Lucha contra las patentes en la pandemia: “O estamos todos protegidos o no lo estará nadie”

  • La OMC debatió este jueves la propuesta de India y Sudáfrica para aplicar una exención sobre la propiedad intelectual en medicamentos, vacunas contra la covid-19
  • La iniciativa busca desactivar las patentes en las herramientas médicas contra la pandemia para que hacerlas más accesibles a los países pobres
  • Unos 70 países pobres solo podrán vacunar a una de cada 10 personas contra la covid-19 en 2021, si los Gobiernos y la industria farmacéutica no cambian las reglas del juego

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Mientras nos llega una cascada de noticias sobre la comercialización de las vacunas contra la covid-19 en Europa y en nuestro país, se libra una batalla global más silenciosa pero no menos importante. La Organización Mundial del Comercio (OMC) debatió este jueves la propuesta de India y Sudáfrica para aplicar una exención temporal sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionas con la covid-19. Los 164 países no lograron llegar a un consenso. La iniciativa busca desactivar las patentes en las herramientas médicas contra la pandemia para que hacerlas más accesibles a los países pobres. Al menos hasta conseguir la inmunidad global.

“La pandemia nos ha enseñado que o estamos todos protegidos o no lo estará nadie”, indica a cuartopoder Irene Bernal, investigadora de Acceso a Medicamentos en Salud por Derecho, una fundación sin ánimo de lucro que defiende un modelo de salud universal. Los líderes políticos de los países más favorecidos han repetido en el último año su voluntad de luchar conjuntamente y de manera global contra la pandemia desde tribunas como el G20, la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. Pero se muestran "incoherentes" al bloquear esta iniciativa de pausa de las patentes, según denuncian cientos de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Médicos Sin Fronteras o Human Rights Watch.

A mediados de octubre se presentó por primera vez esta propuesta en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (APDIC). Tanto EEUU, la UE, Canadá, Australia, Japón, Suiza y el Reino Unido, es decir, los países ricos, han protestado contra la iniciativa “con vehemencia”, señala Tom Kucharz, experto en política internacional y militante de Ecologistas en Acción. “Están muy interesados en salvaguardar los intereses de conglomerados farmacéuticos como Pfizer, Moderna y AstraZeneca”, indica el activista. Bruselas argumentó que la iniciativa “cuestionaría las inversiones actuales y los esfuerzos para desarrollar la vacuna" pero "no aportó pruebas", critica el experto. España tampoco parece favorable al apoyo, según confirmaban fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio a Público.

La propuesta sí ha conseguido el respaldo de un centenar de los 164 países de la OMC. China apoya la exención temporal de las patentes junto con otros países del Grupo de los 33 países en desarrollo. De éstos, Brasil es el único que no se ha sumado a la iniciativa. “El chantaje y las presiones contra India y Sudáfrica son enormes y se ha convertido en uno de los debates más controvertidos de la OMC, ya que se trata de la propiedad intelectual y de las patentes sobre las que las grandes empresas farmacéuticas no están dispuestas a ser flexibles”, añade Kucharz.

¿Por qué es importante la exención de patentes?

Unos 70 países pobres solo podrán vacunar a una de cada 10 personas contra la covid-19 en 2021 si los gobiernos y la industria farmacéutica no cambian las reglas del juego para la fabricación y distribución de medicamentos y vacunas. Son las conclusiones de un estudio de varias ONG internacionales como AI y Oxfam que reclaman “una vacuna para el pueblo”. En cambio, los países ricos, que representan solo el 14% de la población mundial, "han acaparado vacunas suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población" antes de que finalice 2021, si se aprueban todas las que ahora mismo están en ensayo clínico.

La vacuna Pfizer/BioNTech ya comienza a aplicarse en Reino Unido y pronto será aprobada en otros países como Estados Unidos. Se prevé que otras dos posibles vacunas, la de Moderna y la de Oxford/AstraZeneca se aprueben en las próximas semanas. Hasta ahora todas las dosis de Moderna y el 96% de las de Pfizer/BioNTech han sido adquiridas por países ricos. Oxford/AstraZeneca se ha comprometido a proporcionar el 65% de sus dosis a poblaciones de países en desarrollo. Sin embargo, se estima que estas vacunas "solo podrán llegar al 18% de la población mundial como máximo". Según las ONG, esto demuestra que "una sola empresa no puede esperar abastecer a todo el mundo y que solo el intercambio abierto de tecnología entre fabricantes de vacunas puede hacerlo posible".

"Se trata de no depender de que las farmacéuticas de los países ricos puedan poner dinero para hacer llegar un porcentaje de vacunas determinado a los países de rentas bajas, sino que haya un mecanismo de exención de patentes para que la producción y la distribución de las vacunas sea mucho más libre", explica Raquel González, responsable de Relaciones Externas de MSF. "Es complicado producir una vacuna como la de Pfizer o Moderna, pero si de alguna manera se les diera la receta, se podría fabricar en países como Paquistán o India", añade González.

La exención de la propiedad intelectual sobre las vacunas o tratamientos contra la covid-19 sería temporal y los países podrían decidir si aprovechar o no la medida. Es una medida excepcional, pero la inversión pública para el desarrollo de vacunas también es inédita. "Las compañías han recibido una enorme inversión pública sin precedentes durante la fase de innovación y también con el cierre de todos los acuerdos de precompra que se han asegurado. Esta inversión ha tenido una desescalada de riesgo muy grande y van a cobrar por muchas vías", explica Bernal. "Sin esfuerzos por parte del sector público y del privado es imposible que acabemos con la pandemia", añade.

Los antirretrovirales, un precedente histórico

Existe un precedente en la historia de una iniciativa similar. En 2001, en la Declaración de Doha, se reconoció el derecho de los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para luchar contra la epidemia del VIH/sida. Para entonces la epidemia se había cobrado la vida de miles de pacientes de países en desarrollo porque no podían acceder a los antirretrovirales a causa de los precios "desorbitados" de las patentes.

"Al superar los monopolios sobre estos medicamentos y fomentar la producción y la competencia de los genéricos, el precio de los medicamentos antirretrovirales cayó un 99% en 10 años, allanando el camino hacia la ampliación del tratamiento para las personas que viven con el VIH", recuerda González. Existe la oportunidad de no repetir los mismos errores y, esta vez, actuar a tiempo. Así apoyan también esta iniciativa similar ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La posición de España

Tanto MSF como Salud por Derecho han mandado una carta al Gobierno de España para pedirle que se posicione a favor de la propuesta de India y Sudáfrica. Hasta el momento no han obtenido respuesta. Sin embargo, en julio de 2020 el Ministerio de Exteriores mencionaba la "urgencia y prioridad" de asegurar e acceso universal y equitativo a la vacuna del covid-19 y su consideración como un bien público en la ‘Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19’.

Nueve meses después de que comenzara la pandemia, no existe una garantía de acceso a vacunas, pruebas y medicamentos para toda la población mundial, denuncian desde MSF. A finales de este año estaba prevista una reunión en el Consejo de los APDIC de cara a acordar una decisión final respecto a la propuesta y el único acuerdo alcanzado esta semana ha sido alargar el plazo de decisión. Se necesita que un 75% de los países avalen la iniciativa de Sudáfrica e India para que ésta salga adelante. Sin embargo, la OMC tiene una tradición que no ha roto en sus 25 años de existencia: tomar las decisiones por consenso.

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