Un tribunal de justicia 'revolucionaria'
ALEPO (SIRIA).– En el barrio de Seif al Dawla, próximo a la conservadora barriada de Salahadin, escenario continuo de combates entre las fuerzas del régimen y el Ejército Libre de Siria, las personas que se aproximan al único edificio frecuentado de la zona no buscan pan, como suele ocurrir en el desesperado Alepo. Buscan justicia, y las decenas de antiguos funcionarios que pueblan los pasillos de este nuevo tribunal, ajeno al régimen y creado por jueces, abogados y religiosos expertos en Ley Islámica revolucionarios están dispuestos a hacer lo posible para impartirla.
“El objetivo es terminar con el caos y los problemas entre el ELS y la población civil. Hay gente que roba en casas vacías, otros que abusan del poder que les da las armas y hay que poner solución a ese tipo de injusticias”, explica el sheikh Mohamed Bassam Hijashi, responsable religioso del Tribunal.
La nueva corte se ha instalado en un edificio gubernamental de reciente construcción que nunca fue estrenado por las autoridades. Hoy, sus salas albergan despachos donde se imparte justicia civil, penal y religiosa, siguiendo el antiguo modelo de la Justicia siria –donde una versión modernizada de la Sharia convivía en casos menores con la legislación civil, dado que el país es de abrumadora mayoría musulmana– pero sin problemas como la corrupción que antes determinaba las decisiones en las cortes del régimen.
Este es un ejemplo más de las iniciativas de autogobierno que están apareciendo en zonas ‘liberadas’ de Siria, donde los profesionales intentan reorganizar la vida para evitar la anarquía. “Somos un ejemplo de que Alepo ha sido completamente liberada del régimen”, afirma el religioso con orgullo. “Decidimos organizar pequeños tribunales para lidiar con los presos cautivos del ELS y también para tratar a las personas que están cometiendo delitos”, puntualiza Hijashi. A su lado asiente Mohamed al Harb, un abogado con 14 años de experiencia que ha asumido la responsabilidad civil de este consejo que también cubre obligaciones tan simples como registrar nacimientos, defunciones, matrimonios o divorcios.
La corte se divide en dos instancias, un consejo religioso y otro civil, y según sus responsables es el resultado natural de la implicación de los abogados en las manifestaciones que originaron la revolución siria. “En las primeras marchas, el llamado Movimiento de Abogados Libres tuvo un papel fundamental”, relata Al Harb. “Cuando el ELS llegó a Alepo, les prestamos ayuda inmediata”. Su llegada también les convenció de la necesidad de crear algo parecido a un tribunal, una idea que se hizo realidad sólo cinco semanas atrás. “Algunos milicianos comenzaron a tomar zonas y creyeron que podían hacer lo que quisieran, que ellos eran la ley. Con el tiempo, enviamos un abogado a cada brigada para ayudarles a resolver los problemas que presentan esos elementos, y ahora mantenemos una buena relación con la mayoría de las brigadas”. También colaboración, ya que suelen ser los grupos armados de Alepo los que remiten a los detenidos a la corte. Algunos, a su llegada, presentan signos de haber sido torturados. “El problema de la falta de respeto hacia los Derechos Humanos por parte de algunos elementos es obvio, pero es difícil hacer más en estas circunstancias. Necesitamos apoyo del exterior, no podemos cubrir todas las necesidades por sí solos”, señala Al Harb.
Hoy, cinco semanas después del inicio de su andadura, la corte sólo encuentra problemas a la hora de tratar con dos milicias, las yihadistas Jahbat al Nosra y Ahrar al Sham, ambas salafistas y próximas a la ideología de Al Qaeda. “El principal motivo por el cual no podemos colaborar con ellos es que no esconden su ideario. Quieren mostrar abiertamente su proyecto, desean un gobierno islámico y, a diferencia de otras brigadas, ellos tienen un emir o príncipe que impone sus decisiones en caso de disputa. No hay acuerdos posibles con ellos, siempre que intentamos cooperar tratan de imponernos su solución”, explica el sheikh Mohamed. “Por el momento, ellos imponen su propia corte islámica en sus casos y nosotros aplicamos nuestra forma de Justicia en los nuestros. Pero en los casos de arrestos de miembros de otros grupos, por ejemplo, sí se requiere nuestra colaboración para decidir la pena a aplicar sin generar disputas entre grupos armados”.
