La tragedia de Turquía revela que las tasas antisísmicas se destinaron a carreteras

El terremoto de Van no solamente ha reabierto la polémica sobre la brecha que se está abriendo entre las comunidades turca y kurda en Tuquía, sino que ha sacado a relucir la falta de previsión del Gobierno de Ankara ante este tipo de desastres. Debido a las protestas de la población local y de los ayuntamientos afectados por el seísmo, Tayip Erdogán, el primer ministro, no tardó en reconocer los errores de coordinación cometidos, en buena parte debido al secular abandono con que el Gobierno central castiga a estas alejadas y conflictivas provincias, limítrofes con Armenia, Irán e Irak.

Pero lo que más ha sorprendido del debate sobre las graves consecuencias del terremoto, que el miércoles tuvo una fuerte réplica en la misma zona, ha sido descubrir que el Gobierno se ha gastado el dinero recolectado específicamente para prevenir los movimientos sísmicos en obras públicas que, como construir carreteras, tienen poco que ver con la prevención de los terremotos, además de tapar con este dinero algunos agujeros presupuestarios. Así lo ha reconocido el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, a los medios de comunicación.

Cuando en agosto 1999 ocurrió el terrible seísmo de la región de Mármara, que provocó más de 17.000 muertos, se implantaron varias tasas específicas tanto para ayudar a las víctimas como para prevenir nuevos desastres de este tipo. Se trataba, en principio, de impuestos temporales que después se siguieron cobrando, algunos de los cuales fueron convertidos en permanentes por el Gobierno de Erdogán. Por ejemplo, uno de ellos, el denominado OIV (Tasa Especial de Comunicaciones), permite dedicar una pequeña partida del consumo en telefonía móvil y fija a este fondo preventivo. Solo con esta tasa y en los diez primeros meses de este año, el Estado turco ha ingresado más de mil millones de euros.

Melmet Simsek ha reconocido que el dinero recolectado se ha destinado a obras públicas de carácter estatal porque benefician “a los 74 millones de personas que viven en Turquía” y que ese dinero no se ha gastado para los fines con los que se recaudó porque, según sus afirmaciones y de acuerdo con los actuales criterios impositivos internacionales, no se considera correcto crear tasas especialmente destinadas a un solo objetivo.

Sin embargo, la consecuencia de todo ello es que en Turquía se sigue construyendo, pese a ser un país con gran riesgo de sufrir terremotos, sin las necesarias medidas antisísmicas y que, pese a la gravedad de lo sucedido en 1999, tampoco se pusieron en marcha programas suficientes para reforzar las estructuras en las grandes metrópolis. Por ejemplo, el año 2009, con motivo del décimo aniversario del terremoto de Mármara, un informe de la Universidad del Bósforo demostraba que Istanbul no estaba preparada para este tipo de situaciones. Según aseguraba el profesor en Ingeniería Semih Tezcan, solo el uno por ciento de los edificios habían sido reforzados; los mismo ocurría con escuelas y hospitales. De las 3.000 escuelas que había en el área metropolitana, se habían tomado medidas antisísmicas en 250, y solo diez de los 635 hospitales públicos podrían hacer frente a un hipotético seismo.

La situación aún es más dramática en zonas tan atrasadas y abandonadas como las provincias kurdas del sureste, donde se concentran índices de pobreza, paro y subdesarrollo muy superiores a los del resto del país. Esta es una de las principales causas de que en esta región haya surgido un movimiento nacionalista tan radical como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que, pese a ser considerado una organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, cuenta con un gran apoyo entre la población. Sin ir más lejos, el pasado día 5 decenas de miles de personas acudieron en Hakkari al funeral por uno de los miembros del PKK muertos en los últimos combates con el Ejército.

También ese día, dos semanas después del cataclismo, seguían llegando de esa zona informaciones denunciando que a muchos pequeños pueblos no habían llegado los equipos de socorro del Gobierno, lo que podría elevar considerablemente la actual cifra de 600 muertos. Algunos de los alcaldes de estas aldeas han presentado su dimisión en protesta por el trato discriminatorio, un trato que fue más que evidente en los primeros días del desastre, como tuvo que reconocer públicamente Tayip Erdogán.

Por ejemplo, cuando se creó el comité de crisis en la ciudad de Van, la más afectada por el seísmo, se excluyó del mismo al actual alcalde, Bekir Kaya, por la sola razón de pertenecer al BDP (Partido por la Paz y la Democracia), considerado el “brazo político” del PKK y que ganó las últimas elecciones municipales. Pero lo más grave del asunto es que, durante esos primeros días, la prensa turca y el propio gobierno pusieron en cuestión la solidaridad de los alcaldes del BDP con las víctimas, insinuando que solamente se dedicaban a hacer política y a apoyar a los terroristas del PKK.

Osman Baydemir, alcalde de Diyarbakir (un millón de habitantes), que se enfrenta a una condena de 28 años de prisión por este motivo, tuvo que salir al paso el día 31 de octubre de esta campaña e informar de los esfuerzos realizados en esta ciudad y en muchas otras para atender a los damnificados. De acuerdo con estos datos, 55 localidades integrantes de la denominada Federación de Municipios de la Región del Sureste de Anatolia (GABB) habían enviado 300 camiones con toneladas de alimentos, tiendas de campaña, mantas y ropa de abrigo, además de camiones cisterna con agua, excavadoras, material y grupos de rescate, y equipos de asistencia sanitaria. Solo de su ciudad se había enviado una cocina móvil capaz de dar comida caliente a 9.000 personas.