PwC, protagonista del escándalo fiscal ‘Lux Leaks’, asesora a la CE en materia de impuestos

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Imagen corporativa de algunas de las empresas que se beneficiaron del asesoramiento de PwC. / ICIJ (YouTube)

BRUSELAS.– Hace unas semanas saltaba el escándalo de Lux Leaks: el ICJI (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) publicaba una serie de documentos que probaban que entre 2002 y 2010, 340 empresas se beneficiaron de reducciones fiscales en Luxemburgo gracias a la mediación de PricewaterhouseCoopers y a un acuerdo secreto bajo el paraguas del gobierno del Gran Ducado, cuyo primer ministro era entonces Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Junker es ahora presidente de la Comisión Europea. PwC, además de una consultora entre cuyos clientes están algunas de las multinacionales más importantes del mundo, es uno de los grupos de expertos que la Comisión Europea (CE) consulta en diversos ámbitos con cierta asiduidad. Estas consultas, curioso, incluyen la aplicación de políticas en materia fiscal.

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Entre los años 2002 y 2010, PwC asesoró en numerosas ocasiones a la Comisión en materia fiscal y, lo que parece más sorprendente aún, presentó varios informes sobre la estructura del sistema financiero luxemburgués. Por supuesto, en ninguno de esos informes PwC explicó los mecanismos que más de trescientas empresas usaban por aquel entonces para ahorrarse millones de dólares en impuestos. Pero lo más asombroso, según ha podido comprobar cuartopoder, es que se PwC sigue asesorando en materia de impuestos a la Comisión que ahora preside Juncker, una vez destapado el caso Lux Leaks.

Desde sus inicios, las instituciones europeas han denunciado la carencia de medios para obtener información técnica que sufre la UE en general y la Comisión, que posee la iniciativa legislativa, en particular. La falta de fondos, personal y conocimiento para abordar determinados asuntos lleva a las instituciones a buscar el asesoramiento de “expertos” externos. En general, se trata de empresas que o bien llevan a cabo sus propias investigaciones, o bien contratan a otras para que realicen los informes.

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Jean-Claude Juncker, presidente de la CE. / Efe

El Bussines Dictionary define el lobby como “el acto de tratar de influenciar a los líderes de los gobiernos para crear una legislación que pueda ayudar a una organización en particular.” Generalmente, cuando pensamos en lobbies, imaginamos a grandes empresarios reunidos con los líderes mundiales dictándoles las normas que regularan nuestra vida. Bueno pues sí y no. A veces el lobby no se ejerce en las altas esferas. El caso de la Unión Europea es especialmente interesante en este aspecto.

Cuando hablamos de lobby es importante tener en mente el concepto de ‘curva de influencia legislativa’ (Guéguen, 2007). Este término hace referencia a un diagrama que muestra, según el economista y jurista Daniel Guéguen, que cuanto antes contactemos con la persona encargada de redactar una proposición de ley, más capacidad tendremos de influenciar esta. Además, las posibilidades de influir sobre un proceso legislativo aumentan cuanto más bajo sea el perfil de la persona con la que tratemos.

Previamente a toda proposición de ley de cierta complejidad, se abre un proceso de consulta para evaluar el contexto y el posible impacto de la misma. Durante dicho proceso, se realizan una serie de informes que influirán, en cierta medida, el modo en que la proposición será enfocada. De estos informes generalmente se encargan bien personal técnico de la propia Comisión o bien (y aquí viene lo interesante) expertos externos. Esto supone una oportunidad para los actores con intereses afectados de influir en el proceso legislativo a través de la presentación de los informes en los que se basen los gobiernos (léase la Comisión Europea en el caso de la UE) para redactar sus proposiciones de ley. De ahí que resulte cuando menos preocupante, que PwC haya asesorado y asesore a la Comisión Europea en materia fiscal tras revelarse que ayudó a cientos de empresas a ahorrarse impuestos por valor de millones de dólares. Si bien es cierto que la Comisión asegura que estos informes no representan necesariamente la posición de la misma, ¿para qué pedir entonces la ayuda de estos expertos si no para tenerla en cuenta?

Jean Claude Juncker se ha negado a asumir responsabilidades políticas (léase, dimitir de su cargo) por este escándalo. El presidente electo de la Comisión considera que no debe responder ante la Unión por su trabajo como ministro en Luxemburgo. Dice el refrán español que el que hace la ley, hace la trampa. Jean Claude Juncker debe asumir su responsabilidad al frente la Comisión Europea. Empezar por buscar alternativas a la falta de información que no supongan apoyar la tramitación de leyes con informaciones facilitadas por corporaciones especialmente entrenadas en saltárselas, parece un buen comienzo. Sobre todo, ahora que el presidente anuncia y denuncia la necesidad de luchar contra la evasión fiscal.