Los islamistas egipcios imponen su Carta Magna con el 21 por ciento de los electores

Manifestantes anti-Mursi se enfrentan a la policía egipcia en Alejandría la víspera de la segunda ronda electoral. / Efe

Contra viento y marea, en medio de un cúmulo de irregularidades y con una abstención cercana al 70 por ciento del electorado, el bloque islamista de Egipto –Hermanos Musulmanes más los salafistas- han impuesto una Constitución rechazada por el resto de las fuerzas políticas porque abre las puertas a una fragmentación del país cuyas consecuencias nadie puede aventurar en estos momentos.

En resumidas cuentas, de acuerdo con los datos divulgados habrían votado a favor de la nueva Carta Magna diez millones y medio de personas (según los últimos datos, exactamente 10.543.893) de los más de 50 millones y medio con derecho a emitir su voto, lo cual supone el 64 por ciento de los votos emitidos pero el 21 por ciento del censo electoral, un respaldo popular a todas luces insuficiente para decidir algo tan trascendental como el cambio de una Constitución. La citada abstención del 70 por ciento contrasta, además, con la del 40 por ciento que se registró en las elecciones parlamentarias o con la del 48 por ciento de las presidenciales, lo cual indica que muchos millones de egipcios, aparte de quienes han votado NO respondiendo a la consigna del Frente de Salvación Nacional, han seguido la campaña de boicot lanzada por los sectores más radicales de la oposición al presidente Mohamed Mursi.

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Desde el principio, el proceso para elaborar el borrador constitucional ha sido una sucesión de desatinos, aunque el mayor de ellos haya sido dividir la votación en dos zonas geográficas y dos jornadas distintas con una semana de diferencia. De esta forma, la mitad del país votó el pasado sábado día 22 conociendo cuál había sido el resultado en la otra mitad que ya lo había hecho el día 15, algo que, obviamente, ha debido influir en la orientación de quienes tenían que votar una semana después.

La excusa para realizar esta división, algo totalmente insólito en este tipo de consultas, ponía en evidencia la falta de garantías sobre la limpieza del escrutinio: no había suficientes jueces para vigilar el desarrollo de la votación, ya que la mayor parte de los magistrados –encargados por ley de avalar el proceso- se negaban a participar en el mismo precisamente por considerar ilegal la forma en que se ha convocado el referéndum.

Los partidos del citado Frente de Salvación, sobre todo el Partido Constitucional de Al Baradei, los naseristas de Hamdin Sabahi, los liberales de Amer Musa y los islamistas moderados de Abulfutuh también han negado legitimidad al proceso argumentando que el borrador constitucional no es fruto del consenso prometido por los Hermanos Musulmanes sino producto de su alianza con los salafistas de Al Nur. Entre ambos, han introducido varios artículos que abren la puerta a una aplicación tanto de la propia Constitución como de las leyes que de ella emanen siguiendo una interpretación islámica rigorista.

Este hecho y la auto-asunción de poderes prácticamente absolutos por parte de Mursi en el periodo de interinidad hasta unas nuevas elecciones parlamentarias ha terminado por alejar del proyecto constitucional a la práctica totalidad de los asesores no islamistas del presidente. La última dimisión ha sido la del vicepresidente Mahmud Meki, que se conoció solo unas horas antes de que los egipcios comenzaran a ir a las urnas y mientras en Alejandría se reproducían los choques entre partidarios y contrarios al presidente.

Según han denunciado distintas organizaciones, se tiene la constancia de miles de irregularidades, entre las que destaca que el organismo encargado de distribuir las acreditaciones de los compromisarios para los colegios electorales entregó unas 20.000 de estas certificaciones a los Hermanos Musulmanes mientras que se las negaba a las asociaciones dedicadas a supervisar el proceso electoral.

Otras denuncias presentadas y todavía no aclaradas por la Comisión Electoral Suprema se refieren a la actuación como supervisores de “falsos jueces” que no acreditaban tal condición y la incitación al voto a favor del SI en plena jornada electoral. Representantes del Frente de Salvación han llegado a hablar de un fraude generalizado aunque insisten en que su lucha es pacífica y que continuarán su oposición a la línea autoritaria de Mursi.

Pero tal vez las declaraciones más significativas sobre el fiasco que está suponiendo el proceso constituyente de Egipto sean las del Movimiento 6 de Abril, una de las organizaciones juveniles que impulsaron las revueltas contra Hosni Mubarak. Para Mohamed Adel, uno de sus portavoces, lo ocurrido acaba con la esperanza de que los Hermanos Musulmanes y su Partido de la Libertad y la Justicia se unan al esfuerzo colectivo para diseñar un sistema político verdaderamente democrático y pluralista, acusándoles de imponer un texto constitucional a su medida sin contar con el amplio apoyo que un proyecto de este tipo requiere; para él, según ha declarado al periódico Al Ahram “los resultados han matado el sueño islamista”.