MÓNICA G. PRIETO | Publicado: - Actualizado: 8/1/2017 21:00

El brasileño Paulo Pinheiro, uno de los tres responsables del informe de la ONU, ayer, en Ginebra (Suiza), durante la rueda de prensa en la que informó de la violación de los Derechos Humanos en Siria. / Laurent Guillieron (Efe)

La Comisión Independiente de Investigación sobre Siria, creada el pasado agosto por el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos, ha llegado a conclusiones escalofriantes sobre la represión del régimen de Bashar Assad sobre su población civil, que sin embargo no sorprenden a quien sigue los acontecimientos en el país árabe.

“Hemos identificado como pauta la violación de los Derechos Humanos por parte del Ejército sirio y las fuerzas de Seguridad”, explicó ayer desde Ginebra el brasileño Paulo Pinheiro, uno de los tres responsables de investigar a Damasco, junto al turco Yakin Ertürk y la norteamericana Karen AbuZaid, quien fue durante años alta comisaria de Naciones Unidas para la Agencia de Refugiados palestinos.

Desde agosto, los investigadores han mantenido entrevistas con 223 víctimas, testigos y desertores de las fuerzas de Seguridad sirias, todos ellos fuera del país dado que el régimen baazista se negó a cooperar con la comisión. Gracias a esos testimonios se denuncian ahora atrocidades como asesinatos arbitrarios, violaciones y abusos sexuales y torturas que tienen como objetivo a adultos pero también a niños. Según el panel, a 9 de noviembre se había confirmado la muerte de 256 menores de 18 años: la más joven de esas víctimas, una niña de dos años, abatida “para evitar que se convirtiese en una manifestante” según denunció un desertor testigo de los hechos.

“La amplitud y las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en Siria no podrían haber tenido lugar sin el consentimiento de los más altos oficiales del Estado”, especificó Pinheiro. Especialmente terrible resulta teniendo en cuenta que la Comisión ha hallado numerosas pruebas de violencia sexual contra niños. En uno de los casos reportados, un chaval de 15 años fue violado delante de su padre; en otro de ellos, un niño de 11 lo fue por parte de tres oficiales de la Seguridad. Las violaciones contra mujeres son desgraciadamente comunes y más conocidas, pero de la violencia sexual ejercida contra los varones, documentada por la institución de la ONU, existía mucho menos información y ha impactado a los investigadores, que se han mostrado “particularmente turbados por los amplios informes de violencia sexual, especialmente hombres y niños, en centros de detención”.

La comisión también denuncia torturas habituales contra menores de edad, algo que debería darse por hecho teniendo en cuenta cómo comenzó esta revuelta: ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando familiares, vecinos y amigos de una decena de adolescentes detenidos en Daraa por hacer una pintada contraria al régimen -contagiados por el ímpetu revolucionario regional- se manifestaron por su liberación. La violenta reacción de las autoridades hacia la marcha alimentó y extendió las protestas: los jóvenes terminarían siendo liberados días después. Habían sido torturados, a algunos les habían arrancado las uñas, una técnica muy común entre los servicios de Inteligencia de todo Oriente Próximo, y especialmente habitual en el Irak de Sadam Husein.

Desde entonces, han sido muchos los cadáveres mutilados, quemados, desollados y torturados que han sido devueltos a sus familias en Siria, como es posible ver en infinidad de grabaciones caseras en las morgues colgadas en YouTube. Otra de las denuncias consiste en la utilización de hospitales estatales como centros de detención de manifestantes heridos y de tortura de los mismos, en las que llegan incluso a colaborar personal médico o al menos ataviado como tal, una antigua denuncia de Amnistía Internacional.

La comisión ha puesto de relevancia que “el Estado de Siria es responsable de esas violaciones y ostenta la obligación de asegurar que sus autores sean castigados y que las víctimas sean recompensadas”. Es poco probable que eso ocurra, porque Damasco nunca firmó el Estatuto de Roma que dio lugar a la creación de la Corte Penal Internacional en 2002. La única forma de perseguir a Siria por estos presuntos delitos consisten en una resolución del Consejo de Seguridad que inste al fiscal jefe de la Corte a investigarlo, y hay que contar con que Rusia y China, aliados de Bashar y su régimen, bloquearán con su veto semejante iniciativa, de tener lugar.

Las conclusiones de Pinheiro y su equipo son inequívocas. “Miembros del Ejército y las fuerzas de Seguridad han cometido crímenes conta la Humanidad en la represión de una vasta población civil en el contexto de un movimiento pacífico de protesta”. El informe viene a aislar más a Damasco, precisamente después de que el domingo, la Liga Arabe aprobase sanciones destinadas a ahogar económicamente al régimen tras recibir la negativa de Bashar a aceptar el plan de paz diseñado por los árabes y que consistía en el envío de observadores y la retirada del Ejército de las calles.

La respuesta de Damasco al informe de la Comisión de Investigación y a las sanciones árabes ha sido la misma que lleva dando al mundo desde el principio de las protestas y de la consecuente represión. En las calles de Damasco, decenas de miles de sirios se manifestaron para dar su apoyo al régimen y rechazar las sanciones. Es muy habitual en las dictaduras movilizar a los ciudadanos para buscar legitimidad en el exterior, como ha podido comprobar esta corresponsal en países como Irak, Siria o Irán. En el primero, el régimen de Sadam Husein solía movilizar a cientos de miles antes de la invasión: una vez derrocado el régimen, era difícil encontrar a alguien que admitiera haber apoyado al dictador. Cuando se les interrogaba sobre las marchas, explicaban cómo no podían negarse ante las instrucciones del partido de salir a las calles por amenazas. En Siria, a este factor hay que sumar -como ocurrió en Libia- la población que, por miedo, conveniencia y convicción, apoyen al régimen baazista, como ocurría en Libia. Eso no pone en cuestión, sin embargo, las multitudinarias manifestaciones contrarias al régimen que tienen lugar en todo el país.

El ministro de Asuntos Exteriores, Walid Moallem, dio una rueda de prensa donde emitió un duro vídeo con imágenes de uniformados masacrados. “Los árabes no quieren admitir la presencia en Siria de grupos de terroristas armados que están cometiendo estos crímenes, secuestros y ataques contra lugares públicos”, afirmó. Es la justificación oficial de Damasco, que considera estar confrontando bandas armadas dirigidas desde el extranjero para dinamitar al régimen, aliado con Irán y Hizbulá, y así controlar Siria, un país estratégicamente vital en Oriente Próximo.

Parece indudable que ha habido bandas armadas en el país –previas a la formación del Ejército Libre de Siria, la formación de desertores que ahora combate activamente conta las fuerzas de Seguridad del régimen– pero eso no justifica las masacres contra la población civil constatadas por la ONU y denunciadas en estos meses por la población siria. En lugar de fuerzas antidisturbios, Bashar Assad ha utilizado carros de combate y helicópteros artillados para bombardear nucleos civiles, ha reprimido a manifestantes pacíficos con francotiradores y ha acometido detenciones masivas. Se calcula que unos 40.000 sirios han sido encarcelados en algún momento de estos siete meses, que 18.000 permanecen en prisión, y las cifras de víctimas mortales sobrepasan según la ONU los 3.500. Ocurre que nadie ha sumado la veintena diaria de muertos de las últimas semanas. Algunos activistas elevan la cifra a 5.000.

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