Asesinatos y amenazas a líderes sociales, la tragedia oculta de Colombia

Aquellas personas que defienden los derechos humanos, que buscan soluciones para tener una vida digna en comunidad o que defienden el medioambiente, en Colombia son conocidos como ‘líderes sociales’ o 'líderes comunitarios'. Un colectivo fuertemente amenazado en el país americano y que, paradójicamente, está sufriendo un repunte de violencia desde que en 2016 se firmaran los acuerdos de Paz con las FARC.

Desde esa fecha, según la Defensoría del Pueblo de Colombia, han sido asesinados más de 330 líderes. Tan solo en la primera mitad de este año, fueron asesinadas al menos 123 personas, según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Colombia. Esta misma entidad señala que los estados más afectados por estos crímenes son Cauca (78 homicidios), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18), Valle del Cauca (16) y Chocó (16), Risaralda (14) y Arauca (13).

Durante más de cinco décadas de guerra en Colombia, “todos los actores, tanto legales como ilegales” cometieron crímenes contra defensores, explica en conversación telefónica Carlos Guevara, coordinador del Programa Somos Defensores. Entre los implicados en estos baños de sangre, nombra a grupos guerrilleros, paramilitares, narcomilitares, empresarios y fuerzas de seguridad del estado, que se rigen por “intereses políticos y económicos”.

Pero en este periodo de postconflicto que atraviesa el país, “el repunte de asesinatos y violencia” contra líderes sociales “va a continuar”, ya que el problema se agudiza porque “ahora no se sabe quién empuña las armas”, lamenta Guevara.

Lo que sí está claro es que el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo. La mayoría corresponde a defensores de la restitución de tierras (esto es el derecho de los afectados por el conflicto armado, a recuperar los terrenos de los que fueron despojados), ciudadanos que quieren participar en política o gente que denuncia economías ilegales. Siendo los líderes de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, los más damnificados.

El 8 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, un líder afrodescendiente del Chocó, iba a caballo hacia su pueblo cuando un nuevo grupo paramilitar lo interceptó en un puente y acabó con su vida después de disparar 14 veces. Hernán se había opuesto a la palma aceitera, las bananeras y las fincas ganaderas que se expandían en el territorio de su comunidad y destruían el bosque. Ya en 1996 había sido desalojado a la fuerza de su tierra por un grupo paramilitar; pero había decidido regresar, a pesar de los riesgos. Las amenazas por parte de grupos armados ilegales se reavivaron en 2015 y, según la población local, el gobierno colombiano le dio un teléfono móvil y chaleco antibalas en un intento fallido por proteger al campesino.

Este relato es uno de los recogidos en el informe “¿A qué precio?” de la organización Global Witness, que señala a Colombia como el tercer país más peligroso del mundo para defender la tierra y el medioambiente. Así mismo, el documento expone que, “la situación ha empeorado desde el proceso de paz: miembros de comunidades desplazadas son atacados cuando regresan a sus hogares, mientras que actores rivales compiten para llenar el vacío de poder y controlar los recursos naturales”.

El pasado 3 de julio, dos hombres que viajaban en motocicleta, dispararon a Ana María Cortés cuando salía de un establecimiento público en el municipio de Cáceres en el departamento de Antioquia. La mujer, de 46 años, era secretaria de la campaña por la presidencia de Gustavo Petro en la región.

El político izquierdista, que fue el segundo más votado en las últimas elecciones presidenciales, escribió en su cuenta de Twitter: “Ana María Cortés, militante de la Colombia Humana, asesinada en Cáceres, Antioquia, había sido amenazada por el mismo comandante del municipio”.

Esa misma noche, los disparos acabaron con la vida de Margarita Estupiñán en la puerta de su casa, después de una década de amenazas por parte de grupos paramilitares. A pesar de la presión, esta mujer, de 54 años, fue presidenta de la Junta de Acción del barrio El Receo en Tumaco, en el departamento de Nariño, al suroeste del país.

Precisamente esa región, fronteriza con Ecuador y bañada por el  Pacífico, es una de las más castigadas por el conflicto y posconflicto. Sólo el municipio de Tumaco cuenta con el mayor número de hectáreas sembradas por coca. Además, el vacío de poder tras la retirada de las FARC, ha sido ocupado por, al menos, 12 grupos armados que se hacen con el control de 23 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

En este complejo escenario, se ha instaurado una grave situación en materia de vulneración de derechos humanos y amenazas a su población, que se repite en otros puntos del país. El pasado martes, el pupilo de Álvaro Uribe y derechista, Iván Duque, se convirtió en el nuevo presidente de Colombia en un momento en el que los ataques a líderes sociales destruyen el tejido social, el proceso de paz tambalea y el escepticismo está servido.

“El gobierno quiere dar una imagen de reconciliación, pero en la práctica hará lo que se le antoje, va a tratar de asfixiar los espacios de diálogo con la sociedad civil y defensores de derechos humanos”, denuncia Carlos Guevara, quién también señala la preocupación Somos Defensores ante la llegada de “nuevos ministros, que vienen del sector privado y desconocen la realidad social”. Un aspecto que les lleva a aventurar que en Colombia experimentarán “una reducción del gasto público y lo primero que afectará será a la paz". "No hay plata para financiar la paz”, lamenta.