Un día para llorar… Un día para pensar

El objetivo del Partido Popular es romper el sistema público de salud, universal y gratuito hasta ahora, me decía, hace unas horas, un gestor sanitario al que le consultaba sobre las recientes medidas de ahorro anunciadas por el PP en materia de salud. El citado gestor, curtido en mil batallas, con décadas de experiencia al más alto nivel de la gestión y, entiendo, sabiendo muy bien de qué habla, asegura que la estrategia del actual Gobierno es “romper el Sistema Nacional de Salud (SNS) poco a poco, sin asustar, pero sin desviarse un ápice de su decisión”. “Como el hielo cuando penetra en la roca”, auguraba.

Así que ya está aquí la tormenta sanitaria que promueve el PP y que, a decir de muchos, va a dejar el país devastado en lo que a gratuidad, equidad y universalidad asistencial se refiere. Analicemos ahora el meollo y algunos datos del recorte sanitario que ayer anunció la ministra Ana Mato en el Consejo Interterritorial de Salud. Aunque, antes, valga esta frase del último editorial de El País como muestra: “Cabe afirmar que el peso de este ajuste recaerá en los asalariados y pensionistas”. Pues queda dicho. Porque de los 7.000 millones (un 10% del gasto sanitario público anual) que según el Gobierno hay que recortar de forma inmediata para que el SNS no quiebre, es en la partida farmacéutica (gasto por recetas), y sólo en ella, dónde parece estar dispuesto a hincar el diente Rajoy. De los más de 11.136 millones que el año pasado gastaron los españoles en medicamentos (1,1% del PIB)  —casi el 80%, los pensionistas—, el Ministerio calcula que unos 1.000 millones podrían ahorrarse este año (algunos expertos fijan la cifra en 2.000) con estas medidas, aunque por el momento el Gobierno no los cuantifique. Pues no es mucho, la verdad, para “las grietas” que va abrir el PP en el sistema sanitario público y el daño que van a hacerle a los jubilados y asalariados, como proclaman PSOE e IU, entre otros partidos.

Sí, es a ese “hábitat” en el que residen las personas mayores con escasos recursos, además de asalariados y parados, en general, a donde los populares dirigen sus preferencias impositiva y encuentran menos resistencia para dar el tijeretazo. Para nada hablan de los beneficios que obtiene la industria farmacéutica en España por la venta de fármacos (los más elevados de Europa), ni de otras posibilidades de ahorro como podrían ser la optimización de recursos y horarios de los profesionales sanitarios para obtener a su vez una mayor eficacia en el servicio que se presta y más rentabilidad asistencial de las instalaciones.

Pero vamos ya con la “tormenta” que ha desencadenado el PP. Se libran (menos mal) de pagar por los medicamentos las pensiones no contributivas o mínimas y los parados que no reciben prestación alguna. Pero sí tendrán que pagar los millones de jubilados que ni siquiera cobran 1.000 euros al mes o que declaran unas rentan inferiores a 22.000 € anuales. Estos han de abonar un 10% por los medicamentos, con un tope máximo de 8 € al mes. De aquí, hasta los 100.000 € de renta anual, pagarán hasta 18 € mensuales. Y, a partir de ahí, la cantidad a pagar será del 20% con un límite de 60 € cada mes. A los trabajadores en activo también se les incrementa el porcentaje a pagar por los fármacos, como a los desempleados que cobren el paro. Resumiendo, y dicho con el lenguaje del pueblo: a los más pobres se les va a caer el pelo como se pongan enfermos. La salud ya no será gratuita para ellos y ellos serán los que primero paguen el pato. De hecho ya hay quien habla de “incumplimiento terapéutico” de algunos enfermos cuando tengan que pagar por los fármacos o de que se dispararán los porcentajes de mortalidad, como ya ocurre en Grecia.

