La oposición armada siria, acusada de secuestrar, torturar y ejecutar

Los vídeos de torturas y ejecuciones sumarias llevaban viéndose en la red desde hace meses, pero lo que al principio fueron episodios aislados de violencia se están convirtiendo en una peligrosa pauta de conducta que ensombrece la revuelta siria.

La ONG internacional Human Rights Watch envió ayer una carta al Consejo Nacional Sirio, que aglutina a parte de la oposición en el exilio, en la que acusa a algunos miembros de la oposición armada de cometer “serios abusos contra los Derechos Humanos” entre los que se incluyen secuestros, detenciones y torturas contra miembros de las Fuerzas de Seguridad y seguidores del Gobierno así como shabiha, las milicias civiles del régimen.

Human Rights Watch llama al Consejo Nacional Sirio a condenar y prohibir dichas conductas, si bien admite que quienes las llevan a cabo no siguen una estructura de mando ni obedecen las órdenes del CNS, una institución no electa que no representa a los sirios sobre el terreno. La división en sus filas y la fuerte presencia de los Hermanos Musulmanes, con escaso predicamento en el interior de Siria desde hace 30 años, hacen que el Consejo no tenga poder para cambiar las cosas. Sin embargo, sigue siendo el único interlocutor en el exterior y para HRW es el único responsable de condenar y criminalizar esas conductas, ya que “el pasado 1 de marzo el CNS creó una oficina militar para enlazar, unificar y supervisar los grupos armados de la oposición, incluidos el Ejército Libre de Siria”.

El Ejército Libre es la facción de desertores que planta cara a las Fuerzas de Seguridad desde el pasado verano. Surgió con el objetivo de defender las protestas civiles, atacadas por las fuerzas del régimen, para más tarde hacerse fuertes en barrios y ciudades liberadas en las que el Ejército no podía entrar. A medida que la represión de las protestas y la ofensiva militar contra estas ciudades y barrios se hizo más mortífera, civiles con armas se sumaron a sus filas o se unieron de forma independiente a la batalla en lo que parece una amalgama de facciones armadas sin coordinación entre ellas.

“Algunos de los testimonios recogidos sugieren que algunos ataques armados de los grupos de la oposición están motivados por sentimientos anti-chiíes o anti-alauíes que emergen de la asociación de dichas comunidades con las políticas gubernamentales”, puede leerse en el comunicado emitido ayer por Human Rights Watch.

Desde el inicio de la revolución, la dictadura de Bashar Assad –que responsabiliza a salafistas y mercenarios extranjeros de capitalizar las protestas- ha utilizado un lenguaje sectario para referirse a los manifestantes, asociándolos con la comunidad suní, mayoritaria en el país árabe, y generando así un claro malestar de las minorías hacia la mayoría suní. Sin embargo, en las marchas contra el régimen participan todo tipo de ciudadanos y muchas de las caras más visibles de la revolución, como la actriz Fawda Suleiman, pertenecen a minorías religiosas como alauí –una escisión del chiísmo- profesada por la familia Assad y por la elite que gobierna siria.

El uso de shabiha –mayoritariamente alauíes- así como la movilización de la IV División Acorazada –sus componentes también pertenecen en su mayoría a esta secta- para liderar la “limpieza” de ciudades como Homs o Idlib, ha llevado a los opositores armados a realizar el mismo cálculo sectario, asociando a los represores con una comunidad religiosa en lugar de con el régimen en sí. Y su comportamiento es un calco de los usos criminales de la dictadura siria, según los testimonios recabados por HRW.

Es el caso de Mazen, pseudónimo de un activista que denunció a la ONG el secuestro de empleados gubernamentales a manos del grupo Abu Issa en Taftanaz, pueblo al norte de Saraqeb, en la provincia de Idlib. Se lo confesaron los propios hombres armados, y solicitó hablar con uno de los rehenes. “El detenido me dijo que era primer asistente del Hospital Nacional de Aleppo. Pedí a los revolucionarios que me lo trajeran para hablar con él. Dijo que los combatientes de la oposición le habían golpeado con cables eléctricos en la cabeza y que había sido encapuchado. Dijo que le dejaron hablar con sus padres, pero que les pidieron dinero a cambio de liberarle”.

En otros casos, las víctimas son civiles, como denunciaba Samih, pseudónimo de un activista de Saraqeb, en Idlib, que dio parte a la organización de las denuncias de civiles ante los responsables del Ejército Libre de Siria acerca de los secuestros a manos del Batallón Al Nur, un grupo salafista que según ellos captura a civiles para exigir un rescate por ellos y que no obedece las órdenes del FSA.

La ONG internacional explica haber visto unos 25 vídeos con ejecuciones y confesiones aparentemente obtenidas bajo torturas de miembros de las Fuerzas del régimen. “En al menos 18 vídeos los detenidos tienen quemaduras, sangran o muestran otro tipo de abuso físico”, explica HRW. Eso evidencia que algunos combatientes están cayendo en las mismas tácticas de terror empleadas por el régimen al que acusan de violar sus derechos humanos.

Uno de los factores más preocupantes que pone de relieve el informe es que el negocio del secuestro, tanto a manos de opositores como de miembros del régimen –que llevan empleando esta táctica desde hace décadas-, se está incrementando en Siria, signo del desmoronamiento del Estado. Ocurrió en el vecino Irak tras la invasión norteamericana de 2003, y no es el único paralelismo: a medida que se demore el desenlace de la revolución, mayor espacio encontrarán grupos radicales de Siria pero también de países vecinos o cercanos como Irak, Irán, Arabia Saudí o Líbano, para implantar sus propias agendas políticas o religiosas, tomando como rehén a la población sublevada.

“Las brutales tácticas del Gobierno sirio no pueden justificar abusos por parte de los grupos armados”, denunció ayer Sarah Leah Whitson, responsable de HRW para Oriente Próximo. “Los líderes de la oposición deben dejar claro a sus seguidores que no deben torturar, secuestrar o ejecutar bajo ninguna circunstancia”. Eso podría ocurrir si hubiese una sólida coordinación entre el Consejo Nacional Sirio y los grupos armados, la cual no existe. Su ausencia hace temer que Siria se adentre en el temido escenario de la guerra civil.