La guerra de las pastillas

Pajín saluda, el pasado día 9, en Santiago de Compostela, a Núñez Feijoo, presidente de Galicia, unas de las CCAA que se opone a las medidas del Gobierno para recortar el gasto farmacéutico. / Lavandeira jr. (Efe)

Algunos agoreros aseguran que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se hunde. Otros simplemente comentan que si no cambian las cosas “quebrará”. No lo dice cualquiera. Lo anuncia la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), algunas comunidades autónomas, la industria farmacéutica, algunos gestores sanitarios o los especialistas en economía de la salud... No es posible que el gasto sanitario crezca más, año tras año, que la riqueza de un país, resumen. ¿Las causas? Los cambios tecnológicos, las expectativas de la población, el envejecimiento ciudadano, el continuo incremento en la factura farmacéutica... Por este orden.

Sin embargo, la mayoría, de buena fe, defiende a capa y espada la sanidad pública española y dice que aguantará el tirón de la crisis, y esa falta de recursos que hoy tiene el Estado, que está afectando también a la Salud, lógicamente, no será suficiente para que el barco sanitario español —uno de los más seguros y que más y mejores prestaciones da en el mundo— naufrague. Por eso el Gobierno se hace “el fuerte” y ayer mismo, en Bruselas, la ministra de Economía, Elena Salgado, le ha dicho a la Unión Europea que, “de copago, por ahora, nada de nada”; o algo así; que es mejor reforzar la Atención Primaria (¡seguro que tiene razón!), que obligar a los españoles a pagar una cantidad (aunque sea sólo simbólica) por sus medicinas. Ya veremos.

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No obstante, uno de los peligros reales, ya citados, que acechan al sistema sanitario público es el gasto farmacéutico (el 18,59% del gasto total en salud, según Informe del SNS de 2008). Durante muchos años su incremento fue constante, muy por encima de la riqueza nacional. Y, aunque últimamente ha descendido  —el mes de octubre pasado se redujo un 9,86% respecto al mismo mes del año 2009 y un 0,03%  en el cómputo interanual—, sigue siendo aún demasiado e “inasumible” para las arcas del Estado. Un Estado o comunidades autónomas, si se quiere, que gastaron en pastillas el pasado mes de octubre más de 966 millones de euros y que, en el cómputo global del año (noviembre 2009/octubre 2010), esa cifra sube a más de 12.300.

Sea como fuere, siga aumentando o no el gasto farmacéutico, lo cierto es que una nueva guerra —la guerra de las pastillas— se avecina; mejor dicho, se está librando ya. Y entre los sectores implicados: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, comunidades autónomas, industria farmacéutica, profesionales sanitarios, farmacias dispensadoras y usuarios se producen estos días cruces de acusaciones y declaraciones mientras las espadas están en alto. Cada cual con su estrategia y argumentos; todos dispuestos a acumular pruebas que ayuden a su causa, dispuestos a convencer a quienes, entienden, van contra sus intereses.

Para el Ministerio de Sanidad que dirige Leire Pajín ha llegado la hora de que algunos medicamentos —una veintena, en principio— de aquellos más comunes (analgésicos, antibióticos, protectores gástricos o antiinflamatorios) se dispensen por el sistema “unidosis”; es decir, que el paciente reciba en la farmacia sólo el número exacto de pastillas o dosis prescritas por el médico, y no cajas completas de fármacos como venía sucediendo hasta ahora. Con esta medida, según el Ministerio, el Estado ahorrará unos 300 millones de euros al año.

