Sin salida

Pedro. En paro y con nueve vástagos a su cargo. Pronto se quedará sin la prestación por desempleo. ¿Cómo dará de comer a sus niños? Desde hace meses, su ración diaria  depende de los comedores de Cáritas. Sin salida. Sergio. Empresario autónomo que puso el cartel de liquidación por impagos de la Administración hace ya más de un año. Desde entonces, autónomo y sin derecho a paro, busca otras salidas. Las empresas no invierten. Los bancos no dan crédito. Sin salida. Ana. Profesora interina cuyos contratos se renovaban cada año. En paro tras las reducciones de personal decretadas por la Comunidad de Madrid hace unos meses. Vive sola y tiene hipoteca. Márquez vendió su casa para evitar el desahucio de sus padres, que hipotecaron el piso para ayudar a otro de sus hijos. Kutxa se comprometió a estudiar la propuesta que les entregó el colectivo Stop Desahucios y permitir que los dos ancianos, de 80 años, sigan viviendo en la casa por un alquiler de 400 euros al mes.

Todos están o estarán en riesgo de perder su casa por falta de pago. En España hay 151.000 familias desalojadas y otras 100.000 a punto de serlo. Entre 2007 y un 2011 se produjeron casi 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Desahuciar a alguien no sólo es echarlo de su casa. También es quitarle la esperanza de conseguir lo que desea. Los procedimientos de desahucio presentados en los juzgados españoles alcanzaron un máximo histórico en 2011 hasta llegar a la cifra de 58.200, un 22% más que el año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados en marzo de este año.Y la curva en 2012 seguirá creciendo vertiginosamente. En España se efectúan una media de 175 procedimientos por desahucio al día. Valencia, Andalucía y Madrid son, por ese orden, las comunidades en las que más desalojos se producen, aunque el problema afecta a todas sin distinción. El colectivo inmigrante representa a cerca del 35% de los afectados.

Otras cifras igual de dramáticas ahondan aún más esta realidad. Los créditos morosos del sector financiero español han alcanzado el 7,16%, su tasa más alta desde noviembre de 1994, cuando superó el 8%.Y las cifras de la  Encuesta de Población Activa (EPA) arroja datos de un futuro aún más negro. Tras años de crisis la hemorragia de la destrucción de empleo no sólo no cede, sino que se agudiza. La última tasa de paro conocida alcanzó el nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 1976). La tasa interanual de variación del empleo es de -3,96%. Ya no hay sectores inmunes a dicha caída. Si bien la crisis afectó inicialmente al sector de la construcción ha terminado arrastrando al conjunto de la economía. Tampoco hay tipos de contratación inmunes. En la fase inicial de la crisis los trabajadores temporales sufrieron lo peor del ajuste, ahora, incluso, el empleo indefinido cae con fuerza. Según Álvaro Anchuelo, catedrático de Economía, las consecuencias sociales comienzan a ser imprevisibles. “Más de  2,5 millones de parados llevan buscando trabajo mas de un año. Alrededor de un tercio ya no tienen protección. La sociedad española se enfrenta a una recaída en la recesión con sus fuerzas de resistencia agotadas, y el riesgo de conflicto social se agudiza. Los gastos de protección social a los sectores en peor situación no deberían ser recortados, sino reforzados selectivamente. Lo más grave es que estos datos nos dan la fotografía de cierre de 2011. El nuevo año promete ser dramático y empeorará aun más estas cifras. No resulta agradable decir esto, pero es la realidad a la que nos enfrentamos”.

