ENTREVISTA

Rossi, defensora de los DDHH en Colombia: “Se acrecentarán los ataques contra las personas”

  • Entrevista a una de las beneficiarias del Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los DDHH del Ayuntamiento de Madrid

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El convulso post-conflicto colombiano muchas veces hace temer lo peor. Los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos o el regreso a las armas del exnúmero dos de las FARC, Iván Márquez, son episodios preocupantes. El contrapeso para frenar el desastre son los y las activistas, que tienen el tesón y la convicción de que es posible seguir construyendo, aun con el viento en contra. Es el caso de Nubia Rossi, quien actualmente lidera el proceso de calificación y reparación de su pueblo, Roncesvalles (Tolima), en el centro oeste del país, lugar que la guerrilla tomó y el Estado abandonó.

Ahora Rossi, militante del partido izquierdista Polo Democrático, ha hecho un alto en el camino en Madrid. Forma parte del Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid que gestiona la ONG Mundubat, y que dura tres meses. Gracias a este programa se le ha concedido un descanso, en un lugar seguro, tras 18 años en la defensa de los derechos humanos, los últimos cuatro dedicada a la defensa de los acuerdos de paz y a la implementación regional de los mismos. Hablamos con ella sobre la desaparición forzada que ha sufrido en su familia y sobre los retos que enfrenta Colombia bajo el gobierno del 'uribista' Iván Duque.

- ¿Cuál es su vinculación personal con el conflicto en Colombia?

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- Inicié este trabajo en defensa de los derechos humanos hace 19 años. Mi padre fue secuestrado, desaparecido, presumimos que muerto en cautiverio por el Frente 21 de las FARC porque no pudimos recuperar el cadáver. Yo formo parte de un proceso de búsqueda de personas desaparecidas junto con otros hombres y mujeres que son victimas del mismo flagelo, algunos son víctimas de las FARC, otras victimas del Estado o de grupos paramilitares. Eso fue mi inicio, aunque en el camino se suman otras luchas. Soy una enamorada de la defensa de los derechos humanos, que son el fundamento de la convivencia pacífica. Ingresé también en un proceso de 100 municipios de paz de la UE que se dio luego del “primer mandato ciudadano por la paz”, un ejercicio democrático de la sociedad civil, que le exigía al Gobierno que se firmara la paz con las FARC.

- Ha sido elegida como parte del Programa de Acogida Temporal a Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Madrid. ¿Cómo es la situación de riesgo que vive usted en su país?

– Yo experimento amenazas continuas desde el año 2007. El Estado colombiano me ha tenido que dar garantías para mi seguridad personal. Eso significa estar con escoltas, con chaleco antibalas, con una limitación a la movilidad... En el último año, que arreciaron las amenazas, vimos la opción de poder presentar la candidatura a algún programa de protección. Nosotros presentamos la candidatura a través de una ONG que se llama La casa de Colombia en España. Y ahora estoy aquí desde el primero de septiembre hasta el 30 de noviembre, dentro de una experiencia edificante que ha significado volver a conectarme con los hijos, con la familia, con la tranquilidad, con la dicha de caminar sin quien te cuide y quien te tenga que proteger. Aquí yo he percibido que la seguridad es un derecho humano y estoy gozando de esa libertad con mucha alegría.

- ¿Qué significa ser mujer y madre cuando se corren los riesgos que conlleva defender los derechos humanos en su país?

– Uno realmente nunca mide las consecuencias de lo hace. Yo siempre anhelé ser mamá, porque vengo de una familia de cuatro mujeres. Sorprendentemente pude llevarme a mis hijos para todos lados. Más que haberme afectado a mí, les ha afectado a ellos, que no han podido establecer relaciones fraternas y profundas con sus amigos. A mi hijo mayor esto le ha afectado muchísimo porque hace tres años él también empezó a recibir amenazas a través de redes sociales, lo cual me llevó a aislarlo totalmente, sacarlo de su colegio... Actualmente ahora ambos se educan con tutores en la casa y por Internet. Esa es la vida que escogimos. Es un precio muy alto el que se paga. Siempre digo que no sé si lo hice bien o mal, pero lo hice con muy buena intención.

Usted acompaña a las familias que buscan a personas desaparecidas. ¿Cómo resumiría lo que entraña realizar esta labor en un país en el que el conflicto armado ha durado décadas?

"Lo que hago significa cargar con el dolor y las frustraciones de muchas personas"

– Las personas llegan a nosotros a través de una corporación que les ha dado la atención primaria, CORFUPAZ. Hay gente que no ha hecho ningún procedimiento. Nosotros hacemos el acompañamiento del ciudadano en toda la ruta legal: les acompañamos al Ministerio, luego a la Fiscalía, luego a Medicina Legal y de ahí la persona queda a cargo nuestro, es decir, nosotros les realizamos todos los trámites. Creo que no se ha inventado la palabra para definir lo que hago: ni es heroico, ni satisfactorio, ni lindo. Significa cargar con el dolor de mucha gente y las frustraciones de muchas personas. También está esa satisfacción, aunque esta no sea la palabra, en el momento que que podemos devolverle a una persona muerta a alguien, con la ayuda de las autoridades. La familia agradece o expresa, pero para mí un muerto es un fracaso.

Su padre desapareció también. ¿Cuál es su historia?