Las comunidades autónomas por su parte no lo ven tan claro como dice el Ministerio y esgrimen argumentos que hacen tambalear la medida. Para empezar creen que el ahorro no será tanto como prevé el Gobierno pues habrá complicaciones de intendencia, como la necesidad de fabricar nuevos envases y prospectos. Y tampoco, señalan algunas comunidades, entre ellas el País Vasco, el impacto será tanto ni tendrá tanta relevancia entre la población; también creen que el acuerdo se ha tomado con precipitación...  Asimismo, Galicia, El País Vasco, Cataluña y otras comunidades autónomas se han mostrado reticentes a la entrada en vigor de este decreto, previsto para el próximo mes de enero. De hecho, en Andalucía, que saben bastante de esto pues aún recuerdan experiencias similares (año 2003) con escaso éxito, se oponen frontalmente a la medida y proponen mientras tanto otras opciones que ayuden a paliar la sangría presupuestaria de la factura farmacéutica, como es la idea peregrina (ciertamente) de sacar a concurso público la adquisición de aquellos fármacos genéricos (que no pagan patente al estar ya liberado de derechos el principio activo) con el fin de pagar menos por ellos. Esto estaría bien, o sería posible, si fuera el propio Estado el que lo plantease y no cada comunidad por su cuenta, como ha hecho Andalucía; pero esta es otra guerra...

También en Galicia recuerdan algo similar a lo que ocurrió en Andalucía, y, a este respecto, podría decirse que “gato escaldado del agua fría huye”, pues hay quien asegura que muchos años después de aquel fracaso, cuando la responsabilidad sanitaria recaía en Ana Pastor —hoy máxima responsable de Política Social en el PP—, el intento de implantar el sistema unidosis fue un sonado fracaso. Un fracaso que vino dado por no haber dado con la fórmula adecuada que permitiera implantar con eficacia un sistema que ahora el Ministerio de Sanidad rescata e intenta imponer.

Tampoco las farmacias están en absoluto de acuerdo con la norma. Para ellas, dicen, todo son problemas y ningún beneficio. Y a los raquíticos beneficios que reciben por la dispensación actual de medicamentos, insisten, no se le podría añadir más “desgracia” que la de acumular aún más trabajo a cambio de una menor remuneración. Y van más lejos: “la unidosis no es segura y no ahorra costes”, sentencia FEFE, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, en un reciente comunicado. “Lo de no es segura” suponemos que lo dicen porque piensan que van a pasarse el día cortando, pegando y envolviendo medicamentos a a mano. ¿No?

En cambio los usuarios dicen estar encantados con la medida. Bueno, los usuarios, en general, no, sí la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que defiende la iniciativa del Ministerio afirmando que “las quejas de las farmacias sobre su posible inseguridad no están justificadas”. Y añaden que “la dispensación de fármacos de acuerdo con las necesidades terapéuticas de cada paciente tiene, en principio, claras ventajas económicas y para la salud pública”. Muchas ventajas a priori parecen, porque, a este respecto, han de ser los pacientes, sobre todo quienes llenen de contenido esta norma... En el sentido de que ellos son los que más “fuerza pueden hacer” para exigir o aceptar o no, esa fragmentación en la dispensación cuando acuden a una farmacia. Y no es este un país, precisamente, que se caracterice por la responsabilidad y rectitud de sus ciudadanos a la hora de pedir, usar o... almacenar medicamentos; más bien somos todo lo contrario: algo derrochadores y acaparadores de fármacos.

Sí pudiera ser que el sistema unidosis acabase, o redujese al menos, con esa proliferación masiva de “farmacias domésticas” que hay hoy en las casas. También puede contribuir a un mejor uso de los fármacos y a evitar ese dispendio que ahora existe, con buena parte de los medicamentos acabando en la basura u olvidados en algún armario.

En cualquier caso, tiempo al tiempo y ya se verá más adelante si este intento de ponerle una vez más paños calientes “al conflicto farmacéutico” surte o no su efecto, o si sólo es, como acostumbra a hacer la Administración, un sortilegio más para retrasar la agonía del SNS. Una agonía que, si no se ataca de frente y por derecho, puede que cuando la Administración se enfrente a ella sólo llegue para confirmar sus estertores. Medidas como el copago revolotean con más fuerza que nunca sobre el SNS. Nadie las quiere, pero otras más prosaicas (y reales) como disponer de dinero para comprar los recambios que necesitan los robots de la cirugía robótica en los hospitales públicos o para comparar válvulas cardiacas, son ahora mismo imposibles de aplicar. No hay dinero suficiente. ¿Y quién iba a pensar hace unos años que se llegaría estos extremos? Por eso la Administración debe atacar al problema de frente como ya se ha comentado aquí, en otro artículo.