Un juez de Almería prolonga el atentado ambiental de El Algarrobico

Imagen de una de las protestas de los activistas de Greenpeace en el hotel El Algarrobico. / greenpeace.org

El Ministerio Público habla a veces de contumacia refiriéndose a determinados delincuentes tenaces y reincidentes en sus transgresiones de la ley. Ese término debería tener el carácter de reversibilidad. Al menos, eso es lo que correspondería aplicar al examinar el largo y clamoroso caso del hotel edificado sobre tierra legalmente protegida en la playa de El Algarrobico, municipio de Carboneras, provincia de Almería, Comunidad Autónoma de Andalucía, Reino de España.

Si enumero detalladamente la localización geográfico-administrativa del lugar en cuestión es para dejar claro cuántas y cuáles son las administraciones relacionadas en el mantenimiento y no reparación del desaguisado: todas, que son todas las que hay, han colaborado en “sostenella y no enmendalla”.

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Hasta la administración de Justicia se ha hecho cómplice directo del asunto gracias al auto conocido el miércoles del magistrado-juez Raúl Hugo Muñoz Pérez, del juzgado número dos de lo contencioso-administrativo de Almería. Ha sido la última instancia a la que habían recurrido Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción para que ejecutara provisionalmente la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó la demolición de la monstruosa construcción.

Antes de eso, numerosas protestas de esas asociaciones, otras tantas acciones directas de Greenpeace y muchos ciudadanos españoles se habían manifestado en contra de la invasión del dominio público marítimo y del parque natural de Gata por los promotores y constructores de ese hotel,  cuyos derechos pretende salvaguadar ahora el jurista Muñoz Pérez invocando que tirar abajo la construcción “llevaría perjuicios ciertamente irreparables o irreversibles para” Azata del Sol S.L., constructora del engendro.

Su señoría, a cuya benevolencia me encomiendo, estima, deduzco, que evitar que Azata del Sol S.L. se vea menoscabada en su patrimonio supuestamente legítimo es más importante que restaurar el bien común de todos, que no es otro que la playa de El Algarrobico en su estado natural y enmarcada en los límites del Parque Natural de Cabo de Gata. No creo que el magistrado-juez opine que lo que es de todos no es de nadie. Pero envuelve su razonamiento final en tal fárrago de jurisprudencia de otras instancias superiores que cualquiera lo diría.

La primera reacción de alborozo al auto de su señoría sido la del alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández. No se conoce, a la hora de escribir esto, la de la todavía ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, la cual aventuró nada más tomar posesión del cargo, la pasada primavera, su intención de derribar el hotel. Cosa para la que no había dado ningún paso efectivo durante su estancia en la dirección de Obras Públicas de la Junta de Andalucía tras pasarse al PSOE con armas y bagajes abandonando IU.

Tanto el municipio, como la Junta andaluza y el Gobierno del Estado se han limitado a mirar para otro lado, resguardándose en una serie de sentencias, recursos, contrarrecursos, todo un fárrago legal en el que los hábiles representantes legales de Azata del Sol, a los que habría que caballerosamente felicitar, han sumergido el caso del hotel ilegal de la playa de El Algarrobico.

Es este, en suma, un caso más pero muy flagrante en el que la utilización hábil y perserverante de los mecanismos legales –cosa que cuesta mucho dinero– que proporciona el Estado de Derecho ha servido precisamente para conculcar los derechos generales en claro beneficio de los particulares, con la aquiescencia de todas las administraciones implicadas, incluida la de Justicia. Los promotores de Azata del Sol S.L. se han defendido como gato panza arriba y, con la perspectiva del 20-N, llevan las de ganar. ¿Terminaremos por pensar que las estructuras del Estado están al servicio de los poderosos?