Se quedan en la calle y con una deuda en el banco que, en la mayoría de los casos, estarán pagando de por vida. O pagas lo que debes, más los intereses y costas judiciales, o a la calle. Los jueces se limitan a comprobar que los papeles están en regla y que la deuda existe. Entre el maremágnum de ejecuciones, solo hay unas pocas  sentencias a favor del denunciado que no frenan el desahucio, sino el reclamo de la deuda posterior. Esta reclamación, trasladada a la calle, en voces como la de plataforma de Afectados por la Hipoteca,  el Stop Desahucios e, incluso, Jueces para la Democracia han logrado decisiones ejemplares. Su reivindicación se centra a deudores de buena fe, que han perdido sus ingresos en el contexto de la crisis y no a aquellos que ven una oportunidad para librarse de la deuda o de quien compra y tiene poder adquisitivo para responder a la deuda. Si los bancos son capaces de renegociar la deuda con las constructoras ¿por qué no con los ciudadanos? Sin embargo, el 90% de los afectados por desahucio no pueden acogerse a la dación en pago contemplada en el código de buenas prácticas del decreto ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, según la Plataforma. Según argumentan, los requerimientos de esta propuesta obstaculizan a muchas de las familias afectadas, mientras que los que pueden acogerse suelen optar por la refinanciación que les proponen las entidades financieras.

En concreto, esta dación en pago se le concede a las familias en paro con viviendas por valor de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, y de hasta 180.000 euros en núcleos de población de más de medio millón de habitantes. Además, el código contempla otros requisitos como la ausencia de avalistas, algo muy poco común en los casos de los afectados. Para la PAH, no aprobar una dación en pago retroactiva acarrea muchísimos costes, dado que se expulsan a unas 500.000 familias del sistema que optarán por la economía sumergida y harán gasto de los servicios sociales. Por eso, hasta el próximo 31 de octubre han iniciado una recogida de firmas para pedir, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el Congreso de los Diputados regule la dación en pago con efectos retroactivos, pare los desahucios y establezca alquileres sociales.

Propuestas no faltan para afrontar este problema. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros solicitó al Gobierno la aprobación de una moratoria de tres años para los 'procesos de embargo'. Ellos sostienen que bastaría entre un uno y un dos por ciento de los casi 490.000 millones de euros que el Banco Central Europeo ha inyectado a la banca española para solucionar el problema de las familias hipotecadas. Instituciones como la Diputación de Gipuzkoa, que propuso eximir a las personas que pierdan su vivienda de pagar la plusvalía, también se han levantado contra lo que todos consideramos una injusticia social. No es justo que una persona que pierde su vivienda y que, incluso, no salda su deuda tenga que abonar un impuesto por el incremento del valor del suelo sobre un inmueble del que no se beneficia, argumentan.

No es fácil cerrar los ojos a una realidad que salta a diario a los medios de comunicación. Gritos de socorro que piden un cambio legislativo ya. El caso que cierra este post sigue pendiente. Ellos también están sin salida y al límite de la supervivencia. "Somos una familia de Alicante con una hija de 4 años, que no podemos afrontar los pagos de la hipoteca a causa de la crisis. En 2008 yo me quedé en paro después de trabajar años en una empresa. En 2009 le llegó el turno a mi marido.  El trato fue acogerse a un E.R.E que duraría un año. El plazo terminó y toda la plantilla fue a la calle. Subsistimos con las prestaciones de ambos y algunos trabajillos. Eso acabó en octubre. Desde noviembre, no hemos podido afrontar ningún recibo de la hipoteca. De nada sirvió negociar con el BBVA una cuota mensual. Posteriormente les propusimos acogerse a la dación en pago y nos la han vuelto a rechazar justificando que por haber pedido las ayudas cuando nos compramos el piso se convierte en VPO y que no quieren más cargas a parte de la hipoteca. Ya hemos entrado en mora, el director del banco ya nos ha avisado que nos van a meter por vía judicial, y que también perseguirán a mis padres al ser nuestros avalistas, lo que supone que posiblemente también perderán su casa. Ellos también tienen hipoteca, aunque sólo les queda por pagar 4 años. El BBVA, se va a quedar con dos casas, la nuestra y la de mis padres que está prácticamente pagada, porque no tenemos dinero y no quieren negociar". Dos familias a la calle.