En el caos sirio suele ocurrir, relatan, que los miembros expulsados de las brigadas capten a otros milicianos para organizar su propio grupo armado con escaso afán de combatir al régimen, sino más bien de dirimir cuentas con sus antiguos compañeros. “Cuando encuentran una fuente de financiación, tenemos el conflicto organizado”, se lamentan estos dos expertos. “Por eso una de nuestras prioridades ahora es organizar un cuerpo de policía con apoyo del Consejo Nacional Sirio y de grupos políticos sobre el terreno que nos permita tener autonomía para detener a elementos de este tipo. Estamos formando una fuerza entre gente formada, revolucionarios con principios, y esperamos que eso contribuya en el futuro a la caída de la dictadura”
En uno de los despachos del tribunal, un juez de aspecto aristocrático maneja decenas de documentos. “Deserté sólo hace cuatro meses, cuando el ELS se instaló en Alepo, pero soy revolucionario desde antes de que comenzaran las manifestaciones”, explica con una abierta sonrisa. “Desde que comenzó la insurrección seguí en mi puesto, porque era mucho más útil ayudando a los activistas desde el interior del sistema de Justicia que desde fuera. Mi coche no es registrado en los controles, y nadie investigaba las absoluciones de activistas que acumulaba. Cuando el ELS llegó a Alepo y me instalé en una zona liberada comprendieron que trabajaba en contra del régimen, y entonces me declararon en búsqueda y captura”. El juez calcula que el 80% del sector judicial sirio ya no apoya a la dictadura. “El régimen está muy debilitado”, estima.
Como él, unas 60 personas, casi todos ex trabajadores del antiguo tribunal local de Alepo, trabajan en las instalaciones. Es la primera pero no la única instancia judicial que pretende instalarse en la provincia, ya que el Movimiento de Abogados Libres trabaja en otras tres cortes similares en las localidades de Marea, Al Bab y Tall al Rifaat. “Ahora estamos comenzando a difundir la noticia de nuestra existencia, que poca gente conoce, mediante las redes sociales y el boca a boca. Pronto lo haremos en los nuevos medios de comunicación [ajenos al régimen] que están surgiendo”, explica Al Harb.
Los principales casos a investigar son abusos de poder, especialmente entre milicianos sin escrúpulos, casos de robos –sobre todo en viviendas abandonadas por sus propietarios por la proximidad de los ataques y bombardeos del régimen- y detenciones de presuntos shabiha, como se califica a los paramilitares que la dictadura emplea a modo de milicia civil.
En los subterráneos del edificio, se han habilitado varias celdas comunales: la femenina sólo acoge a una mujer menuda, acusada de haber delatado al régimen a activistas; en la masculina, de mayor tamaño, una veintena de presuntos shabiha se levantan y forman a la entrada de sus carceleros para gritar Allahu akbar -Dios es el más grande, grito de guerra de los rebeldes suníes- en un intento de ganarse las simpatías de la nueva autoridad del barrio. Las instalaciones están limpias y son extremadamente espartanas, pero los cautivos disponen de un colchón, varias mantas y un retrete cerrado por tres paredes. Ninguno de ellos presenta marcas de golpes, un problema endémico de la Justicia en la Siria de los Assad.
Las dificultades señaladas por los responsables del nuevo Tribunal de Alepo a la hora de tratar con salafistas radicales que imponen la Sharia en su forma más retrógrada parecen presagiar un incierto futuro en la Siria que arroje esta revolución, sea cual sea su forma. Sin embargo, Hijashi y Harb no se sienten amenazados por la presencia de extremistas. Según el primero, “el caos es inevitable, pero somos muchos los que estamos empeñados en evitar la anarquía”.