– Mi padre está desaparecido hace 25 años. Creo que cuando nosotros encontremos a mi papá podré inventar una palabra para describir eso. Mi padre era caballista, es decir, criaba caballos, y agricultor. En la época durísima de las arremetidas de las FARC, en 1994, se presentó una oleada de secuestros para financiar la guerra en toda Colombia. Mi padre, en mi presencia, pagó muchas veces extorsiones a las FARC. Un día cualquiera se lo llevaron secuestrado. Estuvo tres meses secuestrado. Se pagó el rescate, lo liberaron, y casi al año se lo volvieron a llevar y ya nunca más volvimos a saber nada de él. La familia quebró económicamente porque se acababa de pagar un secuestro, se perdieron las tierras... Mi padre fue declarado muerto por un juicio, un proceso cotidiano en Colombia para que a la familia no se le embargue etc., y en un momento de inspiración, o dolor, decidí que había que empezar a buscarlo. En mi casa esto solo lo hago yo, los demás se encargan de sus cosas.

Para alguien que ha sufrido tanto y que, además, hace una gran apuesta por la paz en su país, ¿cómo fue vivir el plebiscito de 2016 en el que el pueblo colombiano se inclinó por el “no” a los Acuerdos de Paz?

– En mi municipio yo gane el plebiscito. Roncesvalles es el único pueblo al sur del Tolima que ganó el plebiscito. Yo creo que el plebiscito se perdió porque la gente no salió a hacer la campaña. Esa es la respuesta. Para ganar las elecciones hay que hacer la campaña. La gente creyó en las redes sociales y se confió. Mientras uno estaba seguro de que iba a ganar el plebiscito, tenía cinco o seis tías a las que el cura del pueblo o el vecino les había dicho que votar “no” significaba votar “no” a la guerra. Es totalmente merecido haber perdido.

Otro momento histórico. El año pasado ganó las elecciones presidenciales, Iván Duque, el uribista que prometió modificar los Acuerdos de Paz. ¿Cómo calificaría su actitud con el proceso de paz desde entonces?

– Lo más peligroso de los Acuerdos de Paz es el postacuerdo, no la guerra. El postacuerdo abre los espacios donde antes había control territorial armado. Se van esos actores y entran otros a apoderarse de las economías ilegales. Entran los carteles mexicanos donde antes se controlaba la coca a través de estructuras de la guerrilla. Ahora, el Gobierno cumple los acuerdos al ampliar indefinidamente el subsidio para los miembros de las FARC. Los acuerdos son constitucionales, por lo tanto son inviolables. Ni Duque ni “don Pepito” pueden echarlos atrás. El que firmó los acuerdos con las FARC fue el Estado, pero el Gobierno Duque sí obstaculiza los acuerdos en cosas fundamentales. El sistema integral garantiza el acceso de las victimas a la Justicia, pero si el magistrado no tiene con qué desplazarse a una audiencia pues no hay audiencia... No quiero mezclar todo: no es cierto que estemos en un estado mafioso en el que nada funciona, los recursos de la comunidad internacional están llegando. Ahora, a la gente sí la están matando.

Al menos fueron asesinados en Colombia 115 defensores de derechos humanos el año pasado. La ONU ha llamado la atención sobre esta cuestión. Y las muertes no paran.

"Contratar a alguien para que mate a otro en Colombia es la cosa más sencilla y más económica del mundo"

– A la gente la matan por la tierra, por la memoria... En Colombia se mata por cualquier cosa porque somos un estado que no es capaz de garantizar el derecho mínimo a la seguridad del individuo. Como venimos de las economías ilegales, la guerra, el sicariato, las mafias etc. simplemente contratar a alguien para que mate a otro es la cosa más sencilla y más económica del mundo. Y cada asesinato tiene sus complicidades. En este momento la tragedia la está viviendo el Cauca, a través del etnocidio de los pueblos indígenas. ¿Y por qué matan a los indígenas? Porque se resisten a las economías ilegales. Al que se rebela y no permite ni la corrupción ni la mafia, esa es la persona a la que matan. Ni siquiera están matando a los relevantes, sino a los de en medio, para afectar a toda una estructura.

Creo que se van a acrecentar los ataques contra las personas porque este es un Gobierno que utiliza el miedo para vender seguridad. Lo hacen para evitar que las personas recuperen la confianza en las instituciones, en su comunidad, en sus liderazgos.

¿Y que le parece que  Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla con el Gobierno en los Acuerdos de Paz y exnúmero dos de las FARC, haya decidido volver a las armas?

– Él es una amenaza. Tiene que ser capturado y judicializado porque rompió los acuerdos. No tendría la capacidad para decir si le va a seguir mucha gente, pero sí que te podría decir que los que se vayan a la ilegalidad los va a capturar el Ejército o la Policía. En firmar estos acuerdos se fracasó 17 veces, es decir, 20 años de mi vida. La sociedad está cansada. El proceso tiene fallas, pero no es cierto que no se esté cumpliendo. Sí que se está haciendo que se caiga el sistema. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil? Proteger el sistema, acompañar las víctimas. Yo nunca diré que nada funciona, a mí me consta que funciona. Tenemos esa manía de que el Estado haga, pero tenemos que ser nosotros quienes nos movilicemos para que el proceso funcione.

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