El silencio mata

Todos los ingredientes de una historia de malos tratos de manual. Había denunciado varias veces. Demasiadas señales. Y tan claras… Tenía miedo. Iria García vio la sombra del peligro que la acechaba en el rostro de su ex pareja, Óscar José Ferreiro. La llamaba, la seguía y la perseguía e incluso trató de colarse en su casa por una ventana. La joven vivía atemorizada y se lo dijo a su hermano, amigos y familiares. Tenía  tanto miedo que pidió protección contra su ex pareja en dos ocasiones. La primera fue el 4 de junio del 2011 por presuntas amenazas. El 21 de junio, la última.

El juez le citó y, tras escuchar su testimonio, y la petición de protección tanto de la víctima como del Ministerio Fiscal acordó una orden de protección que le prohibiera aproximarse a ella a menos de 200 metros de su domicilio, lugar de trabajo o lugar en el que se encontrara, así como comunicarse con ella por cualquier medio. También decretó su libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cuantas veces fuese reclamado. Tres días después, Iria acudió a la comisaría de Ferrol para saber cómo funcionaba el protocolo para su protección. Ese mismo día, a las tres y media de la tarde, a plena luz del día, fue degollada en un pequeño solar, cerca de su casa, en el que solía aparcar su coche. No fue una simple cuchillada. La apuñaló varias veces, con tanta fuerza que le seccionó las vértebras del cuello.

Durante la madrugada del martes la policía detenía al que fuera su compañero sentimental. Óscar era un viejo conocido de la Policía y no por malos tratos sino por narcotráfico, peleas y robos. En 2011 fue detenido por liderar una red de colombianos. Iria, en cambio, era voluntaria en labores sociales del municipio. Tras su muerte, sus allegados se quejaron. “Está muerta porque la justicia siempre llega tarde”, acusaron. La ley no acaba con el delito. Siete años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género persiste la sensación de una sangría continua de mujeres muertas en manos de sus parejas. Sobre el papel, el juzgado fijó una franja de seguridad de 200 metros como protección para Iria. En la calle, su agresor venció la prohibición. El papel lo aguanta todo. Los medios para hacerlo cumplir son otra cosa.

Iria fue el número 26 en la lista de víctimas de violencia de género en 2012. Desde entonces, esa cifra ha crecido. En 2011 fallecieron 62 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Son menos que en 2010, cuando 73 perdieron la vida por este motivo. Se mantiene, sin embargo, el alto porcentaje de asesinadas que no habían denunciado a sus presuntos agresores. Solo 16 de las fallecidas en 2011 lo habían hecho (26%), según el informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica del CGPJ. Es una cifra que se repite cada año: entre 7 y 8 mujeres de cada 10 asesinadas, no habían denunciado. En 2012 el dato es aun más negativo. Son ya 29 las mujeres fallecidas por violencia de género y solo seis habían presentado denuncia contra su agresor.

El silencio es cómplice de la violencia de género. Según el informe, el 73,23% de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, otro 11,75% fueron derivadas de partes de lesiones y un 12,21% como resultado de la intervención policial directa. Solo un 1,29% fueron presentadas por familiares. En casi seis de cada diez casos (el 55%) la relación de pareja se mantenía en el momento de presentar la denuncia. Las ayudas económicas y la asistencia social son fundamentales para que las mujeres salgan del círculo de violencia. La economía es, precisamente, uno de los obstáculos para que las mujeres denuncien. Otra clave es el apoyo asistencial y familiar. Romper el vínculo con el maltratador es esencial. Y sentirse protegidas, sentir que alguien va a velar por ellas y alejar al maltratador de su entorno. De las 62 fallecidas el año pasado, siete tenían orden de protección vigente, pero tres habían reanudado la convivencia. Lo que revela el dato de que en cuatro casos el presunto asesino quebrantó una orden, un 0.02% del total de órdenes de protección que habían dictado los órganos judiciales (23.514). Por eso, a la institución judicial le preocupan los casos en los que no se denuncia. La bolsa oculta de maltrato que no acaba de emerger, que dicen los expertos. Y el entorno de la víctima. No se deben banalizar las amenazas previas. Todas son graves. Hay que concienciar de que los malos tratos matan y no podemos mantener un manto de silencio.

El 72% de las muertes el año pasado se produjeron en el domicilio. Aquí, en este entorno, no suele haber testigos. Por eso es importante la especialización de los investigadores para que se recojan las pruebas circunstanciales datos y elementos de prueba en los domicilios. También para que las evaluaciones de riesgo que hace la policía, que en las denunciantes de 2011 en ningún caso se evaluaron como extremo, cumplan su objetivo.

¿Y las campañas de sensibilización? El presupuesto para alertar contra el maltrato se ha reducido en un 70%, esto es, de los cuatro millones que se emplearon el año pasado, éste se quedan en  1,5 millones. Ni la crisis ni los recortes perdonan. “El Gobierno anterior hacía campañas a bombo y platillo. Campañas de televisión muy caras. Nosotros creemos que hay medios más eficaces y baratos”, declaró el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, el pasado abril. Su objetivo, dice, es apostar más por las redes sociales para llegar a los adolescentes. Sin embargo, los fallecimientos por este motivo se dan más entre mujeres de edades comprendidas entre 26 y 45 años. La ministra Ana Mato anunció una estrategia nacional contra la violencia de género que aún está en un borrador sin definir. Esta semana, sin embargo, se conocían las nuevas cifras que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha acordado con las comunidades autónomas. Cinco millones de euros para poner en marcha una serie de proyectos que permitan la atención integral a las víctimas de malos tratos y a sus hijos, según publicó el pasado miércoles el Boletín Oficial del Estado. La partida permitirá financiar programas de formación, de atención a mujeres inmigrantes o casas de acogida para quienes sufran esta lacra. Las iniciativas dirigidas a los menores, que recibirán 1,5 millones de la partida total, se centran hacia el apoyo psicológico, la asistencia educativa o apuestan por una formación específica, siempre con el objetivo de proteger a los niños y adolescentes que se ven envueltos en situaciones de violencia de género. Según la distribución de los créditos por comunidades autónomas, Andalucía, con 666.700 euros, y Cataluña, con 633.346, son las que más dinero recibirán para proceder a la financiación de proyectos.

Iria se separó de su agresor. Lo intentó. Rosa María Millán no lo hizo. Convivió con Francisco, su agresor, dos años en un trastero de sus padres en Córdoba. El amor entonces era ciego y suplía otras carencias materiales. Durante su relación, lo denunció y a Francisco lo condenaron por malos tratos. El juez, incluso, le ordenó no acercarse a ella. Rosa se fue a vivir con unas amigas. Él pasó a cambiar el trastero por la calle, pero acudía al piso de su chica. Y ella lo dejaba entrar. Hasta que un día, junto a dos amigos, fue a por aquella niña de 26 años. Se la llevó a un solar. Llevaba una navaja. La tumbó en un colchón, la golpeó varias veces con una piedra y luego le asestó 13 puñaladas. Agarró su cuerpo, lo cubrió con una manta y, cuando se dio cuenta de que aún vivía, la volvió a golpear. Después, escondió su cuerpo. Se deshizo de sus ropas y tiró la navaja a las vías de un tren. Francisco no quería que su "chica" estuviera con otro. Después confesó que la había matado por perra. Rosa era madre de un niño. Ahora es Dolores, abuela y madre,  quien le habla de su madre y quien luchó porque lo condenaran. El apoyo familiar, aún cuando se reniege de él,  es clave en la violencia de género. El silencio mata.