Los menores presos por política en Turquía han pasado de 17 en 2005 a 1.023 en 2010

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Gráfico ilustrativo con los menores condenados (rojo) y absueltos (verde). / Manuel Martorell

La Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD) considera que el escándalo de la prisión de Pozanti, donde se ha descubierto la reiterada violación y abusos sexuales de menores por adultos con los que estaban mezclados, es solo el último ejemplo de una larga lista denuncias por maltratos, negligencia e incumplimiento de la ley por las autoridades turcas.

En un nuevo informe que acaba de difundir su delegación en Diyarbakir, la IHD constató en la región más oriental del país y durante el pasado año, 1.453 violaciones de los derechos que asisten a los reclusos. Según este informe, solo en esta parte de Turquía 13 presos habrían fallecido debido a una actitud negligente de las autoridades que no proporcionaron a tiempo la asistencia médica adecuada. Otros 256 reclusos tendrían serios problemas de salud y tampoco estarían recibiendo el tratamiento adecuado. El informe cita igualmente 147 denuncias de torturas dentro de las prisiones, 599 casos de traslados irregulares, 37 casos en los que se habría negado a las familias el derecho a visitar a sus allegados y otros 96 en los que se habría prohibido al recluso mantener una comunicación con el exterior.

“El Estado –dice la IHD de Diyarbakir-, y en particular el ministro de Justicia, es el principal responsable cuando ocurren estas violaciones de los derechos. El último ejemplo es el de la prisión de Pozanti. No ha hecho nada pese a que hemos estado dos años exponiendo y denunciando el tratamiento inhumano en la prisión de Pozanti”.

En esta cárcel, situada en la provincia de Adana, había más de 200 presos menores condenados o procesados por delitos en aplicación de la Ley Antiterrorista. Según una reforma introducida el año 2006, esta ley permite tratar como adultos a menores comprendidos entre los 13 y los 17 años. En la práctica, la casi totalidad de estos menores por participar en manifestaciones de carácter nacionalista en la región del Kurdistán.

Se tiene el convencimiento de que, debido al aumento del número de menores fueron detenidos y encausados  debido a este cambio legislativo, bien con sentencia firme, bien en  prisión preventiva, lo ocurrido en Pozanti no es más que “la punta del iceberg”, como señaló hace unos días una comisión del Partido Republicano del Pueblo (CHP) tras una visita a ese centro penitenciario.

Progresión de los implicados en la causa KCK desde el 2005 hasta el 2010. / Manuel Martorell

De acuerdo con una reciente respuesta parlamentaria del ministro de Justicia, Sadullah Ergin, la aplicación de la Ley Antiterrorista ha provocado un impresionante aumento del número de menores encarcelados por motivos políticos, sobre todo en los años 2009 y 2010. En concreto, si en 2005 los menores condenados a prisión eran 17 y los absueltos tras el correspondiente juicio fueron 78, en 2006 fueron, respectivamente, 14 y 67, aumentando a 47 y 97 el año 2007 y a 38 y 122 en 2008. En el año 2009, sin embargo, las cifras se dispararon, pasando a ser 105 los menores con sentencia firme y 1144 los que tuvieron que ser liberados debido a una sentencia absolutoria. Al año siguiente (2010), el número de liberados se redujo a 857 mientras que los condenados subieron hasta los 1.023.

Como ya se ha mencionado anteriormente, estas cifras se refieren exclusivamente a procesos relacionados con la actividad política de organizaciones kurdas, consideradas terroristas por la actual legislación, existiendo, obviamente, otros procesos igualmente políticos pero no vinculados al separatismo kurdo, por lo que la cifra de menores tras las rejas es muy superior.

Otras estadísticas igualmente reveladas recientemente por el Ministerio de Justicia a preguntas de otros parlamentarios ponen en evidencia la gravedad a la que ha llegado el problema kurdo en Turquía. Según Sadullah Egin, en el año 2005 y solo en el caso denominado del KCK, siglas que corresponden a la Unión de Sociedades Kurdas, considerada plataforma de intervención social del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), habrían sido detenidas, interrogadas o investigadas 16.240 personas. Esta cifra había ido aumentando progresivamente hasta llegar en el 2010 a los 63.117 implicados, de los que 8,686 hombres y 1.206 mujeres habrían sido condenados a prisión.

Igualmente dan una idea de la magnitud que ha alcanzado este conflicto las cifras facilitadas por el viceprimer ministro Besir Atalay sobre las bajas sufridas por el Ejército en la guerra no declarada con las guerrillas del PKK. Según ha reconocido Atalay, desde el año 2002 hasta diciembre de 2011, han muerto 788 miembros de las fuerzas armadas y 4.487 han resultado heridos en combates o por ataques del PKK. De acuerdo con sus estadísticas, en los años de Gobierno del Partido del Desarrollo y la Justicia (AKP), se han registrado 11.734 incidentes violentos en el marco de la lucha contra este grupo armado, incluido en la lista de organizaciones terroristas no solo por el Gobierno de Ankara sino también por el de Estados Unidos y la Unión Europea.

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