En fin, el cacareado copago —¡el PP lo ha negado, no tres sino 100 veces cada día!—, repago o tijeretazo está a punto de tomar carta de naturaleza entre nosotros; lo que los populares denominan “ajuste”, no es más que otro eufemismo de la peste eufemística, característica de nuestro tiempo, que, junto al relativismo cultural, son las dos plagas que nos asolan.

Sí, hoy es un día para llorar... Y un día para pensar. Para pensar, por ejemplo, a quién le damos el voto o cómo acabar con la mentira que rige la vida y la acción pública de nuestros representantes. Y es un día para llorar no sólo porque los ancianos van a tener que pagar sus pastillas, o porque, definitivamente, se esté yendo al carajo el Sistema Nacional de Salud Universal y Gratuito, del que tanto hemos presumido hasta ahora políticos y españoles, en general, mientras contemporizábamos todos con el despilfarro y las malas prácticas, gastando a tutiplén, con la aquiescencia de los partidos que han gobernado y de los gestores sanitarios correspondientes, y la complacencia de las industrias, farmacéutica y de tecnología sanitaria —¡cómo se han estado frotando las manos durante décadas!— a las que los españoles les debemos 16.000 millones de euros en números redondos que, traducidos a las antiguas pesetas... Haga usted la cuenta, por favor, que yo me mareo al hacerla.

Hoy es un día para llorar, insisto, porque quienes nos gobiernan, esa Casta política que siempre habla en nuestro nombre, que nos pide con vehemencia el voto, y nos anuncian qué esto o lo otro no se va a tocar, o proclaman a los cuatro vientos que los jubilados no van a pagar por las medicinas, o que el sistema nacional de salud es intocable o que la educación pública es sagrada, están tramando su destrucción y en comunidades autónomas como Castilla La Mancha ya hay varios hospitales de los que se da por seguro que van a ser privatizados.

De todos modos, las deudas hay que pagarlas y tampoco es correcto ni ortodoxo vivir a crédito o gastarse lo que no se tiene. Así que, en este aspecto, habrá que entonar el mea culpa. Pues, aunque hiciésemos lo que los islandeses, y le pidiésemos cuentas a políticos y banqueros ante los tribunales —en ese país alguno ha terminado en la cárcel—, aún así deberíamos pagar como van a tener que pagar ellos. Pero una cosa es pagar lo que se debe y otra muy distinta de dónde se saca el dinero para pagarlo. Aquí, en este blog, ya se han dado alternativas de recaudación y de ahorro en artículos precedentes. También se ha hablado (y criticado) de ese reino de Taifa en que se ha convertido el Estado de las Autonomías creando hasta 17 sistemas sanitarios, si no distintos, si diferentes, cada uno con su propia cartera de servicios y otras particularidades. Ahora toca remar en una misma dirección, ante la escasez de recursos. Y parece que es el PP el que quiere impulsar esta idea y ejecutarla. Tiene mayoría absoluta y no necesita obligatoriamente el consenso. Así que se supone que lo conseguirá... si lo desea de verdad. Pero, cuando tras el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles pasado, se habló una vez más, de una tarjeta sanitaria única para todo el Estado, del acceso a la historia clínica del paciente desde cualquier parte del país, de bajar “más” los precios de los fármacos, de vigilar que los extranjeros no vengan a aprovecharse de los recursos sanitarios de aquí sin pagar por ello, de una cartera única de prestaciones, de una única central de compras o de crear un Fondo de Garantía asistencial, nos sonó como un disco rayado al que llevamos oyendo rugir demasiado tiempo.

Y eso que no creo haber leído que se hablara de “un Pacto de Estado” esta vez, porque sería ya el acabose. No sé, pero creo que por lo menos media docena de ministros del ramo lo tuvieron, en su día, como prioritario en su agenda... Pero, efectivamente, el Pacto de Estado en salud es necesario. ¡Necesario! Los españoles no se merecen que el edificio tan generosamente construido con el esfuerzo de todos como es el del SNS, envidiado por medio mundo, se derrumbe por el interés de unos pocos depredadores y la aquiescencia de un Gobierno al que, de momento, parece que sólo le preocupa acogotar a los pobres.