Las cosas no han salido como los Hermanos Musulmanes esperaban. Pese al elevado precio en sangre pagado en la defensa del presidente Mohamed Mursi y a la dura represión contra sus seguidores, la población egipcia no ha respondido a su llamamiento para boicotear las urnas.
De hecho y con unos resultados difícilmente cuestionables, la Constitución ahora refrendada, que sustituye a la votada en diciembre de 2012, resulta representar a un abanico más amplio de la sociedad egipcia. Si se comparan ambas votaciones, se puede ver que en solo seis de las 27 provincias el porcentaje de participación ha sido claramente menor que hace un año (Minya, 33,76 frente a 26,3; Sohag, 27,76 frente a 24; Fayum, 34,39/23,8; Beni Suef 37,82/29; Matrouh, 32,98/19,8 y Sinaí Norte, 30,16 frente a 17,1). En total, el índice de participación ha sido superior en seis puntos: 32 por ciento en 2012 frente al 38,5 por ciento de ahora.
Si se tiene en cuenta el número de votantes que ha dicho “SI” a la actual Constitución, nos encontramos con casi el doble sobre los que avalaron la anterior; en porcentajes, un 37 por ciento respecto al censo electoral frente al escaso 21 por ciento de hace un año. Y, si nos centramos en la diferencia entre el voto afirmativo y el negativo, la diferencia es aún mayor. En diciembre de 2012, la Constitución fue avalada por el 64 por ciento de las papeletas mientras que ahora ese porcentaje se sitúa por encima del 97 por ciento.
Parece claro que, en esta ocasión, se han volcado en las urnas quienes se sintieron excluidos cuando los Hermanos Musulmanes, apoyados por otros grupos islamistas, redactaron un texto de forma precipitada que fue rechazado por las fuerzas laicas, progresistas y la comunidad cristiana.
Una mayor garantía en los derechos de las minorías, la eliminación del artículo 219, que abría las puertas a la islamización del Estado y el deseo de acabar con el largo periodo de inestabilidad e incertidumbre que vive Egipto parecen haber sido concluyentes para explicar estos resultados.
En las jornadas del 14 y 15 de enero habría ocurrido el fenómeno contrario, aunque en esta ocasión el partido salafista Al Nur, con varios millones de votantes y pese a no estar totalmente de acuerdo con la nueva redacción, ha hecho campaña a favor del “SI” al entender que es la única salida para la normalización del país.
Resulta interesante la posición de los salafistas de Al Nur por su pragmatismo, una posición que se asemeja a la adoptada por el también influyente partido Egipto Fuerte, del islamista moderado y antiguo dirigente de los Hermanos Musulmanes, Abdelfutuh, que ha propugnado el “NO”, pero que acepta la “hoja de ruta” establecida tras la destitución del presidente Mursi con el golpe de Estado del 3 de julio.
Ante esta situación, habría que preguntarse si los Hermanos Musulmanes no se han equivocado en sus cálculos políticos cuando decidieron mantener una defensa numantina de la Presidencia de Mursi. Ahora no solo están siendo asociados a la escalada de violencia en la calle, sino que, apartados del juego político, su base social puede ser disputada por esas dos nuevas fuerzas que se reclaman del islam en las próximas elecciones legislativas.
El verdadero peligro de la actual situación estriba en que, como ya ha insinuado el general Al Sisi, termine presentándose a las elecciones presidenciales y que éstas se celebren antes de las parlamentarias. El amplio deseo de estabilidad expresado por los votantes y la actual psicosis de amenaza terrorista no hacen más que reforzar la necesidad de un gobierno fuerte dirigido por Al Sisi.
Su candidatura, según aseguran los comentaristas políticos egipcios, se impondría así fácilmente a la del dirigente naserista Sabahi, que también ha anunciado su intención de presentarse a la Presidencia. Resulta inevitable, como piensan muchos egipcios, ver el fantasma de un nuevo régimen autoritario, ahora legitimado por un plebiscito popular.