era una comisión internacional de investigación.

En este juego sólo hay dos opciones: colaborar con el TEL arrestando a los inculpados y entregándolos -algo que no permitirá Hizbulá, al considerar la acusación teledirigida por sus enemigos- o no hacerlo. Pero romper la colaboración del país con el TEL es una estrategia muy arriesgada para Mikati: aislaría el Líbano, enfrentaría al país a sanciones e incluso se arriesgaría a una intervención militar amparada por el capítulo VII de la Carta de la ONU, el mismo que ampara el TEl.

Los expertos libaneses coinciden en que ninguna de las dos cosas ocurrirá. Presentada el acta de acusación, el Gobierno libanés dispone ahora de 30 días para arrestar a los acusados. En el caso de que no lo haga, el acta se hará pública y se esperará a que los interpelados se entreguen por sí mismos.

"Hay que ser conscientes de que esta acusación no es final, que se necesitan pruebas irrebatibles y fuertes", decía Mikati quitando hierro de algún modo a un acta de acusación "histórica" para sus rivales. "No creo que las autoridades libanesas tengan capacidad de arrestar a esas personas, ya sean miembros o próximos a Hizbulá, en el caso de que sigan en el país. Creo que el mandato quedará abierto hasta que se entreguen por sí mismos", valoraba el general retirado Hisham Jaber.

El experto jurídico Omar Nashabé barajaba varios escenarios, todos igualmente inocuos para el Gobierno libanés. "El TEL se creó en 2007 con la premisa de que trabajarían según los estándares legales internacionales. Mikati siempre puede alegar que eso no está ocurriendo y que por tanto no se puede colaborar con la institución. Existe la posibilidad de que el Gobierno simplemente diga que no ha podido encontrar a los acusados y que por tanto no ha podido entregarles la citación. Si eso ocurre, el presidente del TEL tendrá que hacer el acta de acusación pública, y si así tampoco se entregan ni son detenidos, hay una posibilidad de que tengan que ser juzgados in absentia". Es decir, que el acta de acusación contra miembros de Hizbulá no tendrá consecuencias inmediatas para el país ni para el partido-milicia chií. "Mientras siga siendo protegido por la comunidad chií, en un país con tanto peso de las comunidades religiosas como el Líbano, Hizbulá no tiene nada que temer", valoraba el profesor de Ciencias Políticas Hilal Khassan.


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